La quita o condonación de más de 17.000 millones de euros a Cataluña es solo un paso más en el acuerdo de investidura del PSOE y ERC. Este solo es uno de los 70 pactos firmados entre ERC y Junts, que se han acelerado este lunes, en plena semana de calvario judicial del PSOE, con un batacazo histórico de los socialistas en Alemania y la invasión de Ucrania.
Ni la Generalitat de Salvador Illa ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen Presupuestos, pero buscan apoyos debajo de las piedras a cambio de lo que sea. Se necesitan los 14 escaños de ERC y Junts y la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es solo un paso. El pacto se fraguó en verano de 2023 y no se ha materializado hasta ahora.
El anuncio ha centrado la atención y los focos han pasado desapercibidos sobre la creación de un grupo de trabajo creado en 2007 para «dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatut, sobre las inversiones del Estado en Cataluña».
Este pacto es claramente inconstitucional, al ser tumbado por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010. En concreto, los socialistas buscan que el Estado invierta en Cataluña el mismo porcentaje de su peso en el PIB, es decir, un 20% de los Presupuestos en inversiones en infraestructuras debe ser en la CC AA. Para el TC fue literalmente papel mojado, una mera petición, por lo que fue eliminado del Estatuto de 2006, el inicio de todo el ‘procés’, según los nacionalistas y socialistas.
EL PACTO DEL ESTATUTO ES ILEGAL
Si todas las CC AA pidieran exactamente lo mismo en sus propios Estatutos, no habría inversión para el Estado en sus propias infraestructuras.
Asimismo, En paralelo, se encarga a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat poner en marcha un grupo de trabajo para la creación del consorcio paritario en materia de inversiones.
«La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto (PIB) de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas», rezaba la ilegal Disposición Adicional Tercera.
La nueva normalidad de Salvador Illa también incluye que «se constituirá una comisión, integrada por las Administraciones estatal, autonómica y local». El TC afirmó que «tal disposición no puede tener, en modo alguno, como ahora se dirá, efectos directamente vinculantes para el Estado», como también sentenció el Tribunal Supremo.
MÁS PASOS PARA LA SALIDA DEL ESTADO DE CATALUÑA
Los presidentes autonómicos votarán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para este miércoles, y con las cartas boca arriba al tener el PSOE el 50% del total de los votos. Es decir, la decisión se ha adoptado de forma unilateral entre los independentistas y el PSC, con independencia del «no» de los barones del PP.
La trampa del acuerdo reside en la letra pequeña, ya que serán las Comunidades Autónomas quienes pidan este privilegio. A cambio, ninguna de las favorecidas podrá reducir impuestos a la riqueza, es decir, habrá condonación de deuda a cambio de aumentar los tributos.
La mayoría de las CCAA sostienen desequilibrios financieros, pero también bajos impuestos, una estrategia fiscal que permite hacer cábalas para cuadrar los números. La más perjudicada es sin duda alguna Madrid, la Comunidad que no se acogió al Fondo de Liquidez Autonómico y que mantiene la presión fiscal más baja de toda España. Con esta medida, todos la presión volverá a centrarse en Madrid y al mismo tiempo impedirá al resto de CCAA dirigidas por los ‘populares’ vender una bajada de impuestos para próximos comicios, como Andalucía y Castilla y León, que se juegan el Gobierno en febrero de 2026.
El Gobierno del PSOE y Sumar junto con el inestimable apoyo del PSC no solo han pactado la quita de deuda, sino también han acordado elevar el número de efectivos de los Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030. Son 3.000 más de los propuestos en un primer momento con el pacto de investidura.
EL PLAN DE LOS JUZGADOS, PAGADO POR EL ESTADO A PESAR DE LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT
Pero no es la única promesa. Salvador Illa, investido el pasado mes de agosto, prometió en su programa electoral elevar el número de Juzgados. No ha realizado ningún cambio, mientras Cataluña está devorada por la criminalidad y la inseguridad. Ahora, el Gobierno ha pactado con la Generalitat el inicio de un «plan de choque para actualizar los juzgados», pero sin que se haya concretado ningún anuncio ni tampoco señalado el número concreto de Juzgados ni su especialización, como tampoco se ha colocado una sola piedra para las viviendas de carácter social, a pesar del grandilocuente anuncio de edificar 50.000 inmuebles.
Otro de los acuerdos pasa por la recuperación de las funciones previas a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administración de 2013. De esta forma, «la Administración más cercana podrá mejorar la planificación de recursos y del personal con habilitación de carácter nacional», afirman en el pacto. El problema de esta ley es que Sumar busca su derogación para dar paso a una nueva normativa de gobiernos locales.
El Estado desaparece poco a poco de Cataluña con el pacto entre el Gobierno y la Generalitat de Salvador Illa
Asimismo, el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno hunde la presencia del Estado en Cataluña con la «puesta en marcha de un proyecto piloto para un servicio de ventanilla única que integre el conjunto de servicios y tramitaciones del Estado y de la Generalitat».
EDIFICIOS ENORMES PARA LA GENERALITAT
Por otro lado, también se acuerda la ampliación del uso de parte del edificio de la Plaza Eusebi Güell, 4-5 para que la Generalitat pueda dedicarlo a cualquier uso admitido por el planeamiento urbanístico y el inicio del expediente para ceder el edificio situado en Ronda Sant Pere, 41. El primero de los edificios es la antigua sede de la Seguridad Social en Barcelona, mientras que el segundo pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social y está en desuso desde 2015. Cuenta con más de 5.000 metros cuadrados y está ubicado detrás del monumento de Rafael Casanova. Su estado de conservación es óptimo a pesar de los años.
Con estas cesiones, el Estado poco a poco desaparece de Cataluña, como también lo harán las fuerzas y cuerpos de seguridad, como Policía Nacional y Guardia Civil, así como los funcionarios de la Agencia Tributaria con oposición del Estado.
La Comisión Mixta de Transferencias Estado Generalitat se han concretado las materias tratadas en la reunión celebrada el 15 de enero en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero no se han dado a conocer hasta un mes y medio después.
MÁS ENTREGAS A CATALUÑA: LA CHE DARÁ FINCAS A LA GENERALITAT
Asimismo, también se han transferido la gestión de becas y ayudas al estudio, que se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026; la actualización de los módulos por la implantación de unidades judiciales en Cataluña; la transferencia del canal Xerta Sènia en los términos municipales de Godall, Roquetes, Santa Bárbara y Tortosa.
Además, de la transferencia de nueve obras hidráulicas, en el marco de trabajos ejecutados por el programa de saneamiento de las aguas residuales urbanas en la cuenca del Ebro y de las actuaciones de reutilización de las aguas de la depuradora del Baix Llobregat; y dos transferencias más en materia de conservación de la naturaleza, con la finca forestal Arnui (Pallars Sobirà) y la finca rústica El Vilar (Alt Urgell), que hasta ahora han sido propiedad de la Conferencia Hidrográfica del Ebro.
