El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja que instruye la causa por la muerte de 227 personas tras el paso de la DANA el 29 de octubre de 2024 ya ha recabado centenares de testimonios de familiares de víctimas de la tragedia de Valencia. Pero la juez también ha tenido que instruir casos cuando menos extraños, como el de Miguel M.M., dado por muerto mediante un auto judicial dictado por un juzgado de Granada en 2015, que dató la fecha oficial de su muerte en agosto de 1994; pero cuyo cadáver se encontró en un campo de naranjos de Valencia, en concreto en el término municipal de Quart de Poblet.
El caso consta en el sumario al que ha tenido acceso MONCLOA, tras las diligencias de investigación abiertas por un juzgado de Catarroja, en febrero de 2025.
Pero en el caso de Miguel fue un juzgado de Quart de Poblet el que recibió la notificación del hallazgo del cadáver el 11 de noviembre de 2024. Ese mismo día, el juzgado de instrucción 2 de esta localidad valenciana tomó declaración por videoconferencia del sistema Webex a una de sus hijas, Jessica. Hasta aquí todo lo normal que las circunstancias lo permiten en un caso de este tipo.
La sorpresa vino cuando Jessica respondía a la juez instructora que «desconoce el estado civil de su padre y que su padre fue declarado fallecido en el año 2015 por un auto 524/2016 del 09/12/2016 por el Juzgado número 14 de Granada». En resumen, la mujer explicó que Miguel M.M. había muerto legalmente en agosto de 1994 tras la petición de declaración de fallecimiento de sus hijas, tras el auto dictado por un juzgado en 2015 que estableció la fecha de su muerte diez años después de su desaparición, como marca la ley.
La mujer explicó que no tenía contacto alguno con su padre desde que tenía 8 años y que «tiene una hermana llamada Sara, que tiene 2 años y medio menos que ella, que sus padres se divorciaron siendo su hermana Sara sólo un bebe». Es decir, que Miguel salió de su casa en Granada en agosto de 1984, hace 40 años, abandonando a su mujer y sus dos hijas y jamás volvieron a saber de él, al menos hasta noviembre de 2024, cuando el juzgado de Quart de Poblet se puso en contacto con ella.
Para añadir más intriga al caso, la mujer explicó que «no puede económicamente hacerse cargo del cuerpo y su hermana no quiere» y pide que «los servicios sociales se hagan cargo del cuerpo». De esa manera, la hija del fallecido daba por terminada su comparecencia, visiblemente enfadada por saber que su padre, o el cadáver de quien fue su padre biológico, había sido encontrado 40 años después de desaparecer.
Mientras tanto, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia terminaban de completar la autopsia de Miguel, «de aproximadamente 72 años», concluyendo que el origen de la muerte «es violento, accidental, entre el 29 y 30 de octubre de 2024» y la causa fundamental queda establecida en «asfixia mecánica por sumersión en medio lodoso». Es decir, no hay duda de que a Miguel se lo llevó la riada del día 29 de octubre, convirtiéndose en una de las 227 víctimas de aquel trágico suceso.
El día 30 de octubre la Guardia Civil, en concreto el Servicio de Criminalística, habia logrado identificar el cadáver de Miguel gracias a sus huellas dactilares y remitieron la información al juzgado el 10 de octubre con el número de su DNI, el lugar de nacimiento en Dúrcal (Granada) y la fecha del mismo, 22/06/1952. Es decir, Miguel tenía 72 años cuando murió.
Luego el juzgado encontró a las hijas. ¿Cómo? Se desconoce. Pero tras escuchar en declaración a la mayor, la juez Zulema García dictó una providencia dirigida al ayuntamiento de Quart de Poblet para «requerir a los servicios sociales, a fin de que informen sobre la posibilidad de proceder a un enterramiento de beneficencia o en su caso, las diligencias que estimen convenientes».
La respuesta del ayuntamiento de Quart de Poblet fue que «ni esta persona ni sus familiares están empadronados en el municipio (…) no obstante, consultados los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, habiendo sido encontrado en el término municipal de Quart de Poblet, sin nadie que se haga cargo, les traslado que podemos gestionar el entierro de beneficencia con cargo a los presupuestos municipales».
La remitente del mail, una coordinadora municipal, también pedía al Juzgado que «indiquen si su aparición ha sido a consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre, dado que este Ayuntamiento está elaborando una memoria para la financiación externa de las acciones de recuperación del municipio en la que se podría incluir».
Pero el 19 de noviembre desde el Ayuntamiento mandaban otro correo con noticias nuevas al juzgado de Quart de Poblet: «Han contactado los familiares con nosotros y parece ser que se quieren hacer cargo del entierro de Miguel M.M. Ruego esperéis a la nueva comparecencia con las hijas y os enviamos oficio rectificando».
Ese mismo día el Juzgado volvía a llamar por teléfono a Jessica, la hija mayor de Miguel, para confirmar si realmente se querían hacer cargo del entierro de su padre. También llamaron a Sara, la otra hija, que confirmaba el cambio de opinión de la familia.
Luego las hijas aportaron al juzgado los datos completos de filiación de su padre, los nombres de los abuelos, un pasaporte antiguo, el auto del juzgado de Granada declarándolo muerto y una copia de la hoja del libro de familia donde constaba Miguel domiciliado en Tarragona y de estado civil «soltero».
El auto judicial que aportaron era una declaración de fallecimiento de Miguel M.M. que recoge que «desapareció el 1/8/1984 de su último domicilio conocido en (…) Dúrcal, Granada, sin que posteriormente se haya tenido de él más noticias» y que su estado civil era «separado». Tal y como dicta la Ley, se publicó la petición para declararlo fallecido en dos periódicos, uno local, el Ideal de Granada y otro de tirada nacional, el diario El País.
Como transcurridos los plazos legales nadie dio noticias del paradero de Miguel el juzgado de Granada estableció por sentencia de 2015 que la fecha de su muerte fue el 1 de agosto de 1994, justo diez años después de su desaparición.
VÍCTIMA DE LA DANA
Con toda la documentación el juzgado de Quart de Poblet autorizó la cremación del cadáver el 19 de noviembre de 2024 en el Crematorio Municipal de Valencia. Miguel fue incinerado por operarios municipales el 19 de noviembre de 2024 a las 9 y media de la mañana. Las cenizas se mandaron a sus hijas a través de una funeraria, que pagaron los gastos de la cremación.
El 17 de febrero de 2025 el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja se hizo cargo en una única causa de instruir la investigación por todos los fallecimientos durante la DANA, así que a petición del fiscal de Quart de Poblet la jueza que había investigado la segunda muerte de Miguel dio traslado de todas las actuaciones a Catarroja para que las hijas, si lo desean, puedan personarse como perjudicadas en la macrocausa que se instruye todavía. Y así, de esta manera, las dos hijas de Miguel lograron por fin cerrar la dolorosa herida abierta hace 40 años.
