La movilidad urbana ha experimentado una revolución sin precedentes en las grandes ciudades españolas durante los últimos años. El auge del patinete eléctrico como alternativa de transporte ha transformado el paisaje urbano, aportando una solución ágil y ecológica para desplazamientos cortos en entornos congestionados. Sin embargo, esta proliferación ha venido acompañada de un vacío normativo que las autoridades han ido solventando progresivamente, endureciendo las sanciones para garantizar la seguridad vial.
La convivencia entre peatones, vehículos tradicionales y estos nuevos dispositivos de movilidad personal no ha estado exenta de conflictos. Las estadísticas revelan un preocupante aumento de accidentes relacionados con patinetes eléctricos, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol o sustancias estupefacientes. Ante esta realidad, la Dirección General de Tráfico ha tomado cartas en el asunto equiparando las multas por infracciones bajo los efectos de estas sustancias a las contempladas para conductores de automóviles, estableciendo sanciones económicas que pueden alcanzar los 1.000 euros.
2MULTAS QUE DUELEN AL BOLSILLO: ¿HASTA DÓNDE LLEGAN LAS SANCIONES?
El esquema sancionador implementado por la DGT establece tres niveles de penalización económica en función de la gravedad de la infracción. Conducir un patinete eléctrico con una tasa de alcohol entre 0,25 mg/l y 0,50 mg/l en aire espirado supone una multa de 500 euros, una cantidad nada desdeñable que busca disuadir a los usuarios de adoptar este comportamiento de riesgo en sus desplazamientos urbanos. Esta primera escala ya representa un aviso contundente para quienes consideraban que las normativas eran más laxas con estos vehículos.
El escenario se complica considerablemente cuando las tasas superan el umbral de 0,50 mg/l o cuando se detecta presencia de drogas en el organismo. En ambos casos, la sanción se duplica hasta alcanzar los 1.000 euros, una cifra que supera con creces el valor de adquisición de muchos modelos de patinete eléctrico disponibles en el mercado y que pone de manifiesto la determinación de las autoridades para erradicar estas prácticas. Esta equiparación con las sanciones aplicables a otros vehículos refleja la seriedad con que se toma esta problemática.
