Los funcionarios de las prisiones españolas han sufrido más de 1000 agresiones en los dos últimos años, según estadísticas oficiales. Esto supone 1,36 agresiones al día, lo que supone un triste y desagradable récord en las cárceles del ministro Marlaska, ya que Instituciones Penitenciarias depende del Ministerio del Interior.
La alerta la ha dado el sindicato de funcionarios ACAIP-UGT, que vienen reclamando la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones como una de las soluciones para acabar con las agresiones de los internos. «Queremos mostrar nuestra preocupación por la escalada de agresiones que se producen en los centros penitenciarios y por la gravedad de las
mismas. Es necesario un protocolo de prevención de agresiones que refleje la realidad dentro de las prisiones. Una estadística maquillada por parte de la administración ya que no contabiliza muchas situaciones igualmente violentas como amenazas, acoso sexual o intentos de agresión repelidos por los trabajadores», aseguran desde el sindicato.
La conflictividad en las prisiones españolas se debe a muchos factores. El principal es una
clasificación interior «ineficiente derivada de la política buenista de la administración en la que se prima el mal comportamiento, con internos inadaptados en un régimen de vida ordinario que distorsiona la convivencia y dificulta el trabajo de reinserción con el resto de la población reclusa», añaden.
CONFLICTOS EN PRISIONES
Y ponen el foco en que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «obvia que hay un porcentaje de presos especialmente conflictivos con los que hay que tener un tratamiento individualizado acorde a sus características».
A todo esto se sumaría el problema de la atención sanitaria. Los centros penitenciarios cuentan
actualmente con unas plantillas médicas que apenas superan el 25%. Es decir, más del 70% de las plazas necesarias estarían vacantes. Todo ello unido a los problemas de salud mental que se observa entre la población reclusa. Aproximadamente el 30% de la misma toma algún tipo de medicación psiquiátrica «lo que hace imprescindible un control adecuado y constante, imposible con el déficit de plantilla actual», dicen desde ACAIP.
El año 2023 se cerró con 508 agresiones y el 2024 son 504 las sufridas por los empleados públicos penitenciarios. Unas cifras insoportables para el colectivo. La ausencia de mecanismos de protección eficaces ha permitido que estos incidentes aumenten, o al menos no disminuyan, dejando a los trabajadores en una posición de indefensión.
«Tenemos demasiados ejemplos recientes que demuestra, la gravedad del problema: ataques con objetos cortopunzantes, ataques con lesiones múltiples, amenazas graves. Todas ellas, sin que las sanciones impuestas a los agresores sean disuasorias. Este contexto de inseguridad repercute negativamente no solo en la integridad física y psicológica de los trabajadores, sino también en el adecuado funcionamiento de las prisiones», dicen desde ACAIP.
Por eso desde ACAIP-UGT insisten en la necesidad de que los trabajadores penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad. «Es necesario un marco legal que evite decisiones judiciales dispares cuando se produce una agresión a un trabajador penitenciario. Para ello, se debe dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones que se llevan a cabo en los centros penitenciarios», concluyen.
