Otro pleno complicado en la Asamblea de Madrid, algo que no es novedad pero que cada vez toma tintes más personales. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendiendo las actuaciones de su pareja, Alberto González Amador, por un lado. Y por otro, Óscar López, secretario General del PSOE de la Comunidad de Madrid que hace de defensor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con reproche y acusaciones sobre temas familiares y los problemas de los mismo con la justicia. De manera continua por amabas partes. Ahora el contrataque ha venido de parte de Ayuso con el impulso de la internacionalización de las protestas, demandas y recursos contra la proposición de ley presentada por el PSOE para limitar la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ‘LEY BEGOÑA’
Dicha propuesta ha sido conocida despectivamente desde el lado popular como la «Ley Begoña». En este sentido, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó por vía de urgencia introducir dos peticiones ciudadanas sobre el Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España. Estas peticiones se llevarán a su análisis por parte de los eurodiputados en la sesión de la comisión del 16 y 17 de marzo.
Ya el pasado 23 de enero de 2025 se registró una primera petición contra la «Ley Begoña». Según el peticionario, esta iniciativa responde de forma «ad hoc» a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos “políticos”.
El citado peticionario también recuerda que la ley permitiría al Ejecutivo blindarse de investigaciones judiciales, dejando el control en manos de un “Fiscal General cuya independencia está en entredicho y que enfrenta una causa penal por abuso de su cargo”.
Por estos motivos, pide a la Comisión Europea una investigación preliminar sobre esta ley por si el Gobierno, respeta o infringe la normativa europea (en particular los arts. 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO. Además, solicita también que se remita la petición a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales, para el oportuno seguimiento de la iniciativa.
Asimismo, esa misma parte solicita que se adopten todas las medidas para tratar de resolver la situación, acordando la celebración de audiencias, visitas de información o preguntas a la Comisión o al Consejo.
Otro dato importante es que ese mismo día también entró una segunda petición para denunciar que la reforma de la acción popular limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas. Además, establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos.
Por otro lado, el peticionario subraya que la nueva causa de abstención obliga a jueces a apartarse de casos si han expresado opiniones críticas o participado en actos relacionados con las instituciones o sus representantes. Esto supone un ataque a la libertad de expresión y podría derivar en una persecución ideológica dentro del poder judicial.
Dado el riesgo de quiebra del Estado de Derecho, solicita al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue si la ley infringe el derecho comunitario y los principios democráticos de la UE y que la petición sea remitida a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Constitucionales para su seguimiento.
AYUSO EUFÓRICA
En el clima de acusaciones entre ambas partes la euforia ha venido por parte de la presidenta madrileña, que se ha hecho eco de forma jocosa de la investigación por parte del Parlamento Europeo va a investigar la situación del Estado de Derecho en España por la “Ley Begoña” y la “falta de independencia del Fiscal General imputado”. Todo ello en medio del Pleno de la Asamblea de Madrid.
Ayuso ha declarado que «la Ley Begoña es un elemento para socorrer a familiares en apuros, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del Fiscal General imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político.
«Eso es lo que están haciendo. Y las instituciones europeas también tienen que saber que el Gobierno está intentando retorcer las instituciones, el Poder Judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación, es decir, que el Gobierno siempre quede impune porque siempre están ustedes por arriba para salvarles y para amnistiarles… de los ERE de Andalucía, del procés o del pobre fiscal que ahora va de víctima y necesita que le vuelvan a indultar como todas las personas que le rodean», se explayó la presidenta madrileña
Esto se va a saber en Europa y ya nos encargaremos, aunque me alegro de que este Parlamento dé un paso adelante. El Gobierno no puede quedar impune y esto destruye la democracia. Sánchez se pone al frente ahora de muchas fotos. Es el que no hace nada, abre la puerta a dictaduras bolivarianas y aquí es profundamente antidemocrática, que se sepa», explicó Ayuso.
