El ex ministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo, por medio de su representación legal, que no le retire el pasaporte ni le haga firmar los días 1 y 15 de cada mes en el Tribunal Supremo y que, de manera subsidiaria, se le permita firmar en Valencia o «si se encontrase en España o fuera de Madrid (…) o de su domicilio familiar de Valencia, pueda cumplir dicha obligación en cualquier otro Juzgado».
El magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa contra Ábalos en el Tribunal Supremo, adoptó esta medida el pasado 20 de febrero tras escuchar durante casi una hora el testimonio del ex ministro. Luego su abogado recurrió y el juez desestimó ese recurso. Entonces el abogado de Ábalos recurrió en apelación.
En ese recurso, presentado el 25 de febrero, el ex ministro pedía dejar sin efecto su retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días en la propia sede del Supremo en Madrid.
El escrito recoge que «esta parte indicó que D. José Luis Ábalos no tiene previsto ni precisa emprender viaje alguno al extranjero, pero aún siendo así, lo que este Excmo. Sr. Magistrado Instructor, no ha tenido en cuenta, es que mi representado, por más que realice un viaje al extranjero, tiene obligación de volver dado que como se puso de manifiesto, es diputado del grupo mixto y debe acudir a las sesiones semanales del Congreso de los Diputados y que además, se trata de una persona cuyo rostro es fácilmente identificable debido a su carácter público, por lo que difícilmente puede realizar viaje alguno al extranjero sin que éste sea reconocido por cualesquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Además, argumenta la defensa, Ábalos «carece de una vida al uso, todo ello debido a su condición de aforado y que la toma de medidas cautelares como son la retirada de pasaporte y la obligación apud acta los 1 y 15 de cada mes, ante su ya delicada situación personal y popular, denostarían aún más si caben su imagen, siendo que éste carece de un total de absoluto riesgo de fuga, tanto por su condición como hemos dejado dicho de parlamentario, tiene cinco hijos de los cuales tres son menores de edad».
El abogado de Ábalos lamenta además que el Supremo le obligue a ir a comparecer los días 1 y 15 de cada mes en la Secretaria de la Sala Segunda a pesar de que tiene su domicilio familiar en al ciudad de Valencia. Y solicita que pueda firmar en todo caso en los juzgados de su localidad o en otro donde se encuentre en ese momento.
Por otro lado, explica que la decisión de Puente para adoptar estas medidas se sustenta «en un resumen de las actuaciones» que recogía que tenía una relación personal con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Puntualiza que «únicamente tuvieron algún encuentro en persona» y que eso «no implica que dicha relación haya devenido en estrecha».
Además, sostiene que difícilmente pudo haber percibido dádiva alguna en inmuebles, y recalca que el piso de Plaza España «no era disfrutado» por él porque es conocido que «nunca residió en él».
Sobre el chalé de la urbanización gaditana de La Alcaidesa incide en que abonó fianza por ese alquiler y que fue posteriormente desahuciado por lo que «hay inexistencia de beneficio económico. Sobre el tercer piso en cuestión, añade que tampoco se produce el pago del valor del mismo dado que «jamás adquirió la citada vivienda».
Explica, por otro lado, que como ministro no tenía «ninguna facultad para conceder licencias de hidrocarburos» por lo que «difícilmente se podía tratar de conseguir algo que a todas luces» Ábalos pudiera lograr.
