Pablo Bustinduy muestra cómo en política cuando se quiere se puede. El ministro de Consumo ha demostrado que las denuncias que llegan a la Dirección General de Consumo se investigan y se ponen multas, pero guarda un estruendoso silencio tras tres años desde la primera denuncia contra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de la que no se sabe absolutamente nada desde que Facua la interpuso.
Se sabe que en política hay doble vara de medir, pero Bustinduy ha optado por la doble velocidad, a tenor de la celeridad en las investigaciones y en las cuantiosas multas que podrían recaer sobre Alquiler Seguro, pero el ministro se hace el sueco cuando el denunciado es la OCU por hechos tan graves como saltarse el reglamento vigente de las organizaciones de consumidores.
El caso de la OCU apunta a prácticas prohibidas para una organización, como realizar publicidad de empresas. La organización, dirigida por Esther Rodríguez Uceda y presidida por Miguel Angel Feito, ha sellado hasta 47 convenios con empresas privadas, recibido más de 440.000 euros de la inglesa Octopus Energy, ganadora de la última compra de energía a través de una supuesta subasta, pero se desconocen qué empresas acudieron a la misma y el precio que ofertaron.
BUSTINDUY NO DA CON LA OCU…
El acuerdo de la OCU permitió a Octopus Energy engrosar su listado de clientes en más de 20.000, mientras pagó una nada despreciable cantidad a modo de ‘comisión’. La OCU cobró a través de su filial de ediciones, una sociedad paraguas para percibir el dinero de las empresas privadas a las que luego escruta en sus estudios. No obstante, incluso esos mismos informes están bajo la sombra de la sospecha y en los tribunales, como ocurrió con ISDIN, tal y como publicó este medio en exclusiva.
La falta de transparencia hace dudar ahora de las subastas, como la ganada de Octopus Energy, una británica que juega en suelo español a base de compras y engordar clientes. La firma energética espera casi duplicar su fuerza laboral y estudia situar su sede en España en una de las cuatro torres del madrileño paseo de la Castellana.
Acudir a la OCU es un aliciente para las empresas debido a su base de socios. Con la casi fallida Holaluz pasó algo parecido, al multiplicar por diez sus clientes con la ‘subasta’ de la organización presidida por Feito, a pesar del más que posible conflicto de interés al pedir compensación a la empresa a cambio de los datos de sus socios y sin mostrar un solo detalle de la beneficiosa operación.
Desde Facua-Consumidores en Acción recuerdan las denuncias interpuestas contra la entidad presidida por Feito por publicitar y cobrar comisiones de empresas de otros sectores, mientras el titular de Consumo da la callada por respuesta, al menos en este asunto. No obstante, con la denuncia contra Alquiler Seguro tan solo ha pasado un año para tener una resolución y propuesta de sanción, millonaria, a tenor de las irregularidades presuntamente cometidas y detectadas por el Ministerio de Bustinduy.
EL MINISTRO BUSTINDUY RESPALDA A LOS INQUILINOS
La denuncia la presentó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid el pasado 1 de febrero de 2024. En ese escrito se pusieron de manifiesto prácticas abiertamente contrarias a «la legalidad de manera estructural», como el cobro de honorarios, imposición de cláusulas supuestamente abusivas en los contratos e incumplimiento del derecho de desistimiento.
Alquiler Seguro protege antes al propietario frente a una supuesta «criminalización de las inquilinas», «víctimas de los propios rentistas». «La documentación aportada para la investigación, proveniente de varias afiliadas al sindicato, deja claro que la inmobiliaria exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino que se quedaba la propia empresa».
Del mismo modo, «Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico ‘seguro de impago’ que Alquiler Seguro reconoce incapaz de hacer frente a una huelga de alquileres». «La inmobiliaria obligaba también a ceder sus datos personales sin control alguno a las dos partes del contrato, vulnerando la normativa en la materia», señala el sindicato.
SUPUESTAS PRÁCTICAS IRREGULARES
A su juicio, «Alquiler Seguro está demostrando ser una estafa para los propietarios a quienes prometía proteger, su comportamiento con las inquilinas que se ven obligadas a tratar con esta empresa es aún peor».
Entre los cobros supuestamente irregulares se incluyen los 200 euros por visitar el piso, una nula atención de incidencias y averías durante la duración del contrato, petición de datos bancarios excesivos para ‘estudios de solvencia’, negativa a negociar las cláusulas del contrato y falta de transparencia respecto al mismo.
Según el sindicato, Alquiler Seguro podría enfrentarse a demandas judiciales al cobrar unos honorarios que «deben ser abonados por los arrendadores desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda». En este sentido, las reclamaciones podrían alcanzar las 100.000.
