La juez de Catarroja que investiga la actuación de los servicios de Emergencia de la Generalitat valenciana y de la AEMET el pasado 29 de octubre durante una DANA que provocó 225 víctimas pidió a la Universidad de Valencia (UV) un informe para saber qué criterios usaron en la UV para decretar tan pronto el nivel de alerta 3, a las 11 y 20 de la mañana del 29 de octubre, y sin embargo no hicieron lo mismo los servicios de Emergencia de la comunidad autónoma. La Universidad tras decretar el nivel 3 de alerta, máximo de emergencias, suspendió todas las actividades y avisó a los alumnos, lo que sin duda contribuyó a salvar vidas.
El informe fue elaborado por el profesor Justo Herrera Gómez, coordinador del Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia y Vicerrector de Economía e Infraestructuras y había sido solicitado el 25 de febrero por la juez y remitido a ésta el 10 de marzo.
El documento de cinco páginas sobre los días anteriores a la DANA explica que «el órgano que tomó la decisión final de declarar los respectivos niveles de emergencia (nivel 2 suspensión de la actividad docente el día 29 de octubre a las 21 horas y nivel 3 suspensión de la actividad docente, administrativa, investigadora y cultural, el día 29 a las 11.35 horas) fue la rectora de la Universidad de Valencia (UV) a instancias de las respectivas propuestas del Comité de Emergencias UV».
El Comité citado está compuesto por representantes del equipo de Gobierno (Consejo de Dirección), gerencial (Personal directivo público profesional), de centros (facultades y escuelas) y de servicios.
Este comité informó a la juez que la información que manejaron en todo momento es «la información pública que generan las instituciones competentes en las materias objeto de la emergencia» y que la UV «no dispuso de más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos e informaciones de los organismos públicos (AEMET y SEM de la Generalitat Valenciana)».
Explica la Universidad que el día anterior, el lunes 28 de octubre se activó el Comité de Emergencias a las 10:25 horas porque «desde primeras horas de la mañana las previsiones incluso del día anterior 27 de octubre de la AEMET y del SEM alertaban de precipitaciones intensas para los días martes y miércoles (29 y 30 de octubre)».
DIA ANTERIOR A LA DANA
Ese mismo lunes por la mañana el citado Comité «valora el nivel 1 de emergencia para evitar desplazamientos y uso de los servicios de transporte», pero el mismo día 28 «vista la publicación en la cuenta de X de Emergencias 112CV, que a las 13.23 horas publicaba un aviso especial en el que informaba de «un episodio de lluvias, viento y fenómenos costeros, octubre de 2024 en el que trasladaba como consejos a la población entre otros, retirar vehículos de zonas inundables, alejarse de las veras de ríos y barrancos y vista la situación de riesgo naranja publicada para Ontinyent, a las 17:36 horas (donde se encuentra uno de nuestros campus) se empieza a valorar la declaración del nivel 2 de emergencia». Todo esto era el día anterior a la DANA.
A las 19:28 horas la Universidad establece el nivel 2 de emergencias, declarado por la rectora «y se inicia el proceso de información a la comunidad universitaria, tanto a los diferentes coordinadores de la representación de estudiantes, como a los decanos y decanas de las facultades y directores de Escuelas a través de los medios sociales y web e informando a los medios de comunicación, de lo que es informado el Comité de Emergencias UV a partir de las 21.37 h», explica Herrera Gómez en su informe para la juez de la DANA.
El mismo día de la DANA, el 29 de octubre a las 8 horas y 16 minutos «se informa de la situación en los campus del área metropolitana de Valencia y se informa también de la activación de nivel naranja alerta en Ontiyent, Burjassot y Valencia, y rojo en Aras de los Olmos (donde la UV también dispone de instalaciones)», recoge el documento y añade que «a las 10.30 horas (…) se acababa de pasar a nivel rojo prácticamente a toda la provincia de Valencia».
Con todos esos datos el Comité de emergencias de la UV, «a las 11:19 horas del martes 29 de octubre, el comité de Emergencias decide proponer a las rectora el establecimiento del nivel 3 de emergencias». La rectora accedió y «se suspende toda la actividad universitaria presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva) con la excepción de las tareas de apoyo a las funciones básicas y de mantenimiento de instalaciones críticas», concluye el informe.
Ahora la juez de Catarroja que instruye la investigación sobre la DANA deberá decidir si este informe es considerado una prueba para demostrar que con los datos existentes se podía haber hecho algo más para salvar algunas de las 225 vidas que se perdieron aquel fatídico día.
LA JUEZ PIDE QUE INVESTIGUE LA GUARDIA CIVIL
Por otra parte, la juez que investiga la gestión de la DANA ha acordado requerir a la Consejería de Emergencias que le remita nueva documentación y ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en l’Eliana, y que tendrá que incluir, entre otros, los datos relativos a los sistemas de videograbación existentes en la entrada del edificio y en distintas estancias interiores.
La magistrada responde así en un auto notificado este jueves a la petición de diligencias de investigación realizada por una de las acusaciones populares personadas en la causa, la ejercida por Acció Cultural del País Valencià (ACPV).
En cuanto a las diligencias de investigación acordadas este jueves por la magistrada, estas incluyen requerir a la Consejería de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) para que remitan al juzgado la relación de puestos de trabajo de los trabajadores que prestan servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias.
Esa documentación deberá especificar las tareas, formación y datos personales de los empleados, así como identificar a los que estuvieron presentes en el centro entre las 06:00 y las 23:59 horas del 29 de octubre del pasado año.
El auto también emplaza a la misma institución a que facilite documentación relativa al Plan Especial de Inundaciones y la información que se remitió el día de la dana a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.
Del mismo modo, requiere al director general del Medio Natural y Animal para que informe sobre las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control del mismo barranco el 29 de octubre.
Además, la juez rechaza realizar una inspección ocular en el Centro de Coordinación de Emergencias, como solicitaba la acusación popular de Acció Cultural, pero sí libra un oficio para que la Guardia Civil elabore un informe sobre las instalaciones.
Ese informe tendrá que incluir los datos relativos a los sistemas de videograbación existentes en la entrada del edificio y en distintas estancias interiores, la información que comparten las pantallas instaladas, el sistema que garantiza la cobertura de red para el funcionamiento de la telefonía móvil o el sistema de gestión geográfica, entre otros aspectos técnicos.
