El pacto xenófobo de PSOE-PSC y Junts no tendrá la misma repercusión en las Comunidades Autónomas. En Madrid, el foco se ha centrado en la respuesta contundente de Isabel Díaz Ayuso, pero apenas en las regiones y municipios donde el PSOE encabeza el poder. Fuenlabrada, por ejemplo, se opuso el pasado 2024 a acoger uno de los centros de menores que tiene que levantar la Comunidad de Madrid para hacer sitio a los menores extranjeros no acompañados (MENAS).
En la Región existen tres centros de menores extranjeros de acogida de urgencia, bajo la tutela de la Comunidad, los tres ubicados dentro de la capital, dos en Hortaleza y otro más en la Casa de Campo, pero se han acogido un total de 10.618 menores desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Ahora, el Ejecutivo aprueba por decreto, y sin dar a conocer los criterios exactos, un reparto que obliga a Madrid a acoger a 700 menores frente a los 20 que tendrán que hacer Cataluña y País Vasco. Para el PSOE Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, serán otros 20, tal y como expone el Ejecutivo autonómico.
Según fuentes del PSOE de Fuenlabrada, el centro de menores propuesto por la Comunidad de Madrid no sigue «los criterios establecidos por el Consejo de Europa», cuyos informes son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen. No obstante, la Comunidad le recuerdan ahora el «tufillo racista» y la «rebeldía» del alcalde fuenlabreño.
EL MEGACOMPLEJO PARA MENAS EN MADRID
La Comunidad de Madrid planificó una inversión de más de 18 millones de euros para el centro de menores no acompañados, que están en un complejo de 4.000 m2 repartidos entre las zonas comunes, enfermería, comedor, las clases y formación, habitaciones y espacio para los educadores. Un complejo que funciona desde septiembre del pasado año.
El municipio madrileño de Fuenlabrada, en manos de Francisco Javier Ayala Ortega (PSOE), quien precintó el pasado año las obras de La Cantueña para evitar el macrocentro de menas que levantaría la Comunidad de Madrid. El alcalde de la localidad se negó y alegó la paralización de las obras al existir un expediente de reversión del espacio, es decir, un posible cambio de titularidad del suelo.
No obstante, el argumento esgrimido ahora por el propio Ayala Ortega es completamente distinto y lo podría firmar Junts. «El gobierno de la señora Ayuso pretende que todos los menores no acompañados que llegan a la región vayan al centro Isabel Díaz Ayuso del cerro de La Cantueña: en medio de la nada», ha asegurado.
ENFADO DEL PSOE EN FUENLABRADA Y EL PACTO DE GARCÍA-PAGE
Según su nueva versión y sin hacer mención a la paralización de las obras del centro de menores, la Comunidad de Madrid no ha hablado con los municipios para realizar el nuevo reparto ni tampoco los «criterios objetivos, homogéneos y de solidaridad, y sin importarle que ese centro no sea adecuado para acoger a estas personas».
«Todo por sacar rentabilidad política de cualquier cosa. Es la política habitual del titular y la polarización», ha asegurado. Ni una sola crítica ha realizado sobre el pacto entre Junts y el PSOE-PSC, ni una mera mención al reparto xenófobo pactado entre los independentistas y socialistas, más cuando hay menores por medio.
Uno de los criterios más polémicos establecidos por el Gobierno para llevar a cabo este reparto de MENAS es la acogida de inmigrantes por Comunidades Autónomas siempre en comparación con Cataluña, que ha acogido a cerca de 7.800 menores no acompañados en los últimos tres años, especialmente con las políticas realizadas y pactadas entre ERC, PSC y los Comunes de Ada Colau, que han permitido la entrada de miles de inmigrantes irregulares, mientras se han abonado una media de 6.000 euros por cada uno de ellos.
CATALUÑA ACOGE MENOS MENORES EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN
Cataluña acoge inmigrantes desde 2006 de forma desordenada, con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desbordados y cientos de autobuses especialmente hacia las zonas de Girona y Lleida, donde en algunos municipios son una clara mayoría. En Salt, epicentro de los últimos altercados por el imán ocupa, la población de inmigrantes alcanza ahora el 80%.
Para realizar el reparto, el Gobierno solo se fija en valores absolutos y no relativos a porcentajes sobre población, un criterio muy utilizado por los independentistas para exigir una mayor inversión o prebendas a la hora de pactar acuerdos. Y es que, en relación con la población, Madrid saldría peor parada que Cataluña, dado que la entrada del aeropuerto Madrid Barajas supone una avalancha migratoria disfrazada de turismo.
En relación a los porcentajes, Cataluña acoge a 33 menores por cada 100.000 habitantes, mientras que Madrid alcanza una media de 34,8 MENAS por cada 100.000 habitantes. Además, Madrid cuenta con un millón menos de habitantes.
LA LUCHA DE JUNTS Y ALIANÇA CATALANA: LA CESIÓN DE MARLASKA
El pacto entre el PSOE-PSC y Junts, además, esconde la verdadera naturaleza del acuerdo. El control de fronteras pasa de puntillas, pero es la verdadera columna vertebral en la que centrará Junts todos los esfuerzos para controlar la inmigración y poder hacer campaña contra Aliança Catalana de Sílvia Orriols, cuyo discurso es aplaudido por Vox en el Parlament.
Carles Puigdemont pierde terreno en zonas que ha controlado la extinguida CiU históricamente. «La necesidad de aprobar el acuerdo por la cesión de la competencia de inmigración y control en frontera es clave», apuntan en Junts.
En el PPC de Alejandro Fernández indican que es la única batalla que busca ganar Junts. «Hay que dar la batalla por el control de las fronteras y oponerse enérgicamente», comentan fuentes de los ‘populares’ catalanes. «La clave no es la inmigración, sino el control de fronteras», destaca un alto directivo del PPC.
La cesión de control de fronteras no solo es inconstitucional, sino que es inadmisible permitir que una Comunidad Autónoma pueda decidir en base a la «catalanidad» quién puede o no residir en el territorio.
LA CATALANIDAD SIGUE SIENDO LA CLAVE PARA JUNTS
El Gobierno tratará de aprobar la cesión de inmigración a la Generalitat por el Congreso o alguna otra fórmula imaginativa utilizada por Pedro Sánchez para escapar del control del legislativo. El fin es que los Mossos d’Esquadra fueran quienes reciban a los inmigrantes, tanto regulares como irregulares, en vez de la Policía Nacional y Guardia Civil. Además, podrán expulsarles en caso de reincidencia múltiple o denegar permisos de trabajo si no se demuestra que se es suficientemente catalán.
De esta forma, los policías nacionales y guardias civiles en Cataluña estarían atados de pies y manos, dedicados a labores administrativas y en un futuro no muy lejano ser relegados por una policía de partido, como se vio en el referéndum ilegal del 1-O.
