El fiscal Anticorrupción del Tribunal Supremo, Alejandro Luzón, considera que el piso de la Plaza España en Madrid que la ‘trama Koldo’ pagó a la ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jesica Rodríguez, es uno de los indicios de cohecho que acumula el exdirigente socialista en la causa en la se le investiga en el Tribunal Supremo.
En un escrito fechado el 28 de febrero el fiscal jefe de Anticorrupción señala que, además del piso en cuestión, también está el chalet en la localidad andaluza de La Alcaidesa, y las entregas de metálico del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, al ex asesor ministerial Koldo García.
«Señala la recurrente (defensa de Ábalos) que, por ejemplo, el piso arrendado en la Plaza de España, cuyas rentas fueron satisfechas en su mayor parte por un socio del Sr. Aldama y, en principio, por encargo de éste, nunca estuvo ocupado por el Sr. Ábalos. Siendo ello cierto, lo es también, evidentemente, que el referido apartamento era ocupado en período ya tantas veces referidos por la persona, que según el propio Sr. Ábalos Meco sostuvo en su declaración como investigado, era en ese momento su pareja sentimental».
«Baste señalar, en lo que se refiere solo al delito de cohecho, que el disfrute por la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama a Koldo García, asesor -más bien, «asistente», en palabras del propio aforado- para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos Meco constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo», apunta Luzón.
Al final de uno de los apartados el escrito de Fiscalía concluye que «en definitiva, solo puede, en este momento, confirmarse la existencia de razonables indicios de la posible comisión por parte de don José Luis Ábalos de diferentes ilícitos penales que, con el provisionalísimo carácter que corresponde a este momento procesal, podrían colmar, cuando menos, las figuras delictivas de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho».
Para la Fiscalía, se trata de «delitos de indiscutible gravedad que exigen activar, al menos», las medidas cautelares que han sido ya acordadas por el magistrado instructor Leopoldo Puente: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la justicia.
Anticorrupción entiende que dichas medidas son necesarias para que Ábalos «no pueda sustraerse a la acción de la justicia» y comparezca en la causa «cuando fuere llamado». A su juicio, son medidas «plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria», como señala el magistrado.
En el marco de su escrito, el Ministerio Público recuerda los argumentos de Ábalos para pedir que se levantaran dichas medidas cautelares. «Plantea el recurrente que hasta la fecha ha comparecido a declarar voluntariamente y no ha dado muestras de pretender sustraerse a la acción de la justicia, circunstancias que, junto al hecho notorio de su condición de diputado, han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para no solicitar otras medidas más restrictivas de su libertad», señala.
Este miércoles, el instructor confirmó su decisión de mantener la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, aunque accedió a permitir que el ahora diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente ante el Supremo o ante el Juzgado Decano de Valencia, localidad en la que reside.
