El PP de Feijóo toma la iniciativa ante el «chantaje» de Pedro Sánchez con las pensiones

El PP de Alberto Núñez Feijóo atenaza al PSOE y al Gobierno ante el desprecio de los ministros hacia los pensionistas, tomados como rehenes por el cálculo político de Pedro Sánchez, que muestra su poder, pero pone de manifiesto su minoría parlamentaria.

El PSOE y el Ejecutivo trataron de «chantajear» e «imponer sin consenso» una serie de medidas en un mismo decreto, denominado ‘ómnibus’ al mezclar medidas de especial relevancia con otras muy menores y partidistas.

Por un lado, se incluyó la revalorización de las pensiones; ayudas a los afectados por la DANA por una cuantía de 409,11 millones de euros entre subvenciones y préstamos, junto con otros 16,05 millones para las ayudas a la compra de vehículos, un montante muy similar que se iba a entregar al PNV por un palacete en París. Para la entrega del dinero público al PNV debía desviarse partidas desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Para otorgar al PNV su prebenda, el Gobierno pretendía modificar las compensaciones a los partidos políticos por las expropiaciones realizadas en la Guerra Civil. En este sentido, buscó el cambio en tres artículos de una ley anterior.

Además, se pretendía modificar una veintena de artículos de la ley de sociedades de información y el cambio normativo en el régimen de las sanciones, mientras que Correos sería la única empresa que podría utilizar el Estado para sus comunicaciones.

SIN LEYES, LA LEGISLATURA DE PEDRO SÁNCHEZ ESTÁ MUY TOCADA

Además, buscó cambiar otros tres artículos de la Comisión Nacional de Competencia y los Mercados (CNMC), cuyas nuevas funciones pasaban por imponer sanciones en el sector de los hidrocarburos. En el mismo decreto se concedía la prórroga del Plan Moves III hasta el 30 de junio de este año para la compra de vehículos, como también la protección a la ocupación ilegal de inmuebles, exigiendo al propietario el pago y mantenimiento de los servicios básicos. Por si fuera poco, en esas 137 páginas también incluyó el ‘escudo antiopas’, que decae y permite la entrada de inversores en empresas españolas, como Talgo, necesitada de entrada de un socio industrial para mantener su continuidad con solvencia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a trocear el decreto y mantiene así como «rehenes» a los pensionistas y trabajadores, que ya no se beneficiarán de las subvenciones en Cercanías, al ser competencia del Estado, mientras las Comunidades Autónomas muestran su músculo para mantener los descuentos, aunque difieren en el tiempo que lo mantendrán.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, junto a Cuca Gamarra en Córdoba
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, junto a Cuca Gamarra en Córdoba

En total, 137 páginas que decaen por la incapacidad del PSOE y del Ejecutivo para alcanzar los consensos necesarios. Con esta soberana derrota, los socialistas ponen de manifiesto su minoría parlamentaria, al mismo tiempo que enmiendan el discurso promulgado desde el 23-J.

EL RELATO DEL PSOE: CULPAR A LA OPOSICIÓN, CON EL PNV EN EL PAPEL DE ‘APROVECHATEGUI’

Los ministros socialistas, con Óscar Puente y María Jesús Montero a la cabeza, culpan ahora al PP de todos los males. «No incluía ninguna medida reprobable», justificó el titular de Transportes, pese a que el decreto impide el desalojo para quienes ocupan ilegalmente las viviendas y el pago al PNV a cambio de sus votos.

El argumento del PSOE es sencillo: culpar al PP por no haber apoyado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, descartando por completo volver a llevar las medidas sociales por separado. Como el ‘aprovechategui’ del PNV, el PSOE no solo juega a señalar a la oposición, sino que ha exigido a los sindicatos tomar las calles para hacer una manifestación contra el PP, evidenciando así un nuevo pago al PSOE tras disparar las subvenciones y llenar los bolsillos de quienes han guardado silencio durante siete años a pesar de los estragos de la inflación y los elevados precios de la electricidad. Será el próximo 3 de febrero cuando salgan a la calle.

No obstante, el PSOE se queda solo en esta defensa de la convalidación del ‘decreto de la macedonia’. En Sumar han exigido separar las pensiones y aprobarlas por separado, una medida que cuenta con la mayoría de toda la Cámara Baja, incluyendo a PP y Junts, que exige una mayor revalorización de las pensiones en Cataluña ante el alto coste de la vida.

Es un chantaje en toda regla y pone en una situación aún más difícil tanto a trabajadores como a los pensionistas

De hecho, las malas lenguas presuponen que los socialistas volverían a llevar el mismo texto al Congreso, sin modificación alguna, para insistir en la votación del todo o nada. «Es un chantaje en toda regla y pone en una situación aún más difícil tanto a trabajadores como a los pensionistas», advierten desde el PP. «Tratar como rehenes a los pensionistas, sin consensos y con una minoría parlamentaria no es gobernar, es exigir el todo o nada», destacan.

40 MEDIDAS Y LOS PENSIONES DE REHENES: EL PSOE SE DESBOCA

En el PP de Feijóo tienen claro que las más de 40 medidas que se debatieron en el Congreso de los Diputados iban en contra de los propios españoles. «Tenemos un Gobierno capaz de supeditar ayudas a su propia supervivencia política», advirtió el líder de los ‘populares’ en un acto en Barcelona.

Feijóo destroza al PSOE y al PNV con su ofensiva en las pensiones
Feijóo destroza al PSOE y al PNV con su ofensiva en las pensiones

La idea del PP es llevar la exigencia de subir las pensiones por la vía de urgencia. Ante la negativa del PSOE a revalorizar las pensiones, los ‘populares’ llevarán la iniciativa desde el Senado, mientras recogerán firmas entre los ciudadanos para contrarrestar a la movilización de los sindicatos en la calle.

A juicio de los de Feijóo, la legislatura está «agotada», pero no dan políticamente amortizado a Pedro Sánchez, quien ha sostenido que no hará cálculos partidistas, el mismo que vendió el sistema común de la Agencia Tributaria y el traspaso de Cercanías a Cataluña a cambio de los siete votos de Junts para aprobar su investidura.

la ofensiva del PP también se mostrará en el Congreso, con iniciativas consensuadas para su aprobación. Cuca Gamarra, por su parte, se encargará de organizar la recogida de firmas tanto en la plataforma Change.org como en las mesas informativas con el fin de revalorizar las pensiones, mantener la subvención en el transporte público y desbloquear las ayudas a los afectados de la DANA. El PSC, en Cataluña, se mantiene con su habitual perfil bajo, pese a que son medidas que afectan directamente a los catalanes.

LE TOCA A PEDRO SÁNCHEZ «MOVER EL CULO»

«El Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria y social en defensa de los pensionistas, de los usuarios del transporte público y de los valencianos», ha sostenido Gamarra. De esta forma y ante la negativa de Pedro Sánchez, los españoles no tendrán que esperar al próximo CIS de José Félix Tezanos para pronunciarse y pedir personalmente la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte y las ayudas a Valencia a Pedro Sánchez.

En el Senado, se ha presentado una moción para que el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar un nuevo decreto con esas tres medidas. En este sentido, recuerdan que les «faltó tiempo» para dar luz verde al impuesto a las energéticas ni tampoco guardó un minuto de silencio por las víctimas de la DANA. De hecho, un día después de la catástrofe, evitó la suspensión del Congreso de los Diputados para arrancar el asalto a RTVE, mientras que hace una semana destituyó a José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica.

Asimismo, ha instado a los sindicatos, a los que les compara con el brazo político del Gobierno, para acudir a Ferraz y exigir allí la revalorización de las pensiones. «A quien hay que pedir que mueva el culo es a Pedro Sánchez», ha sentenciado.

En este sentido, ha dejado clara la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos, leyes, reales decretos…«Pedro, ¿a qué esperas? Vete ya. No puedes gobernar España, no tienes otra salida», ha afirmado ante Miguel Tellado y Alicia García, los portavoces parlamentarios.