El magistrado Ángel Luis Hurtado, del Tribunal Supremo, ha citado como testigo el próximo 21 de febrero al decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, para el próximo 21 de febrero, en la causa que instruye por presunto delito de revelación de secretos contra el Fiscal general del Estado, la Fiscal Jefa provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.
«Cítese como testigo al Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, en la medida que pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva por los hechos objeto de investigación, así como derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa, señalándose, a tal efecto, el próximo día 21 de febrero de 2025 a las 10.30 horas, para que comparezca ante este Instructor», según consta en la providencia dictada este mismo lunes.
El juez instructor quiere conocer el contenido de la llamada mantenida entre Pilar Rodríguez, Fiscal jefa Provincial de Madrid y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, el 14 de marzo de 2024. En el último informe de la UCO se recoge que a las 18.44 horas de ese día, «la fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, habla con el Decano del Colegio de Abogados de Madrid en una llamada de 12.28 minutos. Tras esta llamada realiza otra al Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE (Fiscalía General del Estado), Diego Villafañe, con una duración de 8.15 minutos».
Hay que recordar que en los whatsapps intervenidos por la Guardia Civil, Pilar Rodríguez reconocía que había hablado con Ribón en «un intento de calmar las aguas» tras las protestas del Decano del Colegio de Abogados porque se hubieran difundido las comunicaciones entre los abogados de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía Anticorrupción.
Cabe recordar que Ribón, como decano del Colegio, se reunió el pasado 15 de marzo con Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, después de que el Ministerio Público emitiera la nota de prensa en la que desmentía la noticia que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador en la investigación que se le hacía por presuntos delitos fiscales, algo que sin embargo sí constaba en los mails intercambiados entre ambas partes.
El 20 de marzo de 2024, Ribón -en nombre del ICAM- presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la Fiscalía por la nota de prensa difundida con «datos concretos de comunicaciones» de un letrado en el marco de un proceso de conformidad, al entender que dicha actuación incurriría en una delito de revelación de secretos y desbordaría «el deber de información». A raíz de dicha denuncia, el Colegio de Abogados de Madrid figura como una de las acusaciones populares en la causa que dirige el Supremo.
Por esta misma cuestión sería entendible que el juez instructor del Supremo ofreciera a Ribón que el Colegio de Abogados también figurase en la causa como perjudicado.
