La juez que instruye la causa por corrupción y funcionarios de la Diputación de Badajoz, Beatriz Biedma, dictó un auto a finales del pasado año para desestimar la petición de ser sobreseimiento y archivo de la causa realizada por varios de los altos cargos de la Diputación de Badajoz que intervinieron en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los altos cargos siguen imputados porque, al menos en el caso de la jefa de Recursos Humanos, la juez cree que su participación consistió en «darle apariencia de legalidad al procedimiento administrativo que tenía como finalidad el nombramiento del Sr. Sánchez como Personal de Alta Dirección y la acomodación posterior de su puesto de trabajo a sus preferencias personales».
La juez instructora ha desestimado el sobreseimiento de la causa sobre Elisa Moriano, anterior jefa del Área de Cultura de la Diputación, aunque ya no es cargo público, y luego explica que en el caso de Juana Cintas, actual directora del Área de Recursos Humanos de este órgano, explica que formó parte de la Comisión Técnica de RPT (…) formó parte de la Mesa General de Negociación (…), emitió el informe de legalidad referente a la Modificación del Puesto de Trabajo (…)b y presidió la Comisión Técnica de la RPT».
Biedma explica a todos los letrados que pidieron el sobreseimiento para sus clientes que «los autores de los actos preparatorios o secuenciales de la resolución administrativa (como informes o dictámenes) pueden considerarse partícipes a título de cooperación necesaria, complicidad o inducción, sobre todo en los actos complejos en los que la voluntad administrativa debe formarse a través de la acción conjunta de varios órganos administrativos y que son muy habituales en la Administración Pública los casos en los que los órganos son colegiados ejercen sus funciones resolutorias cuando los asuntos ya han sido objeto de los filtros habituales de carácter técnico y/jurídico, y confiando en los mismos».
PREFERENCIAS PERSONALES DE DAVID SÁNCHEZ
Además, la juez cree que tras la práctica de diligencias, se deriva la participación de Cintas «participación consistente en darle apariencia de legalidad al procedimiento administrativo que tenía como finalidad el nombramiento del Sr. Sánchez como Personal de Alta Dirección y la acomodación posterior de su puesto de trabajo a sus preferencias personales, concretamente a su proyecto de Ópera (…) debiendo distinguirse entre la «discrecionalidad» que puede amparar determinadas actuaciones de la Administración Pública y la «arbitrariedad», constitutiva esta última de delito de prevaricación».
Si por algo se ha caracterizado la juez Beatriz Biedma durante los interrogatorios es por no morderse la lengua y ser muy clara tanto en sus actuaciones en Sala como en sus autos y providencias.
En este caso, sobre los funcionarios imputados continúa la juez relatando que «concretamente, el denominado “Cambio de Nomenclatura” parece ser que pretendía dar apariencia de legalidad a una realidad clamorosa consistente en el que el “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios” ya no realizaba ninguna de las funciones contenidas en su contrato de Alta Dirección de julio de 2017, como así resulta claramente de las declaraciones de los Directores de los Conservatorios y del informe del Sr. Candalija sobre sus actividades que consta unido al procedimiento, cuyo contenido ha intentado ser relativizado en su declaración dado el cariz que presenta esta instrucción»
Respecto a los altos cargos imputados, Francisco Martos, diputado delegado de Cultura y Deportes, Manuel Candalija, director del Área de Cultura y Deportes y Emilia Parejo, actual coordinadora de Igualdad de la Diputación, dice la juez que tampoco procede el sobreseimiento, porque «la intervención de los investigados en el procedimiento administrativo (…) pueden ser considerados.
EL CASO DE MANUEL CANDALIJA
En el caso de Candalija la juez dice que «emitió el informe relativo a las funciones de Davis Sánchez». Candalija formó parte de la Comisión Asesora y participó en las entrevistas a los candidatos para el puesto de Coordinador de los conservatorios, además «se encargó de solicitar el despacho para David Sánchez, después de más de un año de carecer éste del mismo», según el auto judicial.
Respecto a Francisco Martos y Emilia Parejo, como Diputado y Directora «firmaron la Propuesta de Modificación de la RPT y la Ficha Descriptiva de Transformación de Puestos de Trabajo relativa al «Jefe de Oficina de Artes Escénicas» con fecha 26-10-2022 a las 14.50 horas, participando y siendo informados de la preparación de dicho proceso como resulta del examen de los correos electrónicos que constan en la causa relativos a dichas fechas».
En el mismo auto la jueza desestimaba el sobreseimiento de la causa para el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, usando los mismos argumentos ya expuestos.
