El Partido Popular que ejerce la acusación popular en la Causa Hidrocarburos y Caso Koldo, entre otras, ha pedido al juez Santiago Pedraz, del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional que se inhiba en parte de la instrucción, la que afecte al ex ministro y actual diputado José Luis Ábalos, en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El abogado del PP, Alberto Durán, ha presentado la petición este mismo lunes con una petición de inhibición parcial en favor del Supremo «en lo que concierne a la investigación de la obtención del título de operador de Villafuel». Esta empresa está en el centro de una trama que es acusada de defraudar en torno a 200 millones de euros de impuestos a Hacienda por el pago del IVA.
Esta acusación entiende que «los hechos objeto de investigación pueden segmentarse en dos bloques claramente diferenciados: de un lado, la operativa relativa a la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel; de otro, la ejecución de la operativa indiciariamente defraudatoria urdida por las personas físicas y jurídicas investigadas (…)».
Este primer bloque es la que el PP pretende mandar al Supremo, «porque es conexo con los presuntos delitos que ya están siendo investigados en el seno de la Causa Especial seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un procedimiento (…) en el que D. Víctor de Aldama, D. Koldo García y D. José Luis Ábalos ya están siendo investigados por la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y organización criminal».
INTERVENCIÓN DE ÁBALOS
Desde el PP sostienen que «todas aquellas «actuaciones de intermediación y gestión» en las que haya intervenido personalmente el Sr. Ábalos Meco en favor de la presunta organización criminal (…) se integran en el elemento objetivo de la Causa Especial 20775/2020 (Caso Koldo) y deben sustanciarse ante la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo».
«. Unas labores por las que el sr. Ábalos y su asesor, D. Koldo García, habrían percibido diversas remuneraciones», continúa el escrito.
La petición también se apoya en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) realizados durante la instrucción. «Consta en el oficio de la Guardia Civil de 3 de mayo de 2024, (…) en el que se considera «llamativo» que «Villafuel SL obtuviera la autorización como operador sin contar con la capacidad financiera suficiente (…)»».
Otro atestado de la UCO de 10 de octubre de 2024 recogía que «la primera solicitud de Villafuel habría sido rechazada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por no cumplir con las condiciones financieras exigidas para la concesión de la licencia» y ante las dificultades legales «la trama habría recurrido a la ayuda de D. José Luis Ábalos Meco y D. Koldo García Izaguirre, a través de D. Víctor de Aldama, a fin de que les facilitaran el acceso a las altas esferas de la Administración Pública».
Y aquí el PP argumenta que una de las pruebas es que «determinados miembros de la trama -entre ellos Claudio Rivas y María del Carmen Pano- habrían mantenido una reunión presencial en el Ministerio de Industria con D. Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la entonces ministra Doña María Reyes Maroto (…)».
Otra de las pruebas argumentadas es la del famoso chalet de La Alcaidesa disfrutado por Ábalos y comprado por una de las sociedades de la trama Hidrocarburos. Para esta acusación «dicha propiedad tenia un interés subyacente que pudiera estar relacionado con la agilización de la concesión de la licencia de operador, puesto que tenía como fin, el uso y disfrute por parte del por entonces ministro y secretario general del PSOE, José Luis Ábalos».
EL DINERO PARA EL PSOE
De hecho Carmen Pano declaró ante la Guardia Civil que «el ministro Ábalos pidió que le compraran una casa por la zona de la Costa del Sol (….). Claudio Rivas aseguró que si le concedía la licencia no había ningún problema en comprarle la casa», continúa el escrito.
La petición recoge las declaraciones de Carmen Pano, imputada en la causa, ante la UCO: «a mediados de octubre de 2020, después de entregar 45.000 euros en efectivo a Víctor de Aldama en su despacho y ante la ausencia de trabajadores de su confianza, le pidió que llevase ese efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz (…) Poco después, a finales de octubre, María del Carmen Pano volvió a realizar una entrega de 45.000 euros (…) y le pidió que nuevamente los llevara y entregara en la sede del PSOE en la calle Ferraz, que lo estaban esperando desde el día anterior».
El PP concluye que «de este modo, el adecuado esclarecimiento de la concesión de la licencia de operador de Hidrocarburos de Villafuel exige indagar sobre el rol desempeñado por D. José Luis Ábalos en la misma, una actuación investigadora que solo puede ser desempeñada por la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado».
