La empresa Ineco, dependiente del ministerio de Transportes, ha enviado un mensaje interno a sus empleados en el que asegura que JRG, la ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, llegó a enviar un parte diario «detallando las tareas desarrolladas», al tiempo que ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que lo acredita con el objetivo de esclarecer el testimonio prestado por la joven el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo (TS).
La empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, se ha comunicado con su plantilla mediante un «mensaje enviado con alta importancia» este mismo jueves en el canal interno ‘Ineco Hoy-Informa’, titulado ‘En defensa de la reputación de Ineco y de sus profesionales’, al que ha tenido acceso Europa Press.
En este mensaje, la empresa pública reacciona a lo testificado por Jesica Rodríguez que aseguró al instructor del ‘caso Koldo’ en el TS, Leopoldo Puente, que estuvo contratada en Ineco –suponía que por mediación de Ábalos– pero que nunca llegó a realizar trabajo alguno, aunque sí cobro, unos mil euros mensuales. Su cometido era el de auxiliar administrativa del hermano de Koldo García.
«En relación con las informaciones publicadas en los últimos días, derivadas de las declaraciones de varios testigos en el Tribunal Supremo, sobre la relación laboral de JRG, queremos compartir con todos vosotros y vosotras los hechos y la acción que como empresa vamos a emprender», dice.
Ineco explica que «la incorporación de una auxiliar administrativa, hace seis años, se inscribe en un encargo de Adif Alta Velocidad para dar servicio de apoyo técnico y gestión administrativa en las oficinas del cliente, en el marco de un contrato temporal, encuadrada en la categoría de asistente 3 rama administrativa, del día 01/03/2019 al 28/02/2021».
La empresa sostiene que «el tratamiento que se dio desde Ineco a esta persona trabajadora siguió la metodología, vigente en el momento de la contratación, establecida para los empleados que trabajan en oficina de cliente, no solo a través del procedimiento ordinario de tramitación de partes y control horario –que realizó desde su propia cuenta de usuario– sino, también, a través de los correos electrónicos que, dentro del desempeño ordinario habitual de cualquier profesional de la compañía, intercambiaba con sus responsables técnicos y organizativos, entre los cuales la empleada llega a detallar los días de la semana que tiene más carga de trabajo o la distribución semanal de su actividad laboral».
Según Ineco, «este seguimiento se intensifica durante la pandemia del COVID-19 y la implantación del teletrabajo y, al informe diario que enviaba detallando las tareas desarrolladas y el tiempo empleado en las mismas, hay que añadir el control de sus responsables directos que preguntaron cuando correspondió (y obtuvieron respuesta y corrección por parte de la empleada) sobre la imputación de ciertas horas».
«Todos estos trabajos, dentro del encargo correspondiente, fueron certificados por Ineco y revisados, aprobados y abonados por el propio cliente donde la empleada prestaba servicio», asegura.
CORREOS, REGISTROS HORARIOS Y SOLICITUD DE VACACIONES
Con todo, la empresa anuncia que, «ante esta situación, y en defensa de la reputación de Ineco y de sus profesionales, del buen hacer de las responsables que supervisaron e hicieron seguimiento de la labor desempeñada por la citada ex empleada, y con el firme compromiso con la transparencia y la justicia, Ineco procederá a contactar con la Fiscalía Anticorrupción, poniéndose a su entera disposición para facilitar toda la documentación interna relacionada con el seguimiento de su actividad laboral, con el fin de que pueda esclarecerse el testimonio de esta persona».
En un comunicado posterior, también de este jueves, Ineco subraya que «las declaraciones realizadas por esta persona, el día 27 de febrero, en relación a su vinculación laboral con la empresa, no coinciden con la documentación interna existente y los actos propios que ella misma dejó registrados».
En consecuencia, informa de que «ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción hoy toda la documentación relevante, que acredita, de manera fehaciente, el seguimiento que la compañía ejerció sobre su actividad laboral».
Se trata, en concreto, del contrato laboral, la «relación jurídica entre Ineco y Adif Alta Velocidad que trajo causa de la contratación», los «registros de control horario y partes de trabajo que recogen las horas trabajadas y asignadas al proyecto», los «correos electrónicos en los que detallaba su carga de trabajo semanal, las horas trabajadas al día y solicitudes de vacaciones», las «comunicaciones con sus responsables relativos a incidencias en el desarrollo de sus funciones» y «certificaciones mensuales de los trabajos realizados por Ineco, revisados, aprobados y abonados por el cliente Adif Alta Velocidad».
En una carta, dirigida al fiscal del caso y jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ineco precisa que esos registros de control horario y los partes de trabajo recogen 3.684,23 horas trabajadas y «asignadas a proyectos».
«Sin perjuicio de lo anterior, cualquier otra documentación que desde esa Fiscalía nos sea requerida, quedamos atentos a sus indicaciones para proceder con su remisión o cualquier otro aspecto que estime conveniente», añade Ineco en la misiva.
Tanto en su mensaje interno a la plantilla como en su comunicado, Ineco concluye aseverando que, para la empresa, «sus profesionales son el principal valor que posee». En esta línea recuerda que en los últimos tres años ha impulsado «una profunda transformación laboral basada en la estabilización del empleo, la potenciación de la carrera profesional y la mejora de los estándares de transparencia en toda la política de recursos humanos». «Esta prioridad seguirá siendo el eje central de Ineco cuyo talento, rigor y solvencia son señas de identidad de la compañía», afirma.
