La movilidad urbana ha experimentado una revolución sin precedentes en las grandes ciudades españolas durante los últimos años. El auge del patinete eléctrico como alternativa de transporte ha transformado el paisaje urbano, aportando una solución ágil y ecológica para desplazamientos cortos en entornos congestionados. Sin embargo, esta proliferación ha venido acompañada de un vacío normativo que las autoridades han ido solventando progresivamente, endureciendo las sanciones para garantizar la seguridad vial.
La convivencia entre peatones, vehículos tradicionales y estos nuevos dispositivos de movilidad personal no ha estado exenta de conflictos. Las estadísticas revelan un preocupante aumento de accidentes relacionados con patinetes eléctricos, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol o sustancias estupefacientes. Ante esta realidad, la Dirección General de Tráfico ha tomado cartas en el asunto equiparando las multas por infracciones bajo los efectos de estas sustancias a las contempladas para conductores de automóviles, estableciendo sanciones económicas que pueden alcanzar los 1.000 euros.
5POLÉMICA SERVIDA: ¿MEDIDAS JUSTAS O DESPROPORCIONADAS?
La equiparación de sanciones ha generado un intenso debate en diversos ámbitos. Los defensores de la medida argumentan que la potencial peligrosidad de un patinete eléctrico mal utilizado justifica plenamente este endurecimiento, especialmente cuando su conductor tiene mermadas sus capacidades por el consumo de sustancias, recordando que estos vehículos pueden alcanzar velocidades considerables y su uso inadecuado ha provocado accidentes con consecuencias graves e incluso mortales en nuestras ciudades durante los últimos años.
En el otro extremo, algunas asociaciones de usuarios consideran excesivo aplicar idéntico baremo sancionador a vehículos con características tan diferentes. Señalan que la masa y potencia de un patinete eléctrico son significativamente menores que las de un automóvil, cuestionando la proporcionalidad de imponer multas de igual cuantía cuando el potencial destructivo en caso de accidente es objetivamente diferente según el tipo de vehículo implicado. Este contraste de opiniones refleja la complejidad de regular un medio de transporte que ocupa una posición intermedia en el ecosistema de movilidad urbana.
