Desde hace diez años el crecimiento demográfico de Madrid ha sido bastante grande. Tanto con flujos migratorios internos, principalmente de las provincias cercanas a la capital, como externos, con gran número de migrantes iberoamericanos. Un aumento demográfico que ha venido acompañado en gran medida con una eclosión del turismo madrileño que pasa por años muy buenos y con cifras récords a nivel económico.
Todo esto como es lógico ha marcado una tendencia inflacionista tanto en el estilo de vida de la gente de Madrid, tanto de los nuevos madrileños, como en los más asentados y menos acostumbrados a la gran inflación de esta década. Uno de los sectores más atacado por esta super inflación ha sido el de la vivienda.
Un gran problema para muchos y que esta tomando trazas de drama con un gran crisis habitacional que ese está cerniendo sobre la capital de España. En este sentido, uno de los grandes problemas ha sido la gran proliferación de multitud de pisos turísticos. Una forma de habitación para turistas que desvirtuó la idea primigenia de airbnb y sus habitaciones compartidas para viajeros.
El caso es que, pese a las trabas iniciales y falta de convencimiento del consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, tomó cartas en el asunto y mandó actuar a sus equipo contra este tipo pisos que colapsaba, en parte, el ya de por si complicado mercado del alquiler de viviendas de Madrid.
NORMATIVA EXITOSA EN PRINCIPIO
Tras conocerse los primeros datos de actividades económicas del Ayuntamiento, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, destacó los buenos números que arroja este balance y puso el acento en los resultados positivos que están comenzando a dar las medidas impulsadas por el Gobierno municipal para el control y ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT).
En este terreno, destaca especialmente el hecho de que en 2024 aumentara un 82 % el número de viviendas en las que se ha restablecido la legalidad habiéndose dedicado al uso turístico de forma irregular. Se trata de viviendas en las que sus propietarios decidieron cumplir voluntariamente lo ordenado por la Agencia de Actividades ante la apertura del procedimiento. A lo largo del pasado año, se restableció la legalidad en 251 viviendas, lo que supone un incremento muy importante respecto a 2023, cuando esta cifra fue de 138.
Este cambio de tendencia se concretó después de que el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Madrid activara un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico: se suspendió la concesión de nuevas licencias, se endureció el régimen sancionador con multas de hasta 190.000 euros para los propietarios de VUT sin licencia municipal, se reforzó la plantilla de inspectores y se publicó el listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad con el detalle de su ubicación.
Además, la Agencia de Actividades también alumbró el pasado año su primer Plan de Inspección Urbanístico que, entre otras cuestiones, situó las viviendas de uso turístico como una de sus líneas de acción preferentes junto al ocio nocturno.
En noviembre, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan RESIDE con el doble objetivo de proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales. Este plan, que acaba de pasar por el trámite de información pública, entrará en funcionamiento a lo largo de 2025. En el balance anual ofrecido respecto a las viviendas de uso turístico, el servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades ha recibido en 2024 un total 2.310 escritos, de los que 1.299 son denuncias.
De las inspecciones llevadas a cabo el pasado año, se han detectado 623 viviendas dedicadas al uso turístico, lo que representa un incremento del 30 % respecto a 2023. Asimismo, el informe de gestión recoge el inicio de 490 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística que afectan a un total de 578 viviendas.
Esto representa un incremento de un 59 % respecto a 2023, cuando se incoaron 308 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. La agencia dictó el pasado año 337 resoluciones, ordenándose el cese de 405 VUT y archivando por restablecimiento de la legalidad otras 42 al no dedicarse ya al uso turístico. En términos globales, por tanto, si sumamos estas 42 VUT a las 251 que restablecieron la legalidad ante la apertura del procedimiento, son 293 las viviendas las que han vuelto a destinarse al uso residencial a lo largo de 2024.
Se iniciaron 542 procedimientos de multas coercitivas que mayoritariamente han provocado que, de forma voluntaria, los propietarios de las viviendas hayan restablecido la legalidad. Así ha ocurrido en 2024 en las 251 viviendas que han dejado de dedicarse al uso turístico. Se han impuesto 89 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros.
Además, se impusieron 92 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. De esas sanciones, 89 han sido por valor de 30.001 euros cada una y las tres restantes por valor de 60.001 euros cada una, por reincidencia.
Tal y como señala el informe, el balance que dibujan estos datos demuestra que la actuación frente a las VUT irregulares es global, al iniciarse “con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad, al cesar el uso turístico en las viviendas”.
LA IMPORTANCIA LEGAL DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES
A lo largo de 2024, aumentó en un 7,3 % el número de declaraciones responsables urbanísticas presentadas hasta las 10.784. De las 8.576 declaraciones responsables urbanísticas cuya comprobación final concluyó el pasado año, el 79,5 % (6.785) fueron identificadas como eficaces, lo que implica que estaban conformes a lo previsto en la normativa. El hecho de que esta cifra fuera del 76 % en 2023 incide en la progresiva consolidación de la figura de la declaración responsable como un instrumento ágil y eficaz en la gestión urbanística.
La entrada en vigor en junio de 2022 de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (OLDRUAM) y la consiguiente unificación del marco jurídico en materia de medios de control urbanístico amplió los procedimientos tramitados por la Agencia de Actividades e incorporó, además, al ámbito residencial un nuevo agente tramitador: las entidades colaboradoras urbanísticas. Según el balance presentado en el Consejo Rector, el 59 % de las declaraciones responsables se ha tramitado con intervención de entidades colaboradoras y el 41 % restante directamente por el Ayuntamiento de Madrid.
A partir del momento en el que una declaración responsable se presenta es necesario realizar una comprobación formal (documentación, procedimiento y viabilidad) para identificar las que son eficaces y las ineficaces. Es una prioridad para la agencia dictar las resoluciones de ineficacia en el menor plazo posible, ya que el solicitante puede ejercer la actividad desde su presentación. Tras la comprobación formal, se realiza la inspección de las eficaces con el objetivo de comprobar que la actuación ejecutada y puesta en funcionamiento se ajusta a la normativa urbanística.
