La Dirección General de la Guardia Civil valora no renovar el permiso de armas al exasesor ministerial Koldo García debido a que consta como investigado por varios delitos en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.
Así consta en un oficio de la Benemérita de 3 de febrero, en el que se explica que Koldo García ha pedido renovar el permiso para el uso de escopetas de caza y para rifles de cañón rayado en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Benidorm (Alicante) y que una vez consultada la documentación aportada y los informes de conducta preceptivos constan antecedentes judiciales y policiales.
Añade que a la vista de estos antecedentes y del informe de conducta preceptivo, la Intervención de Armas y Explosivos «podría Proponer la denegación de la solicitud de Renovación de las licencias de armas solicitadas, en virtud de las atribuciones conferidas». Y le concede 15 días para que «pueda presentar cuantos documentos, justificaciones y alegaciones estime pertinentes».
LA MEDALLA AL MÉRITO
Se da la circunstancia de que la Dirección General de la Guardia Civil también ha abierto un expediente a Koldo García para prohibirle el uso de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco que le fue otorgada siendo ministro del Interior el ‘popular’ Juan Ignacio Zoido en 2018.
Así consta en un expediente en el que consta como instructor el coronel de la jefatura de personal, Aniceto Martín, y en el que se resalta que a quien compete la resolución final es al ministro Fernando Grande-Marlaska.
En el mismo se apuntaba que el expediente se abrió de conformidad con lo dispuesto el pasado 24 de enero por el propio ministro, cuando en un escrito de Grande-Marlaska se explicaba que había tenido conocimiento de que Koldo García «se encuentra incurso en calidad de investigado» en una causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y que esta situación «pone de manifiesto una conducta atentatoria al prestigio del Cuerpo».
Esta circunstancia exige la adopción de medidas legales que procedan en relación al uso de la condecoración, especialmente por la gran difusión que ha recibido la noticia en medios de comunicación y la alarma social producida», explicaba el ministro.
