El Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, con el silencio sepulcral de Fernando Grande-Marlaska, han vendido a los cuatro vientos las bondades de la «delegación» de competencias de fronteras e infraestructuras críticas de Cataluña, pese a tratarse de una cesión más a Junts y ERC, con el aplauso de Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, ha presentado un informe jurídico detallado sobre las graves consecuencias de la nueva humillación del PSOE y PSC a Junts y ERC que conllevaría la expulsión de facto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, los únicos que pueden operar en todas las Comunidades Autónomas, mientras que los Mossos d’Esquadra no pueden alejarse de Cataluña.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a equiparar a la policía autonómica catalana con los dos únicos cuerpos y fuerzas del Estado, a pesar de que los primeros cobran más que los agentes de la Nacional y la Benemérita, que tuvieron que intervenir por orden judicial ante la falta de cooperación de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O.
El sindicato más representativo de la Policía Nacional ha mostrado su informe ante distintos grupos parlamentarios para frenar a toda costa la votación positiva de la Proposición de Ley Orgánica de Delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de Competencias Estatales en Materia de Inmigración.
LA EXTINCIÓN DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL DE CATALUÑA
En primer lugar, Aarón Rivero, secretario general de Jupol, ha mostrado su preocupación por una medida que rompe con el marco constitucional, un menoscabo para la seguridad nacional y un ataque directo a la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, cuyos agentes tienen cada vez menos trabajo y quienes se jubilan no son reemplazados.
La falta de justificación técnica y operativa de la humillación de PSOE y PSC ante ERC y Junts responde únicamente «a intereses políticos y no a criterios de eficiencia en la gestión migratoria», afirman desde Jupol en su informe de doce páginas y a los que ha tenido acceso MONCLOA.
El estudio se presentará a todas las fuerzas políticas de corte constitucionalista tras darlo a conocer al PP, la mayoritaria en el Hemiciclo. Así, pasará por las manos de PSOE, Sumar y Vox. Jupol ha mostrado su predisposición para «analizar en detalle la situación generada ante la cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras».
UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA Y QUE AFECTA A TODOS
El sindicato pone de manifiesto que se trata de una «competencia exclusiva del Estado, ya que afecta a la seguridad, la economía y la cohesión social del país» y no solo a una parte. En este sentido, alerta de las desigualdades y un efecto llamada que se podrían generar, así como las consecuencias imprevisibles que podrían ocurrir con este traspaso.
La cesión de competencias del Estado está contemplada en el artículo 150.2 de la Constitución. Ese mismo punto, al que se ha acogido el PSOE para presentar la proposición, apunta que solo serán transferidas las competencias que por su propia naturaleza sean susceptivos de transferencia o delegación. En 1990, una sentencia del Tribunal Constitucional señaló que es el Gobierno quien toma la «decisión formalmente unilateral» y que renuncia a ella al tiempo que toma decisiones sobre los instrumentos de control.
No se trata de una competencia delegada de forma exclusiva por el Estado dado que fue parte de un acuerdo entre PSOE y Junts en Bruselas, tal y como pusieron por escrito ambas formaciones políticas.
EL GOBIERNO NO CEDE LA COMPETENCIA DE INMIGRACIÓN DE FORMA UNILATERAL
«No es fruto de una decisión unilateral del Estado que pretenda un mejor funcionamiento de los servicios públicos en materia de inmigración, extranjería y seguridad pública en infraestructuras estratégicas en Cataluña; sino que obedece, consideramos, a razones de oportunismo político y rédito electoral, en el caso de Junts per Catalunya; y de la debilidad parlamentaria y vocación de permanencia a toda costa en el Gobierno, por parte del PSOE», afirma el informe al que ha tenido acceso este medio.
Los propios agentes de la Policía Nacional muestran la «falta de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad puede derivar en un aumento de la delincuencia organizada y en una gestión deficiente de los flujos migratorios», así como la «progresiva» expulsión de los agentes de ambos cuerpos de Cataluña.
No se trata de una materia delegable dada su propia naturaleza. Jupol recuerda que la inmigración y control de fronteras es una de las «materias respecto de las cuales siempre ha existido un consenso, incluso entre los ministros del actual Gobierno en que no eran, por su propia naturaleza, susceptibles de transferencia o delegación. En este sentido, pone de manifiesto que «la gestión de la inmigración, extranjería, control de entradas y salidas en territorio nacional son materias que, de ser asumidas por las Comunidades Autónomas, ponen en riesgo el derecho de los ciudadanos -en este caso, extranjeros- a la igualdad de trato ante la Ley».
También afea la fórmula utilizada para poder presentar en el Pleno esta proposición, un método que define como «filibusterismo parlamentario» al evitar que el supremo órgano consultivo del
Gobierno «pueda ejercer su función consultiva con autonomía, objetividad e independencia, imposibilitando que pueda emitir un dictamen en una materia especialmente relevante como es la delegación de competencias en materias respecto de las cuales, hasta la fecha, se consideraban de naturaleza no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas y que, además, afecta a las funciones, competencias y distribución territorial de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil».
CARMEN CALVO, SIN MOVER FICHA EN INMIGRACIÓN
De haberlo presentado el Gobierno, debería haber dictamen del Consejo de Estado, el mismo órgano presidido por Carmen Calvo, quien se niega a que Pedro Sánchez comparezca en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el caso Begoña Gómez. «Es reprobable», afirman desde Jupol.
María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska satisfacen con esta nueva normativa, «de una forma encubierta, pero poco disimulada», «la histórica reivindicación de los partidos independentistas catalanes de conseguir la expulsión de la Policia Nacional y de la Guardia Civil
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, convirtiendo su presencia en algo absolutamente residual y anecdótico, y vaciar de competencias a ambos cuerpos en Cataluña».
«Ello se deduce con facilidad con una simple lectura del contenido de la proposición de Ley Orgánica», afirman. Así, Jupol explica que la Generalitat podría «establecer criterios o directrices propios por parte de esta administración autonómica diferentes a los que se siguen en el resto del territorio nacional».
En caso de materializarse, «se cercenaría el principio de solidaridad que rige en la gestión de la inmigración en todos los territorios de España. También supondria que los ciudadanos extranjeros recibirían un trato desigual ante la Ley -en la concesión del permiso de residencia- según el territorio donde pretendan residir», advierte.
Asimismo, se da pie a que la Generalitat aplique el «régimen sancionador en materia de extranjería y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)», una competencia hasta ahora exclusiva para la Policía Nacional. Además, serán los Mossos d’Esquadra quienes tengan la autoridad en los Puertos del Estado de Cataluña, a pesar de que la competencia es exclusiva de los agentes de la Guardia Civil.
El propio informe explica que la Generalitat, en manos del PSC de Salvador Illa, restablecerá los «controles internos Schengen» y la que «determine los criterios para su realización, obviando que es la Policía Nacional quien tiene la competencia de controlar las entradas y salidas del territorio nacional de españoles y extranjeros y quien también ostenta, como función propia, la cooperación policial internacional». En este sentido, se pretende delegar la competencia en materia de extranjería de devolución de personas extranjeras en las fronteras, en detrimento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Así las cosas, se trata de una «encubierta, -pero inequivoca-, voluntad de los partidos políticos independentistas catalanes, en connivencia, o con la sumisión, del Grupo Parlamentario Socialista, de expulsar de la Comunidad Autónoma de Cataluña a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, lo que comportaría el traslado forzoso de miles de sus integrantes y de
sus familias, que son, en su inmensa mayoría, catalanes».
Jupol insta así a los grupos del Congreso a «oponerse a esta Proposición de Ley Orgánica de delegación, que en nada beneficia a los intereses generales de los ciudadanos; y que, en realidad, lo que persigue es la expulsión de Cataluña de la Policía Nacional y de la Guardia Civil».
En caso de seguir en pie la normativa, insta a interponer un recurso de inconstitucionalidad al no ser una competencia susceptible de delegación o transferencia las materias de titularidad estatal de inmigración, extranjería, puertos y aeropuertos de interés general a una Comunidad Autónoma; y por suprimir la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, lo que deja sin efecto la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, que en Cataluña pasaría a corresponder, de forma íntegra, a la Generalitat de Cataluña.
Este sindicato promoverá «todas las acciones judiciales a su alcance para evitar tanto la pérdida de competencias de la Policía Nacional, como la expulsión de los Policías Nacionales, y de sus familias, de Cataluña».
