Desde la Comunidad de Autónoma de Madrid han decidido no pasar ni un milímetro los ataques que desde la izquierda están realizando contra la presidenta de la Región, Isabel Díaz Ayuso. A la que desde el PSOE, Sumar y su entorno, y Podemos acusan supuestamente de haber dejado morir a 7.291 ancianos en las residencias que dependían de la Comunidad durante la pandemia de Covid-19.
La supuesta base de esas acusaciones viene por los triajes realizados durante la citada pandemia mundial, en los que según argumentan los partidos de izquierda Ayuso decidió privilegiar los cuidados ante otras personas más jóvenes y con mejores indicadores de salud. Estas acusaciones, básicamente explican que la líder popular decidió abandonar a los ancianos a su suerte, que en muchos casos fue la muerte.
La última avalancha de estas acusaciones ha sido después de la emisión del documental 7.291 por parte de La 2. Un filme dirigido por Juanjo Castro, en el que se analiza la gestión de la Comunidad en las residencias de mayores durante la pandemia. Y supuestamente se lanza esa acusación hacia la presidenta madrileña. Esta emisión ha coincidido con el 14 de marzo cuando se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma en España, con motivo de la pandemia.
El anuncio y la posterior proyección no ha estado exenta de polémica, replicando los fuertes enfrentamientos que hubo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en 2020. El cineasta Juanjo Castro recoge en el documental los testimonios de familiares de las víctimas en residencias de mayores madrileñas y cómo abordaron la decisión de la Comunidad de no trasladar los enfermos a los hospitales. Con una terrible muerte en soledad.
BELARRA DENUNCIADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID
Con todo esto, la Comunidad de Madrid se querellará contra la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, tras haber afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería estar «en la cárcel» por su «gestión homicida» de la pandemia del coronavirus en la región.
Así lo ha anunciado este sábado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, tras visitar Alameda del Valle para conocer los efectos de la borrasca ‘Jana’ en la localidad.
Belarra señaló este viernes que «la señora Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la pandemia y por todas esas personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual»
«Ante estas declaraciones en las que se imputa un delito al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se insinúa que se realizaron malas prácticas de manera intencionada durante el Covid-19, les informo que los servicios jurídicos ya están trabajando en las acciones legales oportunas que presentaremos ante el órgano judicial correspondiente», ha indicado García Martín.
El consejero de Presidencia ha remarcado que «no van a consentir» a Ione Belarra que «haga declaraciones de esas características que ofenda al pueblo de Madrid, a los profesionales, que lo dieron todo durante la pandemia, y al Gobierno regional».
«Hemos dado instrucciones para que los servicios jurídicos preparen una querella contra Belarra. Le exigimos que se rectifique, Si no, pues lógicamente nos tendremos que ver en los tribunales«, ha apuntado.
SEGUNDA QUERELLA
Se trata de la segunda querella que presenta la Comunidad de Madrid. Ayer, anunció otra contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por decir, en declaraciones a los medios de comunicación, que «fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas» durante la pandemia en las residencias de la región.
La concejala socialista emitió un comunicado en el que se retractó de sus palabras y trasladó que «no fue su intención acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado». A pesar de esta rectificación por parte de la socialista la Comunidad de Madrid mantendrá su querella y seguirá querellándose contra todo aquel que acuse de asesinato a la presidenta, según han informado desde el ejecutivo autonómico madrileño.
