Se han localizado 21 aves, 15 gallos y 6 gallinas de la raza Combatiente Español y cruce de éstos con raza Fénix
La Guardia Civil de Valladolid investiga a uno de los propietarios de los gallos virales, un varón de 43 años, por la comisión de un delito contra los animales por la mutilación de crestas y barbillas a cinco gallos de la raza Combatiente Español y cruce de éstos con raza Fénix sin informe veterinario.
El pasado 16 de enero la Guardia Civil de Valladolid, tras recibir información de la Guardia Civil de Soria, sobre la denuncia presentada en Soria por el titular de una explotación por el robo de varios gallos en unas instalaciones de Valladolid, abrió diligencia por un presunto delito de maltrato animal dando conocimiento a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Este hecho ha generado una gran repercusión mediática tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación«, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.
La Guardia Civil de Valladolid, como parte de la investigación, realizó el pasado 22 de enero una inspección de las instalaciones en colaboración con los Veterinarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta en una explotación de gallos ubicada en la localidad de Valladolid.
En el lugar se inspeccionaron 21 aves, 15 gallos y 6 gallinas de la raza combatiente español en su mayoría y algún cruce de las razas combatiente español-fénix.
Cinco de estos gallos presentaban las crestas y las barbillas amputadas sin acreditar que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico. Estos animales corresponden con los gallos sustraídos y posteriormente recuperados en la localidad de Soria. El resto de los animales se encontraban en condiciones «aceptables».
Estas intervenciones están reguladas en el apartado 2 del artículo 7, de condiciones de bienestar animal por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, recuerda la Guardia Civil.
Durante la inspección se pudo comprobar la carencia total de cualquier tipo de autorización, licencias permiso o comunicación a las distintas autoridades locales y autonómicas, por lo que se han instruido diversas denuncias administrativas.
Entre ellas, no tener dado de alta un corral doméstico, sin comunicación ambiental al ayuntamiento de Valladolid. Tampoco presentaba la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas (REGA), ni disponía de libro de registro de explotación ganaderas. Igualmente, carece de documentación que acredite que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico. Asimismo, el Instituto Armado está realizando gestiones con la empresa titular de la finca para conocer la legalidad de la situación de la explotación.
Los animales han quedado inmovilizados en el lugar debido a la imposibilidad de encontrar una ubicación que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad y en aplicación de la normativa sectorial con restricción, de entradas y salidas desde y hacia esta ubicación.
El investigado se enfrenta a penas de prisión que van de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid, si bien se continúa con las investigaciones.
