El empresario Bernardo Castillo Pérez, investigado en la Causa Koldo como uno de los socios de Víctor de Aldama, intermedió en la compra de un Range Rover Sport de segunda mano por 15.000 euros para el entonces ministro José Luis Ábalos junto a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, ya fue investigado por la UCO en República Dominicana por aparecer dentro de la trama empresarial de Aldama en aquel país centroamericano.
Ahora tras analizar los bienes de Ábalos, en concreto los vehículos a nombre del ex ministro, los agentes de la Guardia Civil se encontraron de nuevo con el nombre de Bernardo Castillo Pérez. El informe recoge que «se observa cómo Joseba García Izaguirre es quien lleva a cabo las gestiones para la compra de ese turismo con Bernardo Castillo Pérez, intermediario entre este último y Ábalos» y añade que «el hecho de la participación de Bernardo, quien a su vez ejerce de interlocutor con la empresa vendedora, resulta significativa, ya que éste pertenecería en ese momento al círculo próximo de Aldama».
La vinculación establecida se materializaría en dos sociedades, Pilot Real Estate y Logística Comercial Montelimar. Hay que recordar que para la primera de estas empresas Aldama intervino para lograr un aplazamiento de pago de su deuda con el jefe de Gabinete de Hacienda y María Jesús Montero, Carlos Moreno, durante una reunión que todavía investiga el Tribunal Supremo.
EL INTERMEDIARIO DE ÁBALOS
Pero Castillo Pérez ya habia sido investigado por la UCO, en concreto cuando varios agentes se trasladaron a República Dominicana para tratar de desenredar la madeja empresarial de los socios de Aldama. La Guardia Civil investigó allí a la empresa Pronalab como sospechosa de pertenecer a la trama Koldo, en concreto, a Víctor de Aldama y sus socios en este país caribeño, tal y como adelantó MONCLOA.
Aunque Pronalab fue constituida en abril de 2021, tras el pelotazo de las mascarillas, cambió de gestores y de socios en varias ocasiones en poco tiempo, aunque siempre llegó a personas relacionadas con Víctor de Aldama. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, pidió a la Guardia Civil que investiguase y siguiera el rastro del dinero cobrado por Aldama gracias a la comisión en la venta de mascarillas por 53 millones de euros.
Pronalab Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) fue constituida el 8 de abril de 2021, aunque la asamblea para su constitución se celebró el 26 de marzo del mismo año. La última asamblea está fechada el 18 de enero de 2022. En ambos casos la dirección es la misma, Avenida de la Independencia, una zona de oficinas al sur de Santo Domingo, apenas a dos manzanas del mar.
La sociedad fue constituida por Ignacio Díaz Tapia, investigado en la causa y uno de los socios de Aldama, junto a un ciudadano Dominicano llamado Roberto Feliz Astacio y la sociedad Global Stratos Investmens SL, representada por el mismo Díaz Tapia. Global Stratos tiene como administrador único a la empresa Fertinvest Consulting, investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y como apoderados a Víctor de Aldama, Javier Serrano y su representante era César Moreno García. Todos están investigados y formaban parte de un chat de whatsapp intervenido por la UCO bautizado con el nombre Fertinvest, una empresa de César Moreno García que a fecha de hoy cuenta con tres reclamaciones pendientes de la agencia tributaria.
CUATRO GERENTES PARA UNA EMPRESA DOMINICANA
El órgano de gestión de la empresa dominicana de la trama estaba compuesto por cuatro gerentes, Javier Serrano Costumero, investigado por la Audiencia Nacional; Dino Di Anni, un ciudadano italiano que tuvo varios cargos en la española Duro Felguera, el último fue como Gerente de Desarrollo de Negocios; el español Ignacio Díaz Tapia y la dominicana Juana de los Santos Álvarez.
Ignacio Díaz Tapia compró el 10 de noviembre de 2021 un total de mil acciones a Bernardo Castillo Pérez, empresario navarro que aparece también en la trama, a través de la sociedad Global Stratos Investments, otra de las empresas investigadas dentro de la causa Koldo por el juez Ismael Moreno.
Este empresario navarro ya fue citado por un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se recogen algunos gastos de Aldama, principal comisionista de la trama de mascarillas, en concreto cuando los agentes escribieron para el juez que «respecto al resto de gastos, los unidos a Cristian y Bernardo (Bernardo Castillo Pérez). Ambos forman parte de su círculo íntimo y de sus negocios relacionados con el suministro de material sanitario (…)». A este empresario Aldama le adjudica en ese documento 20.000 euros.
En una aclaración la UCO explica que «a día de hoy se tiene constancia de que antes de que Aldama hubiera negociado el suministro de mascarillas a la Administración Pública con Soluciones de Gestión, lo habría hecho con la mercantil Transportes Anabel y Berna de Corella, administrada por Bernardo Castillo Pérez». Es decir, que ambos se conocían de antes de formalizar esta relación en República Dominicana.
Bernardo Castillo vendió su participación en Pronalab por 10.000 pesos dominicanos, unos 157 euros y además se obligaba en su condición de vendedor «a no involucrarse o tener participación o interés, directa o indirectamente, individual, conjuntamente o a través de terceras personas, en el desarrollo de negocios similares al negocio de Pronalab SRL, que estén localizados dentro del territorio de la República Dominicana por un período de cinco (5) años que le sigan a la transferencia de las cuotas sociales (acciones)». En el mismo acto Castillo Pérez renunciaba por carta a su cargo de gerente dentro de la compañía.
El 30 de noviembre de 2021 un acta de la gerencia de Pronalab, a la que ha accedido MONCLOA, recogía los apoderamientos de Javier Serrano Costumero, imputado en la causa y del italiano Dino Di Ianni, que también aparece en los informes de la UCO.
«Ambos domiciliados en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para que actuando de manera individual, en nombre y representación de la sociedad Pronolab SRL, puedan realizar todas las actividades y firmar los documentos necesarios para abrir, mantener y manejar cuentas bancarias», apunta el informe.
De esta manera las cuentas podrían estar en pesos dominicanos, dólares estadounidenses o cualquier otra divisa que estimen necesaria, certificados de inversión y/o depósitos, apertura de cartas de crédito stand-by o a la vista, realizar inversiones, bonos de deuda, etc., en la forma que consideren convenientes en entidades financieras de la República Dominicana y el extranjero, así como expedir, firmar, endosar y cobrar cheques, giros, transferencias de fondos y otros efectos de comercio, efectuar depósitos de fondos (…)», es decir, que ambos tenían plenos poderes para operar en nombre de esa sociedad.
MÓVIL DE VÍCTOR DE ALDAMA
En agosto de 2021 unos mensajes encontrados en el móvil de Víctor de Aldama servían a la investigación, eran entre Dino Di Ianni y el propio Aldama. «Buongiorno!! Qué tal? Cómo sigues?», escribía Di Ianni a Aldama el 20 de agosto de 2021, éste respondía que «buenos días, señor pues mejor la verdad. Tu sigues en Caracas o estás en Madrid?». Ianni respondía que «Llegué el miércoles, ahora estoy con lo de la construcción de la sociedad en RD e ire una semana de vacaciones con mi familia (…) a Benidorm». RD para los investigadores de la trama Koldo sería República Dominicana.
Javier Serrano, Ignacio Díaz, César Moreno y Víctor de Aldama compartían un grupo de whatsapp denominado «4 mosqueteros» en el que se hablaba supuestamente de traer dinero desde República Dominicana a Madrid. Pronalab era una empresa especializada en realizar pruebas PCR a turistas. Una de sus empleadas que aparece en el sumario del Caso Koldo era la encargada de contabilizar el dinero que se recibía allí para llevarlo a Miami.
César Moreno mandaba un whatsapp el 22 de enero de 2022 a la citada empleada para decirle que él y Javier Serrano «nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno». Por estos mensajes la Guardia Civil cree que parte del dinero todavía puede estar en República Dominicana. Pero la UCO no ha atado todavía esta parte de la trama y el próximo 2 de abril el Tribunal Supremo interrogará en calidad de testigos a Aránzazu (Arancha) Granell, la empleada, y a Javier Serrano, por estas conversaciones de whatsapp.
Además de Pronalab los investigadores de la UCO han centrado sus pesquisas en Dominicana en las sociedades Modular HV Corp. y GSI Dominicana. En la primera consta como representante César Moreno y en la segunda Ignacio Díaz Tapia.
