Mientras el juicio de las exmonjas de Belorado (petición de desahucio del monasterio por parte del arzobispado de Burgos) y las exreligiosas buscan vías de negocio para salir de su situación económica complicada, un nuevo escándalo sacudo los muros del convento. Tal y como publicó el Diario de Burgos
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido documentación remitida por la Archidiócesis de Burgos que apunta a una grave irregularidad: no notificar el fallecimiento de una religiosa y seguir cobrando su pensión. Según el Diario de Burgos en manos del Archidiócesis de Burgos hay pruebas que demostrarían el ingreso mensual de esta pensión sigue figurando en una de las cuentas corrientes que controla la comisión gestora.
Según Europa Press “se ha revelado un DNI asociado a una persona no identificada entre las 16 religiosas iniciales que formaban la congregación, lo que inicialmente se interpretó como una posible donación, debido a que la cantidad no era excesiva”.
Si la Seguridad Social confirma que los pagos realizados han sido irregulares, podrían devolver de manera íntegra lo recibido en las cuentas de las exclarisas desde mayo de 2022 hasta hoy.
LA VERSIÓN DE LAS EXMONJAS DE BELORADO
¿Cuál es la versión de la comunidad de religiosas? Así se manifiesta el jefe de prensa de las religiosas Francisco Canals: “Desde junio de 2024, las hermanas de la comunidad monástica de Belorado han perdido el control de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la entidad. Estas cuentas han pasado a ser gestionadas por el arzobispo de Burgos, incluyendo aquellas donde se depositan las pensiones de las hermanas mayores. Sin embargo, tenemos constancia de que algunas pensiones continúan ingresándose en las cuentas de la comunidad sin llegar a sus legítimas beneficiarias (las monjas vivas). Desconocemos el destino que el arzobispo da a estos fondos, ya que a las hermanas clarisas se les ha negado el acceso a dichas cuentas, privándolas de cualquier conocimiento sobre los movimientos realizados. Además, como estamos viendo, se ha intentado responsabilizar injustamente a las religiosas de situaciones ajenas a su control”.
“En relación con el fallecimiento de algunas hermanas de la comunidad, la Seguridad Social ingresó por error pensiones en las cuentas bancarias correspondientes a sus nombres. No obstante, esta irregularidad fue corregida rápidamente por la Administración, que recuperó los importes indebidamente ingresados. Es importante señalar que no se ha abierto ningún expediente ni se han impuesto sanciones por esta situación”, apunta.
“El término ‘Monjas de Belorado’ ya es uno de los más atacados y vilipendiados del mundo virtual, pero al mismo tiempo está cosechando un amplio número de simpatizantes y seguidores que crece de manera constante e imparable en todo el territorio”, asegura.
“En este momento, no consta que, desde el fallecimiento de las hermanas hasta la fecha actual, la Seguridad Social haya ingresado pensiones en las cuentas de la comunidad a nombre de alguna difunta. Sin embargo, para verificarlo sería necesario revisar los movimientos bancarios correspondientes, algo imposible debido a la negativa del arzobispo a permitir el acceso a dichas cuentas”, añade.
EL CULEBRÓN DE BELORADO
Esta historia llega a los medios de comunicación en plena batalla judicial de las monjas excomulgadas contra el arzobispado de Burgos. Aunque estaba señalado el 23 de enero como fecha para que diera inicio el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por el obispo Mario Iceta, el Juzgada de Instrucción nº 1 de Briviesca retrasó el inicio del mismo. El motivo eran los continuos cambios en la demanda, debido a que sólo se ha hecho la demanda contra 10 de las 16 (se ha respetado a las mayores que tienen entre 86 y 100 años y que, además, no han sido excomulgadas). Por su parte, las propias monjas interpusieron una demanda para recuperar el control económico de la orden.
Además, el día 24 de diciembre de 2024 doña Laura García de Viedma Serrano (la madre abadesa) y las asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio interponen ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra la Administración General del Estado por denegar la inscripción por transformación en el Registro Nacional de Asociaciones de las dos entidades recurrentes y anotar la designación de don Mario Iceta Gavicagogeascoa como representante legal de las mismas en el Registro de Entidades Religiosas.
