La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso ha aprobado el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. En concreto, ha obtenido 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Así, los grupos parlamentarios han aprobado la propuesta de informe para el nuevo dictamen. Este tiene 462 medidas entre las que destacan la violencia de género, la vicaria, la digital y la económica.
El documento del Pacto de Estado es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo. Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG presentaron votos particulares al informe y Vox voto particular de oposición total. Por el contrario, PP, PSOE y Junts no registraron modificaciones al texto. En este sentido, todos han quedado rechazados, a excepción del número 11 de Sumar, que agrega «mejoras técnicas».
En el debate, la socialista Milena Herrera ha asegurado que el PSOE «será leal al acuerdo y exigente en su cumplimiento». Además, ha dicho que la formación seguirá utilizando el texto final, en términos de consenso, «pese a que la ultraderecha negacionista se remueva en sus asientos para intentar visualizar que no hay unidad contra la barbarie».
Igualmente, la socialista se ha referido a las víctimas de la violencia machista, a las que les ha dicho que no están «solas». También a los agresores, que «creen en la violencia como forma de imponer su criterio o solucionar un conflicto». «Los agresores, señorías, ellos sí deben de escuchar y de entender que están solos», ha recalcado.
La diputada Beatriz Álvarez, del PP, ha reclamado un seguimiento «efectivo» de cómo se ejecutan los fondos del Pacto. «Que se nos permita conocer de forma inequívoca en qué se están destinando y si lo hacen correctamente para poder corregir la dispersión que tenemos actualmente», ha afirmado.
También ha destacado el «firme compromiso» de los ‘populares’ con el Pacto y ha dicho que no se puede volver a repetir una evaluación donde la mayoría de las medidas no se hayan cumplido. «Exigiremos una evaluación continuada y estaremos vigilantes a que todo lo presupuesto en esta actualización del texto se lleve a cabo, tengan o no presupuestos aprobados», ha advertido.
Por su parte, Júlia Aboada, de Sumar, ha celebrado el «avance» que supone la renovación del Pacto, aunque ha añadido que «no es 100%» que le gustaría a la formación. En todo caso, ha recalcado ha recalcado que el mismo debe dar «herramientas» a todos los niveles de la Administración pública, pero también a la Administración de Justicia «para prevenir, para identificar, para acompañar, para proteger y también, muy importante, para reparar a todas aquellas mujeres que sufren violencia machista».
Si bien, aunque ha celebrado la mejora presupuestaria del Pacto, ha dicho que esta es «insuficiente». Además, ha criticado la «actitud» de las diputadas de Vox, así como su «desprecio» hacia la subcomisión, hacia el Pacto.
Por otro lado, la diputada de Vox, Rocío Aguirre, ha destacado que su formación, que presentó un voto particular de oposición total, está «en contra de la violencia, de toda la violencia, siempre». En este sentido, ha denunciado que el Pacto es «un auténtico fracaso y una estafa a los españoles porque ni las muertes ni las agresiones han bajado».
Asimismo, Aguirre ha propuesto endurecer las penas para los agresores, investigar las causas «reales» de la violencia y aumentar «significativamente» los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para poder de verdad proteger a las víctimas», entre otras.
Noemí Santa, de Podemos, ha recordado que su formación, en el año 2017, cuando se firmó el anterior pacto, se abstuvo porque el documento «se quedaba corto» y porque no había recursos «suficientes», ni un «compromiso claro» para proteger a las mujeres. «Hoy, aunque seguimos creyendo que el pacto tiene muchísimos aspectos que mejorar, vamos a apoyarlo porque creemos que ha cambiado el contexto en nuestro país», ha avanzado.
Mientras, el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, ha instado a desarrollar «urgentemente» el procedimiento común para la acreditación de víctimas de violencias sexuales, para que les permita acceder a los recursos. En cuanto a la Ley contra la trata, ha llamado a incorporar el enfoque víctimocéntrico de género, infancia, interseccional e intercultural.
Por ERC, Etna Estrems ha denunciado que el Pacto de Estado no contempla todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, ya que, a juicio de la formación, deja fuera violencias «graves», la institucional y la obstétrica. «Ni tan solo es una cuestión de valentía, es una cuestión de derechos humanos, de justicia y de compromiso con todas las mujeres, y de poner al mismo nivel este Pacto que los estándares internacionales», ha indicado.
En la misma línea, Pilar Calvo, de Junts también ha reclamado la incorporación de la violencia institucional y la obstétrica en el Pacto de Estado. Además, ha pedido a los entornos de las víctimas de violencia de género denunciar «más», porque «conocen el maltratamiento y callan». «Este pacto quiere acompañar a la mujer en algunos de los momentos más difíciles de su vida, lo que pasa por salvarla y seguir adelante. Y quiere acompañar a la sociedad en la prevención, en la educación, en la formación, insistimos, desde el respecto a las competencias de las comunidades autónomas», ha agregado.
Finalmente, Bel Pozueta, de EH Bildu, ha celebrado que se aporten «mejoras y herramientas» que posibilitan «avances» en la lucha contra la violencia de género. Si bien, ha avisado de que «va a ser necesario poner garantías para implementar el Pacto y garantizar lo que está en el articulado, para que sea efectivo».
Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe,, los grupos piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una «formación especializada, inicial y continua» en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.
También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, «adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical». Así, demanda garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores víctimas de violencia vicaria.
INSTAN A REGULAR Y DEFINIR LA VIOLENCIA ECONÓMICA
Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como «acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores».
Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, «difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes).
