La representación legal de Víctor de Aldama, imputado en la Causa Koldo por la compra venta de mascarillas por 53 millones de euros, pidió al juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional que un perito propio accediese a sus terminales móviles e hiciese una copia de las conversaciones y datos que puedan tener en su interior. Ahora el juez Ismael Moreno autoriza esta operación «una vez aportado por la Unidad Policial encargada de la investigación el informe relativo al estudio y/o análisis de la información contenida en los dispositivos móviles intervenidos al abogado».
De Aldama solicitó que un perito informático forense de parte, Gustavo Martínez Luengo, realizase en el juzgado «una copia del contenido de los dispositivos móviles incautados en el registro de su domicilio», operación que ahora autoriza el magistrado. La UCO intenta lograr el volcado íntegro en orden del contenido de 4 de los teléfonos de Aldama. El problema es que el programa cellebrite que utiliza la UCO es capaz de recuperar cadenas de mensajes borrados pero los ofrece a veces de manera descolocada, con lo que es difícil descifrar el contenido real en su orden original. Se desconoce, porque no lo ha explicado, para qué necesita ahora De Aldama una copia del contenido de sus propios teléfonos móviles.
Gustavo Martínez Luengo explica en su propia página web que «contratarme como perito informático puede ser crucial para resolver situaciones donde la tecnología y los datos digitales son esenciales. Mi enfoque es completamente objetivo y técnico, lo cual resulta indispensable tanto en procedimientos judiciales como en auditorías empresariales. Uno de los principales beneficios que ofrezco es la imparcialidad y credibilidad que aporto a cada caso, asegurando que las evidencias tecnológicas se presenten de manera clara y comprensible para los tribunales, garantizando su validez legal» y añade que «además, tengo la capacidad de recuperar información eliminada o inaccesible, como correos electrónicos, archivos o historiales de navegación. Esta habilidad puede marcar la diferencia en investigaciones relacionadas con estafas, acoso cibernético o robo de información. Mi experiencia garantiza que todas las evidencias sean gestionadas de acuerdo con las normativas legales, asegurando que sean admisibles en juicio».
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la entrada y registro de la operación Delorme del 22 de febrero de 2024, como se bautizó policialmente, se incautaron hasta «170 dispositivos digitales» pertenecientes a los 14 detenidos y otros 10 investigados. La mayor parte de los dispositivos son teléfonos móviles, pero también hay ordenadores, tablets y tarjetas de memoria. Entre los detenidos estaba el principal asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, que dio nombre al Caso Koldo y Víctor de Aldama, investigado también en la Causa Hidrocarburos. Tanto Ábalos como García y De Aldama están investigados en el Tribunal Supremo.
En el caso de De Aldama son cuatro los terminales intervenidos, entre ellos un iPhone 15 Pro. Gracias a la intervención de estas conversaciones durante un año, así como a dispositivos de seguimiento instalados en los vehículos de los detenidos, la UCO pudo ir atando la instrucción del caso.
ALDAMA TAMBIÉN PIDE EL COCHE BLINDADO
Por cierto, que el mismo empresario Víctor de Aldama, solicitaba en otro escrito a la Audiencia Nacional, en esta ocasión al Juzgado Central de Instrucción 5 que instruye la Causa Hidrocarburos, que le devuelva su vehículo blindado, un Audi A8, propiedad de la empresa Gestlux 2000, una de las sociedades del propio Aldama, para que pueda usarlo en sus desplazamientos habituales porque cuenta con «las más altas medidas de seguridad» y esto es de «singular importancia» en la actualidad. Es decir, que por alguna razón De Aldama se siente amenazado.
La defensa del empresario explica que el 4 de octubre de 2024, fecha de la operación Hidrocarburos, se dictó un auto en virtud del cual se acordaron «una serie de medidas cautelares de naturaleza real, entre las que se incluyó la incautación, depósito y la prohibición de disponer, enajenar, transmitir o realizar cualquier otro gravamen sobre determinados vehículos a motor». Entre ellos estaba el Audi A8 que «era el vehículo que venía usando de forma habitual para sus desplazamientos antes de que se produjera su detención».
Ahora, Aldama ha pedido al juez Santiago Pedraz que «proceda a la devolución de dicho vehículo» para que «disponga de un medio de transporte para sus desplazamientos habituales».
«Adicionalmente, la razón de pedir la devolución de ese modelo concreto, de entre los que han sido incautados, radica en que el mismo cuenta con las más altas medidas de seguridad, al encontrarse blindado, lo que en la presente fecha resulta de singular importancia para mi mandante», añade el abogado de De Aldama. El juez Pedraz deberá estudiar ahora si concede o no esta petición.
