El proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 contra Nacho Cano acusado de presuntos delitos contra los trabajadores y contra las personas extranjeras. La historia jurídica va tomando visos de culebrón venezolano interminable. La jueza del caso María Inmaculada Iglesias ha solicitado que se complete el informe de la Inspección de Trabajo sobre los becarios mexicanos que acudieron a Madrid para representar el musical Malinche.
Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la magistrada acuerda librar oficio a la Inspección de Trabajo a fin de que emita informe y en la que cita a declarar como investigados al administrador de Jana Producciones Javier Alfonso M. P. y al vicepresidente, consejero y Apoderado de Malinche The Musical David H.
La magistrada esgrime que la subinspectora que emitió el informe, ratificado en sede judicial, «no llevó a cabo una labor de investigación completa», por lo que solicita que se complete con los requisitos necesarios para determinar que la participación realizada por los becarios en el musical forma parte de las prácticas no laborales que realizan al amparo de la beca.
La jueza apunta que la subinspectora «no llevó a cabo una verdadera labor inspectora», ya que reconoció que ni visitó el centro de trabajo ni ha tenido acceso a las actuaciones judiciales en las que constan las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de extranjería de Policía Judicial.
Según la magistrada, se basó en los datos obtenidos durante la visita realizada en junio a la Parroquia San Juan de la Cruz, donde ensayaban los bailarines, en las manifestaciones realizadas por los becarios en dicho lugar y los trabajadores de la empresa y los representantes de estas y la documental aportada y consultada en la base de datos de la Seguridad Social.
LA RESPUESTA DE NACHO CANO
Desde el depacho Cremades & Calvo-Sotel que defienden los intereses del fundador de Mecano se asegura que “la instrucción descabellada de la jueza Inmaculada Iglesias del juzgado 19 de Madrid, no solo alarga injustificadamente un caso que no tiene ni pies ni cabeza, sino que además obstaculiza el derecho a la defensa de los injustamente investigados”. “Es todo escandaloso”, apuntan.
Además, en un escrito al Juzgado recuerdan que “ha solicitado en numerosas ocasiones la entrega de las grabaciones y tras sucesivas personaciones en el propio juzgado, se le hizo entrega de dicho DVD incompleto”. Ya que este sólo incluía solamente “las declaraciones en calidad de investigados de nuestros representados”.
Por ellos solicitan que se les “proporcionen las grabaciones completas de las declaraciones de los días 8 y 9 de enero de 2025” y que “hasta que no tengamos dichas grabaciones, quede en suspenso el plazo para la interposición del recurso de apelación contra el auto de fecha 5 de febrero de 2025” y “que se autorice nuevamente a esta letrada, el acceso a la Plataforma Horus, que como bien sabrán, no actualiza el sistema de forma automática”.
“Finalmente, solicitamos que se aporten los oficios entregados por la Policía Nacional, en su constante voluntad auto exculpatoria frente a las denuncias de los dieciséis becarios mexicanos. No referimos a la Diligencia de Ordenación de fecha 24 de enero de 2025 que dice textualmente: “Por recibidos los anteriores oficios de la Policía de Comisaría Centro, únase. Hágase saber a la Policía Nacional de Madrid Centro, que este Juzgado no tiene competencia para autorizar o no el cumplimiento sobre un requerimiento acordado por otro Juzgado…”, afirman desde el despacho que defiende a Nacho Cano.
EL PAPEL DE LA JUEZA
Desde la defensa de Nacho Cano siempre han señalado la persecución política como origen de la causa. Lo cierto es que incluso intentaron apartar a la jueza María Inmaculada Iglesias. Sin embargo, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó admitir a trámite la denuncia presentada contra la magistrada.
Desde Cremades & Calvo-Sotelo aseguraron que se trata de «una resolución express» que dificulta que «los abogados de Nacho Cano aporten las pruebas que habían anunciado y filtra a los medios la resolución antes de que haya sido siquiera comunicada a la acusación».
«Todo este caso es una fabricación urdida al más alto nivel de nuestro país, que usa una denuncia de alguien que quiso chantajear a la producción Malinche. Esos estamentos deciden usar el “NachoComodín” durante los duros meses que les esperan con los casos Koldo/Abalos, Begoña y el Hermanísimo. Creen que Nacho Cano es el objetivo perfecto por su cercanía a Ayuso y por su valor mediático para servir como cortina de humo. Creían que Nacho Cano se hundiría y no tendría la capacidad de responder a las oleadas de ataques de medios de comunicación vendidos, policías que no merecen su puesto y jueces cómplices. Han cometido tantas irregularidades en este último año que no les queda otra salida que redoblar el farol y cometer más ilegalidades. La justicia prevalecerá. Si no es así, España estará en aún más peligro que el propio Nacho Cano», explican a MONCLOA desde el despacho Cremades & Calvo Sotelo.
