El Gobierno de Pedro Sánchez trata de fintar a la Autoridad Fiscal en el examen a las pensiones. En marzo habrá una prueba del algodón específica sobre el déficit de las pensiones, disparado desde la llegada del PSOE y Sumar, y el agujero es demasiado grande para taparlo con parches. Para ello, el Ejecutivo, sin Presupuestos, inyectará más dinero a un sistema cuya deuda supera con creces a la de todas las autonomías juntas.
La economía española no va como un cohete ni tampoco la mejor del mundo, como vende el PSOE, que pregona insistentemente un «milagro económico» del que «todo el mundo habla y pregunta». No obstante, un análisis superficial de las cuentas públicas y privadas echa por tierra cualquier optimismo. El crecimiento de España se ha basado en deuda y gasto público, dos magnitudes disparadas, pero que no pueden ocultar la merma del poder adquisitivo, con una inflación acumulada del 38% desde 2019.
De hecho, la economía va tan bien para el PSOE que España se mantiene como líder del paro de toda la UE y con unas cifras más que alarmantes en desempleo juvenil, donde copa la primera posición por la cola en el ránking de Europa. El crecimiento se maquilla, pero el déficit es más complicado.
Así las cosas, los ‘hombres de negro’ mirarán con lupa los números tras tirar de las orejas a la mismísima Comisión Europea, que impidió incluir a España en el grupo de países con déficit excesivo basándose en predicciones y expectativas que solo se cumplen sobre el papel. Los empresarios también se echan las manos a la cabeza ante la permisividad de Bruselas, tan férrea con unos países y laxa con otros, generando desequilibrios incluso a la hora de fiscalizar las cuentas.
EL GOBIERNO NIEGA EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA
El crecimiento es el único número que importa al Gobierno, quitando hierro a la disparada deuda, que alcanza el 104% del PIB frente al 60% exigido por Bruselas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cerrado el 2024 con un récord de ingresos fiscales, pero también con un déficit del 4%, es decir, se sigue gastando más de lo que se ingresa, un modelo a todas luces insostenible, incluso emitiendo deuda que pagarán las generaciones venideras.
Como todo, las comparaciones son odiosas y esta vez Portugal muestra el camino para crecer de forma ordenada y sostenible, con superávit en las cuentas públicas. El país aprendió de los errores de la crisis de 2008 y de la intervención de Bruselas para poner rumbo al crecimiento con una reducción de deuda. Es decir, impulsando la economía productiva.
En España, la solución propuesta por el Gobierno para evitar entrar en el saco de los países con problemas pasa por preparar nuevas transferencias para tratar de contener el agujero dejado por las pensiones. La normativa vigente estableció la garantía para la sostenibilidad de las pensiones atendiendo a las variables económicas y demográficas y «en su caso recalibrar las medidas de refuerzo de la sostenibilidad como respuesta a esta nueva información».
EL MECANISMO PASA POR TRANSFERENCIAS Y SIN PRESUPUESTOS
El Ejecutivo estableció la creación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad en este 2025 «a partir de las proyecciones de gasto en
pensiones de los Informes de Envejecimiento de la Comisión Europea y de la estimación del impacto de las medidas de refuerzo de ingresos realizada por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF)».
Para este cálculo se tiene en cuenta el impacto anual medio de las medidas de ingresos entre 2022 y 2050. Si es inferior al 1,7% del PIB, la AiReF comprobaría que el gasto medio bruto público en pensiones en ese plazo no supere el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%. En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, en el plazo de un mes desde la recepción del Informe de Evaluación, el Gobierno solicitará a la AIReF un Informe de Medidas.
el gasto total de las pensiones supera ya ese umbral crítico del 15% y en marzo hay que tener hechos los deberes
Las propuestas vendrán por un recorte en las pensiones o bien con un aumento de las cotizaciones sociales. Es decir, poner contra las cuerdas a los pensionistas de cara a las elecciones autonómicas de Andalucía y Castilla y León, en febrero del próximo año, o bien romper aún más el diálogo social y el Pacto de Toledo con un aumento adicional en las cotizaciones sociales. Quizá por esta última medida y junto el aumento del salario mínimo, Hacienda se niegue a perdonar el IRPF a quienes superen los umbrales actuales.
EL GASTO EN PENSIONES YA SUPONE EL 15% DEL PIB
De esta forma, el Ejecutivo deberá identificar «un conjunto amplio de posibles medidas
para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones estimado por la AIReF». El gasto de las pensiones roza ya el 13% y supone un 5,5% más respecto a las cifras de 2024. Pero este gasto no incluye casi 56.000 millones de euros que aún se adeudan. En caso de introducirlos, el gasto total de las pensiones supera ya ese umbral crítico del 15% y en marzo hay que tener hechos los deberes.
La trampa de este cálculo se centra en el PIB, dopado hasta el último número debido a la inflación, la deuda y el gasto público, principales ingredientes de que España crezca a un ritmo más elevado que el resto de economías. Los datos hablan por sí solos. La deuda se ha disparado un 35,8% y las exportaciones dejan de ser un referente y más ahora con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Asimismo, el Ejecutivo socialista solo ha sido capaz de aprobar tres Presupuestos en siete años, y eso que llegó con los de Mariano Rajoy a La Moncloa.
La cuestión de las pensiones es un tema que preocupa en un país con una tasa de paro del doble respecto a la UE y líderes de paro juvenil. Asimismo, solo Madrid y Baleares serían capaces de cubrir el 100% de las pensiones contributivas, mientras que Cataluña tendría un quebranto de 5.500 millones de euros. Según los últimos datos, Madrid supera con creces las cotizaciones sociales de Cataluña, con un millón más de personas activas.
