Ambas compañías ya informaron por escrito de las aportaciones económicas que hicieron
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a los directores ejecutivos de Google Spain y de Indra para tomarles declaración como testigo este miércoles por las inversiones que realizaron ambas compañías en el ‘software’ del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que, según Hazte Oír, se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Es la tercera vez que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid les cita a declarar. En enero, suspendió la primera comparecencia por problemas técnicos, mientras que en febrero aplazó el interrogatorio porque ninguno de los dos acreditó adecuadamente su cargo en sus respectivas empresas.
Los directivos de ambas compañías acudirán a la sede judicial, a partir de las 11.00 horas, después de que ya hayan informado por escrito al instructor de las inversiones que hicieron en el ‘software’ que está bajo sospecha.
En concreto, Google informó de que había sufragado 110.000 euros en dicho ‘software’. Explicó que en diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que «se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros».
El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo», apuntó en el escrito enviado al juzgado, que obra en el sumario de la causa al que tuvo acceso Europa Press.
Según la empresa, a medida que el proyecto avanzaba «su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista». «En este sentido, para garantizar la correcta finalización y ejecución del proyecto de acuerdo con los estándares de calidad de Google, se invirtieron otros 70.000 euros. La cantidad total que Google invirtió en el proyecto fue de 110.000 euros», agregó.
La compañía apuntó además que «los gastos derivados del proyecto tuvieron tratamiento fiscal de gastos ordinarios». «Por lo tanto, no supusieron ningún beneficio o incentivo fiscal», concluyó.
Por su parte, Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el ‘software’ de dicho máster. Según precisó, dichos trabajos se facturaron internamente a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información y en ningún momento disfrutó de «beneficios o deducciones fiscales».
Indra explicó que –junto a su filial Indra Business Consulting– colabora de «forma altruista» con diferentes universidades e instituciones en «diferentes ámbitos relacionados con la sostenibilidad y la captación de talento». Y apuntó que, en el marco de dicha labor y en virtud de una adenda al convenio de creación de la cátedra extraordinaria TSC, en 2022 inició su «colaboración» con dicha cátedra codirigida por Gómez.
Dicha colaboración se llevó a cabo «mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica para empresas, denominada ‘Plataforma de Medición de Impacto Recurrente’, para su entrega a la universidad de carácter gratuito».
Con todo, apuntó que los trabajos de su filial consistieron en desarrollar dos módulos: uno de valoración de desempeño en el ámbito del impacto social; y otro de recomendación de actuaciones para mejorar esa valoración.
LA INVESTIGACIÓN DEL SOFTWARE
Fue el pasado octubre cuando el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del ‘software’ de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho ‘software’.
Después de que se acordara la citación de la esposa del presidente, su abogado –el exministro socialista Antonio Camacho– defendió por escrito que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas fue «porque la UCM así se lo indicó expresamente».
La defensa también aportó correos que, a su juicio, probaban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron «cómo debía registrar» el dominio de Internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio «fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM».
