El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha recurrido la decisión del instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS) de solicitar a Hacienda y a un banco información del exdirigente socialista y de la fundación peruana con la que se le vincula, al tiempo que ha instado al magistrado Leopoldo Puente a limitar sus pesquisas a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.
En un escrito la defensa de Ábalos formula un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del pasado 20 de marzo donde Puente reclamó dicha información después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del que fuera ‘número tres’ del PSOE, que le atribuía propiedades en Colombia, Perú, Valencia y Madrid, además de varios vehículos y más de 200 cuentas bancarias.
En el mismo escrito, urge al magistrado a acordar «todo lo preciso para limitar el periodo de la investigación», «concretamente a la incoación por la adquisición de mascarillas en el periodo de emergencia nacional motivado por el COVID-19».
La defensa recuerda que en la exposición razonada enviada por la Audiencia Nacional (AN), en base a la cual se le abrió causa en el Supremo, solo se alude a hechos que «no se remontan más allá de 2019», limitándose «exclusivamente» a lo que denomina «caso mascarillas, dado que esos son los contratos que vienen investigándose».
Ábalos critica que, «a pesar de ello, se ha optado por darle una segunda interpretación siendo tan amplia como se quiera, tan es así, que, se ha optado por ampliar el lapso temporal del objeto de la causa a toda la etapa ministerial».
Sin embargo, ha denunciado que las pesquisas realizadas por la UCO se extienden también a su «época no ministerial». De hecho, indica que en el último informe salen imágenes de su boda «que nada pueden aportar en la presente investigación», y que defiende que se deberían haber omitido para «evitar daños personales y familiares».
Alude también al terreno de Tulúa (Colombia) con un chalet en construcción cuya compra le atribuyó la UCO en 2003 por más de dos millones de euros, algo que posteriormente reconoció como un error y corrigió precisando que se equivocó al realizar la conversión de moneda y el precio fue de 751,23 euros.
El ex ministro de Transportes reitera que esta operación nada tiene que ver con la etapa investigada, apostillando que se trata de información contenida en un disco duro suyo que estaba en casa de Koldo García, su ex asesor, y que reclamó a la AN cuando ni siquiera estaba imputado.
Acusa a la UCO de limitarse a «reflejar tales archivos sin contrastar dicha información». Y es que, según Ábalos, el error en la conversión de moneda no es el único, porque dice que vendió el terreno en 2013 y nunca llegó a construir en él. Al hilo, aclara que el chalet en obras que aparece en varias imágenes pertenece al «terreno contiguo».
Con todo, Ábalos incide en que «la investigación que se ha llevado a cabo hasta la presente fecha ha resultado ser no solo prospectiva si no que de la misma se desprende que se ha realizado con una clara extralimitación, vulnerando la objetividad que debe de presidir en cualquier informe pericial de la investigación que se realice».
A su juicio, las medidas adoptadas «no son pertinentes, ni mucho menos son proporcionales, en cuanto a los principios de idoneidad y especialidad, toda vez que se confrontan todos ellos con las actuaciones llevadas a cabo por la UCO», a la que acusa de ampliar «unilateralmente» la investigación.
LA DE ALDAMA, «UNA DECLARACIÓN INTERESADA»
Por otro lado, se queja de que «se da credibilidad» a las declaraciones de testigos cuando le perjudican, obviando las que le beneficiarían. En concreto, se refiere a la prestada por el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, para enfatizar que «no deja de ser una declaración interesada y tratando de incriminar sin ninguna prueba».
A este respecto, recuerda que De Aldama dijo que entregaba unos 10.000 euros mensuales en efectivo, para sostener que «no puede resultar creíble que reparta dinero discrecionalmente y no tenga ningún recibo de la entrega de ese dinero en metálico».
Ábalos menciona asimismo el piso que su expareja disfrutaba en la Plaza de España de Madrid con un alquiler mensual de 2.800 euros que ella no pagaba y que, según la UCO, costeaban el propio Koldo, su hermano y su hija pequeña y Alberto Escolano, presunto testaferro de De Aldama.
El ex dirigente socialista hace hincapié en que la relación sentimental se desarrolló entre noviembre 2018 y diciembre 2019, por lo que reprocha al instructor que hable de «tres años». Que esas cantidades fuesen abonadas por Koldo García, «nada tiene que ver con Ábalos y la relación sentimental que mantuvo», dice su defensa.
En este contexto, Ábalos aporta al Supremo la copia de la comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la contratación por parte del PSOE en 2017 de Koldo García como conductor.
