Luis Pastor, el fiscal de la Audiencia Nacional que ejerce como acusación en el Caso Koldo de compra venta de mascarillas, espera recibir esta misma semana dos nuevos informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntalan definitivamente la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del gobierno balear de Francine Armengol y del gobierno canario de Víctor Torres. Con las conclusiones el juez Ismael Moreno, que instruye el sumario del Caso Koldo, decidirá si da traslado de los mismos al Tribunal Supremo pues la investigación compete a dos aforados o si se queda él con esa parte de la investigación porque ninguno de los dos resulta afectado.
Los citados informes deberían haber entrado en el juzgado a finales de febrero, pero un retraso debido a la carga de trabajo de la unidad de la Benemérita encargada de hacer ese trabajo ha impedido cumplir los plazos acordados, aunque en el Juzgado esperan que esos documentos lleguen antes de que finalice marzo.
Un informe de la Unidad Central Operativa Delincuencia Económica (UAFAC) entregado el 8 de octubre de 2024 al juez recogía cómo el 17 de agosto de 2020 el ex asesor del ministro Ábalos, Koldo García, escribía a la entonces presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, para agradecerle el contacto de la consejera de salud balear: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
Baleares compró 1.470.600 mascarillas a la trama por valor de 3,7 millones de euros, con destino al personal sanitario que no las pudieron utilizar por su estado ineficaz y no poseer la homologación necesaria.
El documento policial también recogía que «paralelamente a las gestiones realizadas con Torres (Canarias) y otros altos cargos de su gobierno, Koldo habría contactado con responsables del gobierno autonómico de las Islas Baleares al objeto de proponer la contratación de Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR a los residentes baleares que viajasen desde la Península».
Durante el volcado del teléfono de Koldo García, la Guardia Civil encontró una conversación de whatsapp mantenida el 17 de agosto de 2020 a las 7.19 horas «solicitándole que le llamase. Armengol le comunicaba que tenía un día complicado y que a lo mejor al mediodía podía intentar llamar a Koldo. Mientras tanto Koldo informaba a Aldama que «Canarias quiere la prueba de Megalab» y «Baleares ahora me llama»», escribieron los agentes entonces en su informe.
El mismo día por la tarde «Armengol compartía con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picard, entonces consejera de Salud de Islas Baleares. Acto seguido, Koldo respondía «Vale cariño, te mantengo informada de todo»», según consta en el citado documento.
El 18 de agosto de 2020 Koldo García, «enviaba el contacto de Patricia Gómez a Tapia (Ignacio Díaz Tapia, propietario de Megalab). El día 21 de agosto Patricia Gómez escribía a Koldo para decirle que a las 9.30 «viene Nacho Díaz»». Gómez actualmente es diputada socialista en el Parlamento Balear.
La Guardia Civil analizó luego el teléfono de Ignacio Díaz Tapia, empresario imputado en la causa, con Patricia Gómez y concluyó que «se ha podido verificar que la reunión se produjo el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. A raíz de su conversación con Patricia Gómez se ha podido observar como Tapia habría conseguido acceso a otros destacados miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio García Pineda, Manuel Palomino Chacón y Juli Fuster Culebras».
El documento de la UCO añadía que «consultada la plataforma de Contratación del Sector Público se ha detectado que Eurofins Megalab resultó adjudicatario de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640 euros por la realización de pruebas diagnósticas COVID 19 a los residentes baleares que regresaban a las islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad».
LAS MASCARILLAS DE BALEARES NO SERVÍAN
Un dictamen del Consejo Consultivo de Baleares con fecha de 28 de junio de 2024 daban vía libre al gobierno balear para reclamar legalmente la devolución de esos 3,7 millones de euros en mascarillas destinadas al personal sanitario, que nunca se pudieron utilizar por su ineficacia para el fin que se adquirieron por el gobierno de Armengol.
Los firmantes del dictamen, con el voto en contra de un solo ponente, aseguran que «la caducidad del género entregado no imposibilita su restitución, que puede articularse de otros modos […], al considerar, resumidamente, que el suministro prestado no se adecuaba al objeto del contrato y que la mercantil ha causado un perjuicio económico al ente público» y que ni mucho menos la empresa adjudicataria del contrato tenía «la solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».
El informe también señala que aunque la contratación se podía hacer bajo la declaración de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez esa compra «no significaba que no resultaran exigibles los requisitos sustantivos y garantías» aplicables al resto de contratos, además Soluciones de Gestión «no tenia capacidad de obrar exigible para realizar la actividad» ni disponía de «la autorización administrativa previa para ejercer dicha actividad», ni cumplía «los requisitos de solvencia técnica» exigibles por Ley.
Con este dictamen la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francine Armengol, parecía complicarse su futuro político como responsable máximo de la compra de mascarillas a la trama del Caso Koldo, ya que era presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares cuando sucedieron los hechos. Pero quizás ahora con el nuevo informe lo tenga peor aún.
La presidenta del Congreso Francina Armengol, tuvo que acabar admitiendo hace unos meses que sí conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recuerda todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa, algo que parece que queda en el aire a la vista de los mensajes que entre los dos se cruzaron y que constan en aquel el informe de la UCO del pasado mes de octubre. Habrá que esperar al contenido del nuevo informe que la UCO aportará.
EL CASO TORRES
Algo parecido ocurrió con Canarias y con Ángel Víctor Torres de presidente de aquella comunidad. Canarias adjudicó contratos por valor de 12 millones de euros a la trama. Primero Torres negó siquiera conocer a Koldo García, pero cuando los whatsapps intervenidos por la UCO desvelaron el intercambio entre Torres y Koldo García y entre Torres y un socio de Aldama, al ministro de Política Territorial no le quedó más remedio que reconocer que sí conocía a Koldo García.
Eso sí, luego el ministro salió al paso para aclarar que las ofertas llegaron al Gobierno canario por medio del Servicio Canario de Salud. Pero lejos de enfriarse los problemas para Torres se multiplicaron después de que Víctor de Aldama declarase en el Supremo que había alquilado un piso para que Torres pernoctara un día en la capital de España y que a través de Koldo le había pedido 50.000 euros para influir favorablemente en los contratos sanitarios de Canarias con la trama.
Torres amenazó con denunciar a Aldama por estas declaraciones judiciales. Primero negó en una comparecencia en el Senado conocer siquiera Aldama y mucho menos reunirse con él, pero la UCO sacaba en un nuevo informe una conversación entre ambos de 16 de julio de 2020, cuando Torres era presidente de Canarias. En el mensaje, Aldama recordaba un encuentro previo entre ambos: «Buenas tardes Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde». El informe de la UCO mostraba varios mensajes de los dos en fechas posteriores, en concreto el 4 de noviembre de 2021, el 15 de julio de 2022 y el 18 de julio de 2023.
Además, Torres estaba en boca de terceros. El 14 de agosto de 2020 Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, hablaba con Víctor de Aldama, sobre la posibilidad de vender pruebas de PCR en varios lugares de España. Durante esa conversación Koldo «comentaba que Ángel Víctor Torres Pérez, en ese momento presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, quería hablar de este mismo tema, lo que suscitaba que Aldama replicara que «es muy importante y nos debe una grandísima»», y además los investigadores interceptaron conversaciones de audio de Koldo García con el entonces presidente canario Torres: «(…) es muy interesante, estuvimos hablando con ellos Transporte y también el Jefe de Gabinete. Tiene conocimiento el Ministro y me gustaría trasladártelo (…)», reflejó la UCO en su informe entregado al juez Moreno el pasado 8 de octubre de 2024.
La UCO sigue escribiendo que «seguidamente, comentaba que Ángel Víctor Torres Pérez, en ese momento presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, le había dicho que quería hablar de este mismo tema, lo que suscitaba que Aldama replicara que «es muy importante y nos debe una grandísima»». El gobierno canario había comprado a Soluciones de Gestión mascarillas por valor de 12 millones de euros.
Otro mensaje enviado el 17 de agosto de 2020, «Koldo enviaba un audio de whatsApp a Torres en el cual le presentaba a Megalab como un laboratorio completamente introducido en Canarias, y que había ideado un protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos «seguros» del virus». Además, para la UCO, «resulta significativo para esta causa que añadiera que el Ministro tenía conocimiento de esa propuesta, ya que no deja dudas de que para influir en otros funcionarios públicos, se valdría de su relación con Ábalos».
AUDIOS A TORRES
Un audio de Koldo García al entonces presidente canario Ángel Víctor Torres dejaba claro que Koldo se presentaba con conocimiento de Ábalos o al menos así se presentaba: «Presidente… perdone, Ángel, mira perdona que te moleste solamente dos cosas que.. bueno… la primera es que ya han cobrado los cinco millones (…) y la tercera, la cual es unos laboratorios que se llaman Megalab que están totalmente introducidos en Canarias. Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR ¿vale? Que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos Transporte y también el Jefe de Gabinete. Tiene conocimiento el Ministro y me gustaría trasladártelo porque se podría hacer el primer vuelo seguro ¿vale? Que creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que los recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo y bueno, opinamos todo lo mismo y la primera debería ser Canarias».
En días posteriores sigue habiendo mensajes de Koldo García a Ángel Víctor Torres «insistiendo en este asunto», según refleja la UCO.
Los investigadores siguieron el rastro de mensajes sobre este asunto, hasta el 25 de agosto de 2020, cuando Ignacio Díaz Tapia, propietario de Megalab, enviaba directamente un mensaje al presidente Torres en el que se presentaba como «Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins de la presentación de los laboratorios que vimos en su despacho de cara al control de pasajeros y le remitía una presentación en formato pdf sobre el proyecto de control de pasajeros».
Torres respondía a este mensaje «que le gustaría hablar después de los avances y solicitaba a Tapia que le enviase la información del otro día, ya que había hablado con «Illa» estos días y parecía que había buena recepción. Seguidamente Torres comparte el contacto telefónico de Blas Trujillo (entonces consejero canario de Sanidad)».
Ahora el juez y el fiscal esperan los dos informes de la UCO para decidir tras su lectura qué medidas tomar.
