Una ex directora ejecutiva de Google Spain, Fuencisla Clemares, actual vicepresidenta de ‘Go to market operations’ para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica, ha explicado hoy al juez Peinado que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que su empresa sumó 70 mil euros más a los inicialmente presupuestado de 40 mil euros para desarrollar el software de Transformación Social Competitiva (TSC) de la cátedra de Gómez. La asociación Hazte Oír denunció a la mujer del presidente del Gobierno por apropiación indebida de este software.
Peinado llamó a declarar este miércoles a representantes de Google, de Minsait y de Indra como testigos en relación a esta causa.
La directiva de Google ha explicado que para extender esta colaboración hasta los 110.000 euros no necesitó la aprobación de nadie. En diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que «se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros».
Ese proyecto consistía en el «desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo», explicaba la empresa en un escrito recogido en el sumario de la causa. Pero a medida que el proyecto avanzaba «su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista», ha explicado la representante de Google.
Clemares también se desvinculó del día a día de esta iniciativa y ha añadido que Miguel Escassi era el encargado de Relaciones Institucionales. En concreto, figura como Head of Government Affairs and Public Policy de Google. El juez ha preguntado cuál era el segundo apellido de Escassi y dónde podría recibir una citación para declarar, lo que significa que posiblemente tiene intención de llamarlo.
También declararon Ignacio Mataix, ex consejero delegado de Indra y Cristina Ruiz, ex consejera delegada de Minsait. Indra ya informó por escrito al juez que invirtió 128.442 euros en el ‘software’ de dicho máster. Según precisaron, dichos trabajos se facturaron internamente a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información, y en ningún momento disfrutaron de «beneficios o deducciones fiscales».
Indra explicó que colabora de «forma altruista» con diferentes universidades e instituciones en «diferentes ámbitos relacionados con la sostenibilidad y la captación de talento». Y apuntó que, en el marco de dicha labor y en virtud de una adenda al convenio de creación de la cátedra extraordinaria TSC, en 2022 inició su «colaboración» con dicha cátedra codirigida por Gómez.
Dicha colaboración se llevó a cabo «mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica para empresas, denominada ‘Plataforma de Medición de Impacto Recurrente’, para su entrega a la universidad de carácter gratuito», han insistido.
Cristina Ruiz señaló como persona que estaba más enterada del proyecto a Manuel Ausaverri, que era responsable de Estrategia en la compañía y jefe de gabinete del anterior presidente, Marc Murtra.
Ausaverri es el chief strategy officer (CSO) de la compañía, es decir el director de Estrategia. El juez se ha interesado por saber «a quién informaba» este último. Ruiz explicó que lo hacía al propio Murtra.
La acusación popular de Hazte Oir pedirá que todos los nombrados sean citados como testigos en la causa.
Tanto los directivos de Indra como de Minsait apuntaron que los trabajos de su filial consistieron en desarrollar dos módulos: uno de valoración de desempeño en el ámbito del impacto social; y otro de recomendación de actuaciones para mejorar esa valoración.
Los tres testigos han coincido en declarar que desconocían por completo los detalles concretos de esas colaboraciones pues no pertenecían a sus ámbitos de decisión profesional.
