Los casos Begoña Gómez y de David Sánchez destapan el presunto uso de personal adscrito a La Moncloa para trabajos privados y personales de la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una nueva jornada negra para los intereses del Gobierno, la magistrada Beatriz Biedma ha ordenado a la UCO personarse en el Palacio de La Moncloa para realizar un «análisis exhaustivo» de los correos corporativos intervenidos en la Diputación de Badajoz por el caso David Sánchez para contrastarlo con la documentación aportada por el ente público relativa a la creación y adjudicación del puesto ocupado por Luis Carrero, el principal colaborador del hermano del jefe del Ejecutivo.
Tal y como publicó MONCLOA hace una semana, la magistrada Beatriz Biedma pidió «a la mayor brevedad» un informe sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero Pérez, fecha de inicio y finalización de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral».
La magistrada Biedma puso a Luis María Carrero por un hallazgo ocasional del presunto delito contra la Administración Pública tras cerciorarse que el cargo oficial era el jefe de Sección, Coordinación y programas de Actividades Transfronterizas de la Delegación de Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, pero también la mano derecha y hombre de confianza de David Sánchez en Badajoz.
David Sánchez aseguró que era uno de los trabajadores que estaban a sus órdenes, pero se desveló también que ejerció como funcionario en La Moncloa, desde donde se escribía mails con David Sánchez en la Diputación y con un tono muy estrecho al referirse al familiar de Pedro Sánchez como «hermanito». Esta palabra fue clave para que la magistrada Biedma indagara más profundamente.
EL ‘HERMANITO’ DELATÓ AL AYUDANTE DE DAVID SÁNCHEZ
La propia juez pone de manifiesto los correos de junio y julio de 2022 y de junio de 2023, «en los que se hace referencia incluso al Proyecto Ópera Joven, derivándose además, de los mismos, una relación personal muy cercana entre ambos, ya que Luis Carrero se dirige a David Sánchez como ‘hermanito’».
«Lo anterior hace muy sospechoso que Carrero haya ocupado posteriormente un puesto en la Diputación donde trabaje directamente con (David) Sánchez, siendo muy significativos a tales efectos determinados correos», con fecha el 30 de octubre de 2023, «en los que, antes de que se hubieran publicado las bases para la provisión del puesto, David Sánchez envía un correo electrónico a Luis Carrero donde le dice expresamente «en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo», y éste le contesta «de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre», mes que coincide con la efectivamente posterior fecha de publicación de las bases y solicitud de participación de Carrero.
Así las cosas, la UCO investiga y deberá emitir un informe exhaustivo de los correos corporativos intervenidos y unidos a la causa, así como la documentación aportada por la Diputación sobre la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de Conservatorios.
LA MONCLOA RETRASA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE EL AYUDANTE DEL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ
En este sentido, las pesquisas de la Unidad Central Operativa se centran en la relación de Carrero antes de ir destinado a Badajoz. De hecho, en el informe debe especificarse si el funcionario de La Moncloa «ha cooperado en las funciones públicas que tenía asignadas contractualmente David Sánchez y sobre «la posible existencia de indicios de criminalidad en la creación y adjudicación del Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas».
Por ello, se pidió a Presidencia del Gobierno la documentación relativa a los distintos puestos de trabajo que haya ocupado Carrero, incluyendo las fechas de inicio y finalización de los mismos, así como los motivos de la extinción laboral. La magistrada pidió esta información a La Moncloa el pasado 29 de enero, pero dos semanas después no ha obtenido respuesta, por lo que envía a la UCO.
El caso tiene similitudes con el de Cristina Álvarez, funcionaria de La Moncloa y adscrita a tareas de ayudante de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. De hecho, las acusaciones populares ven necesario destacar la acertada decisión tomada por el instructor a la hora de cambiar el estado procesal de Álvarez al de investigada por «existir indicios de criminalidad contra ella, y también a la hora de adoptar diligencias de investigación relativas a la obtención de su registro de llamadas».
No obstante, consideran que el juez instructor del caso Begoña Gómez debe justificar y motivar suficientemente la imputación de la asistente de Begoña Gómez tras anularse ciertas diligencias de la investigación al no haberse razonado de forma suficiente, como han sido el desprecinto, clonado y volcado de los dispositivos electrónicos, así como los registros en los domicilios de Juan Carlos Barrabés y su grupo de empresas. La Audiencia de Madrid los anuló.
LA DECLARACIÓN DE DOADRIO DA UN GIRO EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
A juicio de las acusaciones populares, sin esta información de Barrabés la causa de Begoña Gómez podría «potencialmente» conllevar cierto riesgo de que en el futuro se produjese la nulidad de diligencias esenciales para este procedimiento, «especialmente si la defensa de alguno de los investigados opta por interponer recurso directo de apelación que no diese lugar a la posibilidad de revisar y profundizar en la motivación de las resoluciones impugnadas».
Y todo ello, «teniendo en consideración que salvo error u omisión el Ministerio Fiscal, o alguna o varias de las defensas, han recurrido todas las resoluciones acordando diligencias de prueba, o procediendo a declarar investigados a los que previamente fueron citados como testigos y la mayor parte de resoluciones relativas a otros extremos; así como en consideración al estricto criterio seguido últimamente por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid».
Así las cosas, las acusaciones populares, como Hazte Oír, Vox, Liberum y el PP, solicitaron la imputación de Cristina Álvarez el pasado 7 de enero a instancias de Hazte Oír, una petición que fue denegada por el juez Peinado.
PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN CASCADA
«No se puede percibir en el hecho de que una persona, que trabaje para la investigada aunque sea en las dependencias de la sede que constituye, tanto el domicilio de la misma, como su lugar de desarrollo de otras actividades al margen de su condición de esposa del presidente del Gobierno, permita colegir que ese hecho, ‘per se’, va a comportar en cualquier tercero, una influenciabilidad moral o psíquica, de tal manera que, ni aunque se realizara una interpretación extensiva de la accesoriedad en la participación en un hecho delictivo, ni tan siquiera en el concepto de «tráfico de influencias en cascada», que contempla la jurisprudencia, debe distinguirse en el contenido de los textos reflejados en los correos electrónicos», destaca.
En este sentido, pone de manifiesto la labor de intermediación de Cristina Álvarez con la cátedra extraordinaria con la Universidad Complutense de Madrid.
«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», recuerda el recurso.
Asimismo, apunta «que no cabe duda es que, sin perjuicio de que las frases incluidas en el texto de los correos, pueden tener un determinado efecto subsiguiente al origen del que provienen, como es de una persona que asiste directamente a la investigada, Begoña Gómez, y cuya condición de esposa del presidente del Gobierno, es notoria y conocida públicamente, ello no debe implicar que pueda alcanzar al concepto de participación accesoria a la testigo, pues ese papel de asistente a la citada investigada, que podría realizarlo cualquier otra persona, no cabiendo ni siquiera hacer una aplicación de la teoría de los bienes escasos, para entender una hipotética interpretación de cooperadora necesaria, y por tanto, no puede atribuírsele a Cristina Álvarez Rodríguez, la condición de investigada en dicho hecho delictivo, objeto de investigación, por lo que no ha lugar a esta solicitud de la representación de las acusaciones populares».
EL RECURSO CONTRA LA ASISTENTE DE BEGOÑA GÓMEZ
El rechazo de la imputación a inicios del pasado mes de enero contrasta con el escrito del pasado 28 de enero, que apunta que las «diligencias hasta ahora practicadas, en conjunción con la declaración testifical de Cristina Álvarez, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados a Begoña Gómez, por lo que procede el cambio de su estado procesal al de investigado».
De esta forma, «es fundamental exteriorizar dichas razones con el fin de paliar el potencial peligro de una nulidad que dejase sin efecto diligencias fundamentales para la adecuada progresión de la causa». Ejemplo de ello son los más de 100 correos electrónicos que cruzó la asistente de Begoña Gómez con el entonces vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, una información que se conoció después del 7 de enero, día en el que se rechazó la imputación de Cristina Álvarez.
En esa misma declaración, Doadrio arrojó luz sobre unas posibles «contradicciones de la
investigada, en tanto que esta señaló en su declaración como testigo que era amiga de Begoña
Gómez y que por eso le hacía algún favor en materia de asistencia, algo que desde luego no
encaja con lo antes señalado en materia de cientos de emails y acompañamiento a reuniones
presenciales, elementos que muestran, más bien, que su verdadera función profesional era la de
ayudar a Begoña Gómez en sus negocios puramente privados, todo ello a costa del erario público».
LAS LLAMADAS A EMPRESAS DE LA ASISTENTE DE BEGOÑA GÓMEZ
Las acusaciones populares, además, instan a realizar un volcado de las llamadas desde el número de Cristina Álvarez a teléfonos vinculados al Instituto de Empresa, al IE África Center, a la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google Spain, Fundación Mampower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, a Reale, así como a cualquier otra entidad que patrocinó los másters de Gómez.
A su juicio, la asistente de Begoña Gómez «pudo jugar un papel muy relevante en los hechos investigados, en tanto que actuaba como asistenta personal de Begoña Gómez. Así deriva de lo dicho por Doadrio», destacan.
Todo ello, al calor de los «indicios racionales de criminalidad» respecto de Cristina Álvarez, la que podría «estar involucrada en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios -además, y eventualmente, de un delito de malversación-» al constatarse «la existencia de comunicaciones relevantes para la investigación, comunicaciones cuya interceptación resulta imprescindible para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación del investigado en los mismos»
