El pacto entre PSOE, PSC y Junts no solo trata como inmigrantes a los venidos a Cataluña de otros países, sino también de otra comunidad autónoma. Lejos de proponer una Ley Orgánica, el Gobierno ha defendido una proposición de Ley, que realizan los partidos políticos, una maniobra para evitar una nueva derrota parlamentaria por la falta de consenso. Solo el voto de Podemos decidirá si finalmente Cataluña expulsará a la Guardia Civil y a la Policía Nacional dado que el PNV y el PSOE vasco exploran las vías para beneficiarse de esta nueva humillación en las competencias.
Fernando Grande-Marlaska, desaparecido por una supuesta enfermedad a pesar de tener su agenda activa, no se ha pronunciado aún. El ministro de Interior se opuso a esta entrega de competencias, más después de asegurar que la delegación o cesión en materia de inmigración es «inconstitucional», como también lo aseguraron Pedro Sánchez y Pilar Alegría, presidente del Gobierno y la ministra de Educación. Como todo en este PSOE, el cambio de opinión encaja a la perfección si sirve para mantenerse en La Moncloa. Ya lo dijo el jefe del Ejecutivo: «Hacer de la necesidad virtud».
EL ESTÉRIL DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CESIÓN DE INMIGRACIÓN A CATALUÑA
El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se han enredado con los artículos de la Constitución, como el 149 y el 150.2, concretamente. Ambos artículos apuntan a la limitación y cesión de competencias. Según la lectura de los socialistas, todas las competencias son transferibles, aunque vayan en contra del espíritu de la norma, firmada hace casi 50 años y con un contexto muy distinto al de ahora.
Los socialistas se acogen a ese articulado para traspasar el control de fronteras o la gestión de Extranjería, pero «si nos colocamos en la imagen del año 78, cuando se hizo la Constitución, no pensaban que íbamos a llegar a donde hemos llegado, es decir, el modelo autonómico ha superado claramente lo que podíamos pensar en el año 78, sobre todo desde un punto de vista de funcionamiento práctico», ha señalado Rafael Arenas, experto en Derecho y miembro de Impulso Ciudadano, una de las plataformas constitucionalistas en Cataluña más combativas desde el inicio del procés y aún 20 años después.
ESPAÑA SE MARCHA DE CATALUÑA CON LA LEY BENDECIDA POR EL PSC DE SALVADOR ILLA
«España, de facto, es una confederación de comunidades autónomas», apunta. Para ello, pone como ejemplo la gestión del Covid-19, donde se permitió a cada autonomía tomar sus propias decisiones, a excepción de los primeros seis meses.
«Es una aberración», asevera en relación al pacto entre PSOE y Junts, más cuando la Carta Magna pone límites a la cesión de competencias, como la propia naturaleza de la misma. «Si nos olvidamos de la mentalidad del 78, por su naturaleza que competencia estatal no puede ser transferida», destaca. En este sentido, el PSOE abriría la puerta a entregar la competencia de Defensa a la Generalitat o la de infraestructuras críticas, como centrales nucleares y gestión de residuos.
«Todas pueden ser transferidas», insiste Arenas en la lectura que hacen el PSOE, PSC y Junts. En este sentido, considera que si la nueva proposición de Ley fuera llevada al Tribunal Constitucional, el propio TC, dirigido por socialistas, podría dar luz verde, como al resto de competencias que pidan las Comunidades.
«El problema que tenemos aquí es que no nos podemos refugiar en la legalidad para una cosa como esta», ha afirmado. «No nos podemos refugiar en no es que sin constitucional, hemos llevado a España a una situación en la que prácticamente ha desaparecido de hecho», ha continuado. En este sentido, desde la perspectiva de una persona que vive en Cataluña, España no existe y con esta transferencia acaba de rematarlo».
No es una cuestión de si es inconstitucional, es que es inadmisible
Como ejemplo de ello pone el control de pasaportes en el aeropuerto de El Prat. El viajero se encontrará con un Mosso d’Esquadra en vez de a un Policía Nacional, como sí se encontraría en Barajas. Pero la situación se complica aún más cuando sean los Mossos d’Esquadra quienes tengan que decidir si renuevan el permiso de trabajo, dado que controlarán los contratos en origen.
LOS PERMISOS DE TRABAJO DE EXTRANJEROS DEPENDERÁN DE LA GENERALITAT
«Es uno de los pasos más importantes en la desaparición de España en Cataluña que hemos tenido hasta ahora», ha denunciado. «No es una cuestión de si es inconstitucional, es que es inadmisible», apostilla. «Si queremos que España siga existiendo en Cataluña hay que movilizarse, siempre y cuando España no sea nada más que una etiqueta para representar a alguien en Eurovisión, pero prácticamente nada más», ha comentado.
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Para frenar el relato del PSOE, que incide en el pacto del PP en 1996 en el Majestic, cuando José María Aznar entregó la cabeza de Alejo Vidal-Quadras en una bandeja a Jordi Pujol, así como más competencias a la Generalitat, como tráfico, Arenas propone crear un «estado de opinión» que movilice a todo el constitucionalismo en todos los rincones de España para que todo el español pueda votar sobre esta cesión del Gobierno, del PSOE y PSC, a Junts, «hasta que se les caiga la cara de vergüenza».
A su juicio, el debate sobre si esta concesión a los independentistas, con un ministro del Interior callado, es o no constitcional es un argumento estéril. «No va a funcionar ni tampoco va a servir de nada. Tenemos que ir a otro paso, es que no me importa si es constitucional o inconstitucional, es que es inadmisible», ha añadido.
LA CREACIÓN DE UN ESTADO DE OPINIÓN: ES LA HORA DE DAR LA BATALLA POLÍTICA
«Es inadmisible que aquí vayamos a crear una separación, con permisos de trabajo que vayan a ser específicamente para Cataluña, que además les vamos a exigir el catalán», ha denunciado. Esta es una de las aristas del preámbulo, escrito y firmado por Patxi López y Míriam Nogueras, representantes de PSOE y Junts, respectivamente. «Eso está en la exposición de motivos de la ley, ya no es el texto articulado, pero es inadmisible que un requisito para integrarse en Cataluña sea la catalanidad», destaca.
En resumidas cuentas, «Para el catalanismo, si tú estás dispuesto a asumir la catalanidad te integrarás y si no, no, te imagina una cosa equivalente en otra comunidad autónoma», reflexiona. Se distingue entre los nacidos en Cataluña y los nacidos fuera de Cataluña, incluidos los venidos de otras regiones españolas, para poner a todos en las mismas condiciones.
Antes que al Constitucional, considera que debería hacerse un relato para decir la verdad: «Es inadmisible». Debemos preguntar: «¿Queremos este país o no? ¿Queremos seguir en esta línea hacia el precipicio o queremos dar marcha atrás?». «Es es el momento de plantearlo así y dejar de refugiarnos en si es o no constitucional», aboga.
JUNTS Y PSC IMITAN EL LABORATORIO DE BALEARES DE ARMENGOL
Hasta ahora, Rafael Arenas había argumentado cada paso del independentismo y del PSOE sobre la legalidad, pero este paso ya no es un problema legal, sino político y por tanto hay que enfrentarlo desde la política.
En este sentido, señala directamente las consecuencias sobre los trabajadores extranjeros en Cataluña, aquellos que tienen que renovar papeles para mantener el trabajo. Estos tendrán que acreditar un cierto nivel de catalán y Junts impondrá el C, un nivel pedido para quienes son casi bilingües, siguiendo los pasos exigidos a los funcionarios, como ocurrió también en Baleares, con Francina Armengol, presidenta del Congreso, y cuyas leyes vaciaron unidades médicas de oncología por no tener el requisito del catalán.
En este sentido, no solo se verán afectados los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, como también a los trabajadores extranjeros. Por ello, ve necesario realizar el mayor ejercicio de pedagogía de las últimas tres décadas para poner en su sitio a Junts, PSOE y especialmente al PSC, con un Salvador Illa callado y sirviendo como nadie más sabe hacer de muleta del independentismo con el objetivo en recoger después los votos de Junts y de parte de ERC.
Por ello, defiende que los partidos constitucionalistas deben recordarlo en cada tertulia, entrevista, declaración y que sea una lluvia fina que cale en la opinión pública: «Es la desaparición de España en Cataluña, la inmigración y control de fronteras son de los pocos elementos comunes que existen en todas las Comunidades, la introducción de discriminaciones entre unos españoles y otros, entre unos extranjeros y otros, que están todos en España, pero con reglas especiales en Cataluña». «Lo que me parece gravísimo es que pase a ser ley
orgánica del Estado la obligación de asumir la catalanidad para estar integrado en Cataluña».
«Es la fragmentación de la sociedad, que es lo que quieren los nacionalistas, convertir a Cataluña en su cortijo particular», incide. En este sentido, pronostica un vaciamiento de extranjeros en Cataluña debido a los requisitos. Así, espera que muchos se vayan a otras comunidades, mientras que los catalanes no llegarán a cubrir las ofertas de trabajo por falta de «catalanidad».
LA PEOR LEY DESDE LA DESCONEXIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2017
«. «El tema es que el nacionalismo no busca una sociedad que funcione, le importa cero. Lo que quiere es avanzar en su programa de exclusión», afirma.
«Eso es lo que quiere nacionalismo. y por tanto los perjudicados directamente son los que has mencionado policías, guardias civiles y los extranjeros que viven en Cataluña, pero inmediatamente vamos el conjunto de los catalanes que vamos a tener una sociedad peor más diferenciada pero peor, claramente peor», ha comentado.
Esta «separación no es más que una consecuencia que el propósito de los nacionalistas que
es separarnos, dividirnos y alejarnos del resto de los españoles», sostiene Arenas. En este sentido, la normativa propuesta por PSOE, PSC y Junts «recuerda a las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017». «Después de esas, lo más parecido que he encontrado es esto. Peor que la amnistía».
