La empresaria María del Carmen Pano Sánchez puede convertirse este martes en la principal y nueva testigo de cargo contra el PSOE si confirma ante el juez Ismael Moreno, que instruye el conocido como Caso Koldo de corrupción en la compra venta de mascarillas, que ella misma llevó en mano una bolsa con 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020. Si Pano confirma que entregó este dinero el juez deberá iniciar una investigación con el PSOE como sospechoso de haber recibido ese dinero.
De momento, Pano, hasta su detención en octubre de 2024 dentro de otra causa relacionada con ésta, la causa Hidrocarburos, ha dicho en dos declaraciones recogidas por los diarios The Objective y El Español, que ella misma llevó ese dinero, que Víctor de Aldama le encargó llevar para que su empresa se viese favorecida con una licencia como operadora de fuel gracias a la intervención del Gobierno. Es decir, Pano sostuvo que pagó ese dinero en concepto de mordida o soborno. Si Pano confirma sus palabras y presenta pruebas suficientes que acrediten ese hecho al fiscal anticorrupcion, Luis Pastor, no le quedará más remedio que pedir el inicio de diligencias para averiguar la realidad de esas afirmaciones.
De momento, Pano sólo acude en calidad de testigo, pero podría resultar imputada por Moreno si reconoce haber pagado sobornos en dinero o especie para favorecer los intereses de su empresa Combustibles Lucinala. Carmen Pano incluso acudió a un notario para dar fe de que había entregado esa cantidad de dinero en la sede del PSOE.
El juzgado ya desestimó una denuncia del PP contra el PSOE por este asunto, por falta de pruebas, pero tras la declaración de ambas mujeres en sede judicial quizás esa denuncia pueda tener un nuevo recorrido.
Junto a Carmen declarará su hija, Leonor González Pano, ex pareja sentimental de Aldama y administradora de la empresa Have Got Time, la sociedad que adquirió el famoso chalet de La Alcaidesa en Cádiz, una propiedad que disfrutó el ministro Ábalos durante unos meses de verano y el ex ministro aseguró haber pagado religiosamente, hasta que dejo de pagar y recibió notificación de desahucio.
La Audiencia Nacional descartó en un primer momento la toma de declaraciones de ambas mujeres como testigos, pero una de las acusaciones populares, Iustitia Europa, recurrió ante la Sala de lo Penal, que instó al magistrado a tomarlas declaración.
VISITA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE CARMEN PANO
El juez Moreno argumentaba que la relación de Carmen Pano y Leonor González con Aldama afecta a otra causa, Hidrocarburos, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia, pero eso no evitará que, a buen seguro, las acusaciones populares aunadas y representadas por el PP y, en este ocasión, también por Iustitia Europa, pregunten por la organización de las visitas al ministerio de Industria para mediar y obtener una ansiada licencia de operador de hidrocarburos, licencia que obtuvieron en 2022.
«Licencia que obtuvieron definitivamente en el año 2022, habiendo previamente entregado en la sede del PSOE una cantidad de dinero equivalente a 90.000 euros, por parte de Carmen Pano, por orden de De Aldama según las manifestaciones que la misma realizó ante un medio digital», argumentaba entonces Iustitia Europa.
Pano y su hija han defendido siempre que tras la compra de la vivienda se encontraba Claudio Rivas, socio de Aldama, y que dicha operación fue impuesta por Ábalos para lograr que Villafuel SL lograra la licencia de operadora de hidrocarburos. Sin embargo, Aldama se ha desmarcado siempre de las bolsas de dinero llevadas, según Carmen Pano, a Ferraz y ha asegurado que desconoce tal hecho.
La Fiscalía se opuso a que fuesen citadas y pidió que antes se investigase si en sus teléfonos había algún dato que pudiese corroborar que Pano realizó la citada entrega de dinero. Sin embargo, la Sala de lo Penal consideró que esa «corroboración» debe ser posterior a su declaración como testigo, una diligencia que se considera «útil y proteica» para la causa.
Precisamente, en sus últimas declaraciones Víctor de Aldama ha señalado a altos cargos de la Administración como beneficiarios de haber recibido dinero a cambio de influir favorablemente en decisiones a la hora de adjudicar permisos o contratos y el principal temor de estos altos cargos señalados por Aldama sería que entre las pruebas entregadas por el empresario hubiese grabaciones o fotografías realizadas por él mismo sin conocimiento de sus interlocutores, pruebas que hubiesen eludido los registros ya realizados por los agentes de la UCO y que ahora estén siendo aportadas a la causa por el propio empresario.
