Hay situaciones donde la imaginación supera cualquier límite razonable, especialmente cuando se trata de esquivar sanciones de tráfico. Recientemente, la DGT ha revelado una práctica sorprendente que se extiende por las carreteras españolas: conductores que ponen multas a nombre de familiares mayores para evitar la retirada de puntos. Esta práctica, conocida coloquialmente como el truco del ‘abuelo’, ha encendido todas las alarmas en las autoridades de tráfico por su carácter fraudulento y por implicar a personas mayores en infracciones que nunca cometieron.
Lo que parecía un secreto a voces ha saltado ahora a primera plana debido a la mayor vigilancia que está ejerciendo la Dirección General de Tráfico. La DGT, consciente de que esta táctica ilegal se ha vuelto demasiado frecuente, advierte claramente de las consecuencias que acarrea para quienes recurren a ella. Además de poner en riesgo la seguridad vial, esta artimaña afecta directamente a mayores vulnerables, convirtiéndolos en responsables de faltas que no han cometido, una acción que puede derivar en sanciones aún más graves.
4EL DAÑO SOCIAL DETRÁS DEL ‘TRUCO DEL ABUELO’
Más allá del ámbito legal, esta práctica también implica un daño social evidente, al situar a las personas mayores como cómplices involuntarios de infracciones que no cometieron. Se trata de una situación profundamente injusta, donde aquellos que deberían ser protegidos por su condición vulnerable son usados para tapar conductas irresponsables de familiares más jóvenes.
Las organizaciones de mayores ya han levantado la voz contra esta práctica, destacando que representa una falta de respeto hacia las personas de edad avanzada. Implicar a ancianos en acciones ilícitas, aunque sea de forma indirecta, erosiona su dignidad y genera tensiones familiares innecesarias, además de ponerlos en una posición vulnerable ante la administración. Por eso, desde estos colectivos se exige a la DGT y a la sociedad en general mayor responsabilidad frente a este tipo de abusos.
Es importante subrayar que esta práctica no solo afecta a la integridad moral y social de los mayores, sino que también deteriora los valores ciudadanos básicos como la responsabilidad, la honestidad y el respeto por las normas viales. La solución pasa necesariamente por un cambio de mentalidad generalizado que lleve a cada conductor a aceptar sus propias infracciones, evitando así la explotación irresponsable de familiares vulnerables.
