El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición efectuada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una diligencia señalada para el próximo 16 de abril.
En una providencia dictada este mismo lunes Peinado expone que, si bien, «el testigo considera que ha de realizarse por escrito, en una interpretación que por el mismo, se realiza, hágasele saber al mismo, que el precepto que invoca, en concreto, el punto 1 del párrafo 2 del artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es interpretado de forma errónea».
Así, indica que, «si bien es cierto que en su condición de actual miembro del Gobierno el invocado precepto de la Ley De Enjuiciamiento Criminal otorga la posibilidad de informar por escrito sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo, la interpretación hermenéutica, así como la teleológica que debe realizarse de dicho precepto, ha de serlo en el sentido de que los hechos a los que se refiere el legislador son los conocidos en razón de ese cargo, que le permite informar por escrito».
Y Peinado subraya que «en el presente supuesto es obvio, y así se hace saber, en la pieza separada, en la que ha sido acordada la declaración testifical de este miembro del actual Gobierno, (que) los hechos sobre los que ha de versar su testimonio no los ha conocido en razón de ese actual cargo, sino cuando tenía otro cargo diferente, en concreto, el de secretario general de la Presidencia, no siendo éste el que permite la aplicación del precepto como lo invoca el testigo.
MALVERSACIÓN
En el auto por el que citó a Bolaños como testigo, Peinado apuntaba que podría existir un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por parte de Moncloa.
De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.
Peinado dio este paso después de imputar a Álvarez. La asesora acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, exponiendo que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación reprochando al magistrado que le tendiese «una trampa» al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.
LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Según el sumario de la causa, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM, se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo de 7 de septiembre en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez está en copia con un email de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa, aparece con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
En otro correo recogido en las pesquisas judiciales, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale Seguros el interés de Gómez en que la esta empresa siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
