La Audiencia Nacional acaba procesa por cuarta vez a los denominados jefes de ETA, José Javier Arizcuren ‘Kantauri’, Ignacio Gracia Arregui ‘Iñaki de Rentería’, Miguel Albisu ‘Mikel Antza’, Julián Achurra ‘Pototo’ y Juan Luis Aguirre ‘Isuntza’, como responsables de estar al frente de la banda terrorista. Este último proceso se centra en el vil asesinato del concejal y líder del PP vasco Gregorio Ordóñez.
La acusación la dirige Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas del terrorismo que busca en el más amplio de los términos el resarcimiento de los crímenes de los terroristas, como también en los casos de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua vilmente asesinado de un disparo en la nuca el 13 de julio de 1997 tras 48 horas atado en un bosque cerca de San Sebastián; el caso Santa Pola, con el asesinato de Silvia, una niña de solo 6 años de edad, por la explosión de un coche bomba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina el 4 de agosto de 2002; y por el caso de Francisco Arratibel, empresario asesinado en Tolosa el 11 de febrero de 1997 a quemarropa mientras daba una vuelta con su hijo de 12 años y su cuñado. No son los únicos asesinatos que mandaron los jefes de ETA. También se encuentra el de Jesús María Pedrosa Urquiza, también concejal del PP y sindicalista de ELA, disparado en Durango el 4 de junio de 2000.
El de Pedrosa Urquiza fue el octavo miembro electo del PP asesinado entre 1995 y 2000. Amenazado por ETA, rehusó llevar guardaespaldas. Su asesinato ocurrió tras la salida de un batzoki, las denominadas sede sociales del PNV, a plena luz del día (13.12 horas) y con la calle llena de gente. Su caso está aún en instrucción pese a pasar 24 años y medio desde entonces.
Estos asesinatos se concentran en un crimen de «lesa humanidad», según informes de la Guardia Civil y Policía Nacional aportados a la causa por Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular, la misma que busca acabar el PSOE para contentar a Bildu y eliminar así estos casos de la Justicia.
Con estos estudios minuciosos se permitió a la investigación judicial conocer no solo quienes dispararon, sino también a quienes ordenaron estas ejecuciones. Los informes han permitido reabrir casos, como el del asesinato de Gregorio Ordóñez para acusar «judicialmente no tanto a quienes apretaron el gatillo como a aquellos que tenían el dominio de la organización y, por lo tanto, pudieron haber evitado el atentado».
Según la acusación, tanto los asesinatos de Gregorio Ordóñez, como los de Miguel Ángel Blanco y Pedrosa Urquiza «se enmarcan dentro de la estrategia que ETA puso en marcha contra concejales del Partido Popular en el País Vasco entre 1995 y 2005». La banda terrorista, aún latente en las instituciones vascas, usó la intimidación y el asesinato con el fin de expulsar del País Vasco «a un grupo de personas que pensaba diferente».
ETA PUSO EN MARCHA EL ÉXODO DE LOS ‘POPULARES’
En esos años, más de 20.000 personas del PP y sus familias abandonaron la Comunidad Autónoma, «reduciendo así el censo electoral de votantes contrarios a sus postulados», según apuntan desde la acusación de Dignidad y Justicia. Los estudios más recientes cifran en un 10%, de un total de 200.000, las personas demócratas del PP que se marcharon del País Vasco.
Para amedrentar y amenazar a los concejales del PP, la cúpula de ETA puso en la diana a Gregorio Ordóñez, el valor más en alza de los ‘populares’ en aquella oscura década. «Fue un valiente, dio ejemplo y fue ejemplo para todos los demócratas» y ETA le asesinó como un aviso «intimidatorio» para el resto del partido político.
Con este éxodo, el PP tuvo «muchos problemas» para poder confeccionar las listas electorales tanto municipales, como autonómicas y generales. «Muchos candidatos se iban atemorizados del País Vasco», apuntan.
Las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia en estos casos tratan de demostrar «que los miembros del PP sufrieron persecución, amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos, atentados y, en definitiva, crímenes contra la humanidad por defender unas ideas diferentes a las que pretendía imponer ETA».
BILDU CONTINÚA SIN CONDENAR A ETA
Cabe recordar que Bildu no ha condenado jamás el asesinato de Gregorio Ordóñez como tampoco el de Miguel Ángel Blanco, como tampoco el de ningún concejal del PP o del PSOE o de cualquier otro grupo civil, policial o militar. Los liderados por Oskar Matute en el Congreso de los Diputados sí han apoyado a Pedro Sánchez en su petición de archivar la causa de Miguel Ángel Blanco y «ejerce un papel pasivo en el resto de procedimientos» a través de la Fiscalía.
El PSE y el PNV se negaron a firmar acuerdo alguno con Bildu mientras no condenase la violencia de ETA. No obstante, el trío forma parte ahora del denominado bloque progresista, a pesar de que los herederos de ETA no han condenado el terrorismo ni tampoco ayudan a esclarecer más de 300 muertes provocadas por sus atentados.
En total, son siete los procedimientos que apuntan a los terroristas de ETA por el delito de autoría mediata por dominio de la organización impulsados por Dignidad y Justicia, una acusación popular que pretende cargarse el PSOE para cerrar de forma prematura las investigaciones que acorralan a familiares de Pedro Sánchez, como el caso Begoña Gómez o el caso David Sánchez, como también el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
LAS PIEZAS ENCAJAN CUANDO SE ESTUDIAN SUMARIOS
Dignidad y Justicia ha encajado las piezas de todos los sumarios e investigaciones para poder presentar esta acusación contra los miembros de la cúpula de la banda terrorista ETA, procesada ahora tras 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez por un delito de asesinato terrorista y delito de atentado contra la vida.
Los cinco responsables de ETA, Jose Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; Ignacio Gracia Arregi, ‘Iñaki de Rentería’; Miguel Albisu, ‘Mikel Antza’; Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’ y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’, dieron las órdenes desde 1992 hasta su detención. Todos ellos responderían «por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración en el comité», incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos, según el auto.
Y es que, el juez distingue entre las actuaciones y funciones de los comandos de ETA y el papel que ejercía su comité ejecutivo, su brazo ideológico y al que todos los terroristas obedecían. Así, indica que éste se reservaba para sí la decisión de elegir los objetivos especiales, de singular trascendencia y relevancia política, dejando a los comandos la capacidad de elegir por sí mismos los objetivos de sus atentados cuando se trataba de policías, guardias civiles o militares.
LA CÚPULA DE ETA PAGABA A LOS ‘LIBERADOS’
El comité, según el juez, controlaba la actuación de los comandos y su funcionamiento, aunque no interviniera en la elección de los objetivos «ordinarios»; coordinaba el funcionamiento de la organización y el «rendimiento» de los comandos y de los integrantes de los distintos aparatos de la banda, adiestraba a sus componentes, entregaba las armas, explosivos y el material necesario para atentar.
De esta forma, era la cúpula de ETA la encargada de señalar a los objetivos políticos, con independencia del partido al que pertenecían. En esa década de terror, fueron señalados miles de concejales del PP, a los que la acusación popular llega a cifrar en 4.000 de los 5.000 políticos, es decir, el 80%.
Además de ordenar los asesinatos, la cúpula de la organización terrorista impedía la salida de los miembros que querían dejar la banda, denominados ‘liberados’, quienes percibían un sueldo en sus refugios. Para ello, les facilitaba la huida a países «seguros» o bien tomaban represalias violentas contra ellos, como ocurrió con ‘Yoyes’, María Dolores González Catarain, el 10 de septiembre de 1986 al ser disparada delante de su hija.
Este comité ejecutivo de ETA «se encargó de aspectos económicos de los comandos, facilitando los medios económicos para cometer los atentados y ofrecer los recursos financieros a los miembros a los que había autorizado dejar la actividad armada, asegurando la financiación de la banda en su conjunto», apunta el auto de procesamiento.
LA ORDEN DEL ASESINATO DE GREGORIO ORDÓÑEZ
La Audiencia Nacional recuerda que Gregorio Ordoñez fue asesinado el 23 de enero de 1995 de un disparo efectuado por un individuo encapuchado que irrumpió en el restaurante la Cepa de San Sebastian, donde fue a comer acompañado por su compañera de partido María San Gil, entre otros. Un asesinato por el que fueron juzgados y condenados los miembros del de ETA Valentín Lasarte, Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre, quienes ejecutaron la orden de la cúpula de ETA.
Este asesinato formó parte de la «estrategia de desestabilización» que desarrollaban los procesados a través del comité ejecutivo o cúpula de ETA. El magistrado considera que ha quedado acreditada su función decisiva en la orden de asesinar a Gregorio Ordoñez, como resultado de una decisión colegiada adoptada en 1994.
El magistrado relata que Arizcuren Ruiz, José Javier Arizcuren, «Kantauri», mantuvo una reunión con uno de los autores materiales del asesinato, Valentín Lasarte, en septiembre u octubre de 1994 en la localidad francesa de Bayona. En este encuentro, Lasarte manifestó su decisión de tomar un papel menos activo en ETA. Sin embargo, en el curso de la reunión, «Kantauri» le ordenó colaborar con dos miembros liberados del «comando Donosti» que pasarían más tarde desde Francia para ejecutar el atentado previsto contra Ordoñez y que había sido decidido por el comité ejecutivo de ETA.
DOS TESTIGOS PROTEGIDOS, CLAVE EN LA CAUSA
De Jorge se basa en la declaración que prestó el propio Lasarte tras su detención, un año después del asesinato de Ordoñez. En esa declaracón, reveló su encuentro con Kantauri y declaró detalladamente cómo se planificó y materializó el atentado. El juez también señala como indicios las declaraciones que obran en el sumario prestadas por testigos protegidos de las que se desprende que la orden de asesinar a Ordóñez vino «de Francia».
El juez ha tenido en cuenta también documentos de ETA anteriores y posteriores al atentado que corroboran que en aquella época la dirección de la organización terrorista había decidido una nueva estrategia de desestabilización que implicaba asesinar a políticos del PSOE, PP o PNV y que dejaba de atentar únicamente contra policías, guardias civiles o militares. Este tipo de atentados contra políticos sólo podrían llevarse a cabo por orden expresa del Comité ejecutivo de ETA.
