La aplicación de la ‘doctrina Cakarevic’ salva a autónomos y trabajadores de la devolución de ayudas. La Administración Pública concede una ayuda a un solicitante, que cumple a priori los requisitos establecidos para la obtención de la misma. No obstante, cuatro años después, justo cuando expira el plazo de reclamación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) exige su devolución íntegra y con los intereses legalmente establecidos. El solicitante se encuentra ahora con una deuda de miles de euros y sin derecho a percibir ningún tipo de ayuda al contraer un debe con las entidades públicas.
A pesar de que la situación es real, existe una última esperanza tras las sentencias judiciales conocidas esta misma semana. Todas ellas hacen referencia a un litigio en Croacia que llegó a generar jurisprudencia tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció que el beneficiario de una ayuda no debe devolver el dinero si hubo un error de la Administración y sin mala fe por parte del solicitante.
La ‘doctrina Cakarevic‘ supone así un salvavidas para casos de autónomos que tuvieron que cerrar durante la pandemia y que solicitaron, previa presentación de documentación, ayudas para hacer frente a los números rojos derivados de los confinamientos inconstitucionales.
LA DOCTRINA CAKAREVIC ALLANA EL PERIPLO JUDICIAL DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS
Durante el pasado año, las mutuas que facilitaron las ayudas de la Seguridad Social, el Gobierno y de los ejecutivos autonómicos enviaron miles de ‘correos del miedo’ con el fin de exigir la devolución de ayudas otorgadas por el Covid-19, mientras que el Gobierno instó a devolver el Ingreso Mínimo Vital por un error en la concesión.
Con la doctrina Cakarevic en la mano, la Justicia da la razón a los beneficiarios siempre y cuando no se haya demostrado mala fe por parte de los solicitantes. El Tribunal Superior de la Rioja, por ejemplo, exonera a un hombre a devolver el IMV que cobró durante dos años pese a no cumplir con los requisitos. El solicitante pidió el acceso a esta ayuda al tiempo que su mujer se vio afectada por uno de los miles de ERTE durante la pandemia.
Para acceder a esta ayuda, se presentó la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2019 y 2020, cuya diferencia fue favorable para el cumplimiento de los requisitos exigidos. La ayuda alcanzó los 446,58 euros, un montante que comenzó a cobrar con efecto retroactivo.
SI NO HAY MALA FE SE PUEDE ACOGER A LA DOCTRINA CAKAREVIC
El Supremo aplica esta doctrina desde 2018, pero los casos estaban contados hasta la irrupción de la pandemia. Desde la crisis sanitaria del Covid-19, el Supremo ha emitido durante el año pasado hasta tres sentencias que dan la razón a los autónomos que obtuvieron el acceso a las ayudas, concedidas previamente sin mirar si correspondía o no. Se las dieron a la inmensa mayoría que las pidió, pero la Seguridad Social se puso en marcha después para exigir la devolución de las mismas.
En todos los casos se demostró que no cumplían los requisitos, pero ante el vicio de pedir está la virtud de no dar y es aquí donde la Seguridad Social cometió errores al dar acceso a un dinero que no correspondía. Con el trío de sentencias, los trabajadores que cobran un subsidio de paro superior al que corresponde y sin que haya mala fe por parte del beneficiario se ven protegidos en la justicia, como también los ERTE o las prestaciones obtenidas en la crisis de 2020 y 2021.
EL SEPE ASUME ERRORES POR LA DOCTRINA CAKAREVIC
Todo ello, al atribuir los errores al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que condedió todas las ayudas casi sin corroborar datos. La sentencia del TEDH dejó claro que bajo los siguientes criterios tendría que darse la razón al beneficiario de la prestación pública:
Que no se presentara ninguna declaración falsa o inexacta, que se hizo de buena fe y que el dinero de la ayuda fue a cubrir gastos de subsistencia.
El Supremo, por ejemplo, dio la razón a un beneficiario por cumplir los criterios de edad e ingresos para cobrar el desempleo. El SEPE le otorgó entre 4.618,22 y 5.163,24 euros anuales, un montante que cubrió las necesidades básicas.
En su recurso, el SEPE exigió la devolución de la ayuda, evitando la autoinculpación por el error propio y causando un grave perjuicio al beneficiario. De esta forma, como ocurre con la Agencia Tributaria, toda la culpa la tiene el contribuyente, completamente indefenso ante un ejército de funcionarios que llegan a cobrar bonus en función de las infracciones detectadas. Las sentencias muestran que si el fallo es de la Administración, ésta también debe responder por sus errores y no poner toda la carga en el beneficiario.
