La suspensión del aforamiento determinada por el Congreso de los Diputados del ex ministro y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ha despertado la actividad judicial del Tribunal Supremo en lo referente a las testificales sobre el caso Koldo de compra venta de mascarillas por 53 millones de euros durante la pandemia. Este jueves comparecerá Ábalos por vez primera, ya que la anterior fue a petición propia y voluntaria, como imputado. El ex ministro podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas, por ejemplo, de su abogado si así lo estima. El acto de este jueves no es más que el principio de un largo recorrido de 17 testimonios, dentro de la Causa Especial 20775/2020, que finalizarán el 5 de marzo.
El último acto del Supremo ha sido realizar una pericial caligráfica a Koldo García, ex asesor de Ábalos, para comprobar si una de las pruebas aportadas por Aldama se correspondía con la letra del ex asesor. Justo antes el juez Leopoldo Puente, que instruye la causa en el Supremo, encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase las cuentas y propiedades de José Luis Ábalos y también de su hijo Víctor, «conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes».
Tras la declaración del ex ministro comenzarán a desfilar por el Tribunal Supremo, hasta 17 testigos. El 25 de febrero acudirán Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes, que ya declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que fue directamente Ábalos quien le encargó comprar primero 4 millones de mascarillas y luego otros 8 millones. «Koldo me dejó una oferta al final de la mañana del día 20 de marzo y la orden la firmamos por la tarde», añadió al recordara la oferta de la empresa Soluciones de Gestión, también investigada en la causa por pagar comisiones a Víctor de Aldama. «La oferta que me trajo era de ocho millones (de mascarillas) y se la pasé a Puertos del Estado. Me dijo que la oferta de esta empresa eran ocho millones o nada».
EL CASERO DE ÁBALOS
Ese mismo día declaran también Carmen Pano y su hija Leonor González. En esta ocasión ambas mujeres sí prestarán declaración como testigos, sobre la compra del chalet de La Alcaidesa para alquilarlo al ex ministro. Después de ellas declarará Claudio Rivas, que era el verdadero propietario de ese chalet a través de su participación en la sociedad Have Got Time, administrada por Leonor González. Es decir, Rivas uno de los principales imputados en la trama Hidrocarburos de un fraude de IVA cifrado en 200 millones de euros con su empresa Villafuel, fue durante meses el casero de Ábalos. Resulta cuando menos curioso.
Tras esta primera ronda, el 27 de febrero declarará Jessica Rodríguez, con quien Ábalos mantuvo una relación sentimental y que disfrutó del alquiler de un apartamento en la madrileña Plaza de España hasta que la relación se rompió en 2019, aunque Jessica disfrutó del apartamento unos meses más hasta que fue desahuciada. La cuestión es que ese alquiler lo pagaba uno de los socios más importantes de Aldama en innumerables negocios, Alberto Escolano. Ábalos siempre ha mantenido que la gestión de ese apartamento la llevó directamente Koldo García y que desconoce quien y cómo se pagaba esa casa. Tras Jéssica declarará precisamente Escolano.
Pero el Tribunal Supremo también quiere identificar a los responsables del contrato laboral a Jéssica en Ineco y en Tragsatec, ambos organismos dependiendo del Ministerio de Transportes, en la época de Ábalos. Y ha ordenado a los investigadores que averigüen quien pagó los 16 viajes de Jéssica al extranjero cuando acompañó al ministro en sus viajes oficiales y quien ordenó el pago de los gastos generales.
El tercer «fuego» que Ábalos tendrá que apagar es el famoso piso del Paseo de la Castellana en el que está salpicado su hijo Víctor Ábalos, según las declaraciones de Aldama. Lo que se sabe hasta ahora es que Ábalos firmó un alquiler con opción a compra por 750.000 euros en el año 2019, pero la vivienda, de 250 metros cuadrados, está valorada en 1,2 millones de euros. Por eso el juez Leopoldo Puente ha pedido a un perito que informe sobre el valor real de mercado de ese inmueble. En su declaración ante el Supremo Aldama dijo que esa casa era «una garantía en favor de José Luis Ábalos del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos». Ábalos argumentó que nunca tuvo llaves y por tanto ese contrato era nulo.
Tras Jessica y Escolano declaran tres empresarios de la construcción, Manuel Salles, Manuel Contreras y José Ruz. El 4 de marzo el Supremo tomará declaración a Israel Pilar (socio de Aldama en algunos negocios), Carlos Moreno (jefe del Gabinete de la ministra de Hacienda), Joseba García (hermano de Koldo), Víctor Ábalos (hijo de Ábalos) y Ana María Aranda (secretaria personal de Ábalos en el ministerio).
El 5 de marzo será el turno de Javier Herrero Lizano, ex director General de Carreteras, que hace unos días declaró en el Senado desconocer las constructoras y las obras que Aldama había denunciado en el Supremo. Después será el turno de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF y de Alejandro de Las Alas Pumariño, que en el año 2020 era el encargado en el ministerio de Fomento del control de las mascarillas compradas durante la pandemia y del registro de personas, es decir, de quien entraba y salía en el ministerio.
En los casos de Claudio Rivas y Alberto Escolano deberán ir acompañados de sus respectivos abogados, porque al acudir como testigos y tener obligación de decir la verdad cualquier declaración que efectúen podría inculparles en la causa Hidrocarburos, donde están investigados y que instruye el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
