La magistrada Nuria Ruiz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, explica en un auto dictado sobre varias personaciones solicitadas en la investigación que instruye sobre las consecuencias de la DANA de Valencia del pasado 29 octubre de 2024, que «los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí».
La juez hace esta reflexión en un auto donde responde a la asociación de Damnificados Dana Horta Sud que presentó una querella por «homicidios imprudentes, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro». La tragedia se saldó con 224 muertos y 3 desaparecidos.
La juez añade que en su juzgado «no se investigan los daños por imprudencia grave». Respecto a los fallecidos dice la juez en el mismo auto que «constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue a las 20:11 y errado en contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí».
La juez pide a la asociación que, antes de admitir su personación, «identifique quien de entre sus miembros resultaron lesionados, el tipo de lesiones que sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa».
VÍCTIMA DE LA DANA
En cambio, la juez sí ha aceptado la personación en la causa de la asociación Liberum como acusación popular y también para ejercer la defensa letrada de Yolanda G.R., una mujer que perdió en la Dana a su hermano, su cuñada y su sobrino, de sólo 4 años de edad.
Alexis Aneas, abogado de Liberum, explicó que la asociación está preparando una batería de preguntas par presentar en el juzgado «a fin de obtener toda la información necesaria para esclarecer lo realmente sucedido en esta tragedia».
Hay que recordar que Liberum ya presentó ante la Comisión Europea (CE) una denuncia contra el incumplimiento reiterado por parte del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Vicepresidencia Tercera del Gobierno), de la Confederación Hidrográfica y de otras Administraciones Públicas de la Directiva 2007/60/CE, por haber contribuido y agravado significativamente la tragedia sufrida desde el pasado 29 de octubre de 2024, en múltiples municipios valencianos y de otras Comunidades Autónomas, por las inundaciones relacionadas por la gota fría.
Ante la reiterada denuncia de las víctimas sobre posibles delitos de ocultamiento de cifras de fallecidos, desaparecidos y los daños realmente producidos, así como presuntas actuaciones de diferentes entidades públicas dificultando el acceso a datos reales, la asociación Liberum defendía entonces «que es de justicia personarse en el procedimiento abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Catarroja a fin de obtener toda la información necesaria para esclarecer lo realmente sucedido en esta tragedia». Lo que efectivamente ha sucedido finalmente.
DILIGENCIAS PEDIDAS POR PODEMOS
El partido político Podemos también pidió personarse en la instrucción como acusación popular y pidió la práctica de varias diligencias, entre ellas que «se libre oficio a la Confederación Hidrográfica del Júcar a fin de que, en relación con los eventos meteorológicos el pasado 29 de octubre emita informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de sus competencias, y específicamente sobre los avisos producidos, modos de emisión y difusión de los mismos y destinatarios».
Podemos pidió también que se librara oficio a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad de Valencia para que identifique las personas que realizaban la atención telefónica del 112, la movilización de bomberos, los avisos producidos, modos de emisión y difusión de los mismos, etc…».
Respecto a estas peticiones la juez acordó «librar oficio a AEMET a fin de que, en relación con los eventos meteorológicos del pasado 29 de octubre, se emita informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de sus competencias, y específicamente sobre los avisos producidos, modos de emisión y difusión de los mismos y destinatarios».
También le pide a Podemos que refiera «el nexo entre la actuación de la Dirección General de Protección Civil y los hechos objeto de la presente investigación» para poder determinar si la práctica de la diligencia pedida tiene lugar o no y manda oficio al 112 «al objeto de que informe a partir de qué momento del día 29 de octubre se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la Dana y de las poblaciones respecto las que se iban recibiendo» y descarta el resto de peticiones de diligencias solicitadas por Podemos.
