Óscar López se ha rasgado las vestiduras tras asegurar que el juez no ve delito de «revelación de secretos» en su mano derecha, Pilar Sánchez Acera, y ha exigido disculpas públicas al PP por iniciar una «cacería» contra ella. Según afirma el ministro de Transformación Digital y Función Pública, el juez ha dado «paso hacia la verdad».
Si bien el auto del Tribunal Supremo (TS) afirma que Sánchez Acera envió a Juan Lobato un documento del abogado de Alberto González Amador, la mano derecha de Óscar López no habría cometido el delito de revelación de secreto dado que no es funcionaria pública. No obstante, su testimonio no solo ha arrojado «importantes fisuras» en la instrucción del caso, sino que el Alto Tribunal apunta que se podría abrir la puerta a investigarla por un presunto delito de falso testimonio en otra causa.
Como dice la acusación particular en su escrito de 13 de marzo de 2025, lo declarado por esta testigo es «absolutamente incompatible con el contenido del sumario», apunta el auto del Supremo. Además, es incompatible, en particular, «con la información objetiva que aporta el informe de la UCO de 19 de diciembre de 2025, esa ocultación por parte de Pilar Sánchez Acera sobre la procedencia del correo de 2 de febrero de 2024, tratando de encubrir a quien se lo envió, no deja de ser un elemento más que abunda en que presumiblemente le fue remitido desde la Fiscalía General del Estado», asevera.
De esta forma, el Supremo afirma que Sánchez Acera «no es ejemplo de colaboración de cara al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en la presente causa, pero no alcanza para atisbar participación penal alguna de Pilar Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos».
LA DECLARACIÓN DE SÁNCHEZ ACERA: INCOMPATIBLE CON LA ACUSACIÓN Y LOS INFORMES DE LA UCO
Para el Supremo, la declaración como testigo -obligada a decir la verdad- de Sánchez Acera es «absolutamente incompatible con el contenido del sumario», y como es incompatible, en particular, «con la información objetiva que aporta el informe de la UCO de 19 de diciembre de 2025, esa ocultación por parte de Pilar Sánchez Acera sobre la procedencia del correo de 2 de febrero de 2024, tratando de encubrir a quien se lo envió, no deja de ser un elemento más que abunda en que presumiblemente le fue remitido desde la Fiscalía General del Estado».
Así, considera este comportamiento «reprobable», «incluso con aparente relevancia penal, de ser objeto de investigación debiera serlo en causa aparte, a cuyo respecto no tomará decisión alguna este Magistrado, porque, aun siendo conocedor de la jurisprudencia que contempla la posibilidad de apreciar delito de falso testimonio en declaraciones testificales prestadas en fase de instrucción, también es conocedor del art. 715 LECrim», apunta el Supremo.
Aún así, Óscar López espera las «disculpas por parte de la derecha». «La única filtración la hace el jefe de gabinete de la señora Ayuso, y los delitos los comete la pareja de la señora Ayuso», se aventura. No obstante, ni mucho menos está el caso visto para juicio. De hecho, el Supremo ha dado luz verde a nuevas diligencias que apuntan directamente a La Moncloa, con Francesc Vallés Vives, exsecretario de Estado de Comunicación.
QUIÉN ENVÍO EL DOCUMENTO A SÁNCHEZ ACERA
El propio auto del Supremo pone en evidencia el borrado de mensajes y del teléfono con el presunto fin de encubrir el origen de la filtración. Pero para López, líder del PSM en Madrid por el poder digital de Pedro Sánchez, este auto es «un paso muy importante en ese camino», para acto seguido tratar de meter a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el problema.
«Ningún español sabría que la pareja de la señora Ayuso estaba en tratos con la Fiscalía, si no hubiera sido porque el jefe de gabinete de la señora Ayuso se lo contó a toda España», aseguró. No obstante, la situación es muy distinta según relata el propio Tribunal Supremo.
De hecho, en las nuevas diligencias ha pedido la testifical de David del Campo Pérez, jefe de gabinete de Juan Lobato, al tiempo que ha pedido que aporte «voluntariamente» su teléfono móvil a la causa con el objetivo de «elaborar un informe pericial sobre las comunicaciones relacionadas con los hechos». Asimismo, Juan Lobato volverá a ser llamado a declarar como testigo, mientras que se pide a Vallés Vives aportar «voluntariamente los WhatsApp que desee incorporar al sumario».
LOS TERMINALES: FECHA DE DEVOLUCIÓN Y COPIAS DE DATOS
También ha instado a indagar en los terminales telefónicos propiedad del Estado utilizados por Sánchez Acera y Vallès Vives devueltos al Estado de acuerdo con sus manifestaciones. De esta forma, se solicita al propio Ministerio de Óscar López y a Presidencia del Gobierno que los aporten a la Guardia Civil.
Además, insta a las principales compañías telefónicas dar la conversación de todos los datos acumulados de las líneas utilizadas tanto por Sánchez Acera como por Santos Cerdán, número tres del PSOE, y por el propio Vallès Vives. Además, incluye también el de Ion Antolín, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el momento de los hechos.
También insta a elaborar un informe sobre el teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado en la causa por un presunto delito de revelación de secretos. En este sentido, se ha pedido «la fecha exacta» en la que el fiscal general solicitó el nuevo terminal que le fue entregado el 24 de mayo de 2024.
Asimismo, también exige los terminales de Vallès Vives y Sánchez Acera, mientras deben informar sobre «si han sido borrados o formateado y conserve durante un periodo de noventa días cualquier documento, incluidos el desglose de llamadas y uso de datos durante el periodo del 6 al 14 de marzo», días en los que se produjo la revelación de secretos que se investiga.
EL SUPREMO APUNTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO
El Supremo da por sentado y probado que fue un «funcionario público» quien cometió presuntamente la revelación de secretos. El documento, un escrito del abogado de González Amador, salió de la Fiscalía hacia terceros, pese a que el interesado «no deseaba que se difundiera, pero que, habiendo llegado a conocimiento de un tercero, funcionario público, lo traslada a un determinado medio, con el objetivo de darle publicidad, alcanzando una divulgación pública que no debió haber alcanzado».
«No hay base indiciaria para considerar que Pilar Sánchez Acera haya podido tener participación en hechos que apuntasen al delito de revelación de secretos», señala el Supremo. Pero, la número dos de Óscar López continúa «poniendo en circulación una información que, habiendo sido confidencial, ya había sido dejado de serlo, al haber sido filtrada, aparentemente, por la Fiscalía, de manera que no era novedoso lo que transmitía, lo cual, sin embargo, no quita para tener en cuenta la importancia de su testimonio a los efectos de valorar el hecho delictivo que se investiga, presumiblemente, cometido por los investigados».
El Supremo recuerda que el delito de revelación de secretos solo puede darse en este caso en el de un funcionario público «que conoce los secretos que se revelan por razón de su propio cargo, único sujeto que podría cometerlo como autor, ni encuentro circunstancia o elemento alguno a través del cual apreciar algún tipo de participación suya en él».
Así las cosas, Sánchez Acera recibió la información, la dio publicidad con la circulación, pero no cometió revelación de secretos, aunque el Supremo señala que el documento en cuestión pudiera haber salido de la Fiscalía. La número dos de Óscar López lo envió directamente a Juan Lobato, entonces líder del PSM y oposición en la Asamblea de Madrid, para hacer uso del mismo en el Hemiciclo.
Lobato quiso cerciorarse de que la imagen era legítima, que no procediera de la Fiscalía, dado que él sí es funcionario público y pudiera haber cometido ese delito de haberlo hecho sin contrastarlo antes. El 14 de marzo lo mostró, logró la foto tan potente que buscaban tanto La Moncloa como Ferraz, pero el jefe de filas de los socialistas madrileños acudió ante notario para certificarlo absolutamente todo. Lo hizo con el fin de evitarse males mayores, una maniobra que acabó con su dimisión por las presiones de los suyos.
IMPORTANTES FISURAS
«Lo anterior no significa que se dé credibilidad a un testimonio, que ofrece importantes fisuras, a la vista de las diligencias practicadas, en particular los datos objetivos que aporta el informe de la UCO de 19 de diciembre de 2024, sobre el dispositivo móvil de Juan Lobato, donde se relatan las comunicaciones habidas entre ambos desde las 7:03 horas del día 14 de marzo de 2024», destaca el Alto Tribunal.
Así las cosas, «entre las que están la información que Pilar Sánchez Acera le hace sobre la noticia publicada a las 23:51 horas del día 13 en la edición digital de la SER, o el mensaje que a las 8:29:57 horas le reenvía, en que aparece el correo de 2 de febrero de 2024, sin borrado alguno; por ello que, inmediatamente a continuación, a las 8:30:15 horas», le advierte «cuidado con los datos personales». apunta el Supremo.
Juan Lobato explicó en su declaración de finales de noviembre del pasado año que el documento no estaba publicado en ningún medio cuando lo recibió a través de Sánchez Acera. «Pilar no le dice de dónde lo obtiene y que lo saque en la Asamblea una vez fue publicado», indica el auto.
«La actuación de Pilar Sánchez Acera es un elemento más que apunta a que la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía, y en eso tiene importancia su declaración a los efectos de esta causa», añade el Alto Tribunal acto seguido.
«Así lo intuyó Juan Lobato en sus mensajes, pero lo avala el informe de la UCO, frente a cuya información, las respuestas dadas por la propia Sánchez Acera en la declaración prestada el día 12 de marzo de 2025, dejan mucho que desear, cuando, al preguntársele al respecto, manifestó que no recibió tal correo electrónico, sino que fue un documento, que le llegó mediante una fotografía de WhatsApp, que no recuerda quien se lo envió, respuesta que, en sí misma, no le resulta creíble a este Magistrado», destaca el auto.
EL DOCUMENTO, EN PODER DE LA MANO DERECHA DE ÓSCAR LÓPEZ
El documento era oro puro para cargar contra Ayuso. Y es que, poco tarde Sánchez Acera en enviarlo a su jefe una vez lo tuvo y «con una serie de instrucciones para que lo muestre en el contexto político que le indica».
No obstante, poco después El Plural publicó la imagen del documento, pero con los datos personales tapados, mientras que al móvil de Juan Lobato le llegó intacto, sin tachones y con todos los datos, tal y como puede observarse en la acta del notario.
«No es, por lo tanto, explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento», destaca el Supremo.
A pesar del intenso día de la filtración, Sánchez Acera no logró recordar quién le facilitó el documento. En esa jornada, Ferraz diseñó una estrategia de comunicación para exigir la dimisión de Ayuso. Así se lo expuso Vallès Vives a Lobato. «A ver un tema. Me llama santos. Pedro va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso. Y que lo pidamos nosotros también».
Sánchez Acera le escribió también a su jefe de filas para responder cómo le había llegado el documento. «Porque llega, la tienen los medios», «Vamos a verlo», «Para q estés más respaldado», «Si es así. Te lo digo», «Si no. La tienes en retaguardia», son los mensajes que envió la número dos de Óscar López. El caso espera ahora nuevos informes de la UCO de la Guardia Civil para depurar responsabilidades en la causa, en la que están imputados tres fiscales.
