El reparto de los 4.000 migrantes menores no acompañados que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla va a comenzar en breve, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts para ello. Un concordato polémico por el tipo de reparto, en el que Cataluña y el País Vasco apenas unas decenas, mientras que Andalucía y Madrid recibirán gran parte del grueso de los mismos, estas últimas con gobiernos del Partido Popular.
En este sentido, los populares se han mostrado contrarios ante este acuerdo al que llaman discriminatorio hacia los menores y las comunidades no gobernadas por el PSOE o por sus socios de gobierno. Con estas circunstancias las comunidades del PP han comenzado hacer una serie de gestiones para oponerse a esta nueva Ley.
La más directa y controvertida ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que la región acogerá a los menores extranjeros no acompañados «donde tenga recursos», en un claro guiño de la líder popular a «colocarlos» en las poblaciones de la Región gobernadas por el PSOE. En un claro intento de Ayuso de desestabilizar bastiones socialistas de la Comunidad, como son el caso de Parla y principalmente Fuenlabrada, el lugar donde irán, según fuentes de la Comunidad, los más de 700 migrantes menores que corresponden a Madrid con este reparto.
Además, en un encuentro informativo de Europa Press, Ayuso señaló la «demagogia socialista» con este tema. Y dejó un recado contra el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, del que dijo que «Soy socialista, soy progresista, pero a la distancia proporcional a la pancarta y al problema», en una clara referencia a la negativa del edil socialista de recibir más menas en el centro de menores de La Cantueña.
«Hemos puesto un centro nuevo en Fuenlabrada, dotado con las últimas infraestructuras, que queremos que, además, estos chicos estudien Formación Profesional, aprendan el idioma, se integren… Ha recibido ya no sé cuántos ataques desde todas las vías, también en los juzgados. Han perdido como en siete ocasiones ya todos los pleitos, porque evidentemente no tienen la razón», explicó Ayuso en torno al papel de Ayala con la acogida de más migrantes por parte de La Cantueña.
RECURSO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTRA EL REPARTO DEL PSOE
La Comunidad de Madrid acordó interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. El Consejo de Gobierno dio ayer la instrucción hoy a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios que fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado 18 de marzo.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
Además, considera que se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia. Paralelamente, el texto validado por el Gobierno central es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones. La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación y se han realizado sin contar con las CC AA. Vulnera también el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados.
El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto ley, ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española).
Además, exige la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde al menos ocho años. La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y, en lo que llevamos de año, a un total de 937.
RESPUESTA DEL PSOE A ESTA NEGATIVA DE AYUSO
Para dar respuesta a este recurso y a la estrategia de saturar las poblaciones madrileñas con gobiernos municipales socialistas el PSOE ha utilizado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El cual declaró que que el Ejecutivo central estaría dispuesto a estudiar la cesión de espacios de su titularidad a la Comunidad de Madrid para el reparto de menores migrantes.
El objetivo de este ofrecimiento es claro, evitar que a La Cantueña de Fuenlabrada lleguen los cerca de 800 menores que ha prometido Ayuso que llegarían cuando entre el activo el nuevo reparto. Hay que informar que el centro de momento está habilitado solo para un centenar de plazas, pero el Gobierno regional ya ha confirmado que estudiará su ampliación para albergar este nuevo reparto.
Por este motivo, la Delegación del Gobierno quiere habilitar nuevos espacios que no saturen poblaciones gobernadas por los socialistas, que pueden sufrir un claro desgaste electoral. Aunque, por otro lado, por muchos espacios que se oferten las competencias de elección del centro de menores serán exclusivamente competencia de la Comunidad de Madrid.
Martín expuso lo que lleva meses asegurando el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala: que la ubicación del centro no es idónea al encontrarse aislado, entre dos polígonos empresariales -La Cantueña y Cobo Calleja-, y entre un paraje natural sin servicios y la A-42.
«La finalidad debe ser favorecer la integración, y se les está ubicando en un polígono industrial, en medio de la nada y sin estudiarlo con los servicios municipales», afirmó.
«Pueden estar en Fuenlabrada, en Pozuelo, en Majadahonda o en Vicálvaro. Tiene que primar el interés del menor, y no el político», concluyó Martín. El regidor fuenlabreño, por su parte, comentó que es «un despropósito que el gobierno Ayuso quiera meter a 700 menores en un espacio en medio de la nada que está preparado para 100». Las próximas semanas serán claves para dar solución a unos menores que son arma arrojadiza de las dos formaciones políticas de este país.
