Aldama, contra las cuerdas. El informe del caso Hidrocarburos elaborado por la UCO de la Guardia Civil no solo desgrana los altos contactos de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, imputados en la causa por organización criminal, blanqueo de capitales y delitos de fraude fiscal, sino también el supuesto esquema utilizado con la empresa Villafuel para llegar a convertirla en un referente del sector por la cantidad de combustible que llegó a mover en un mercado tan competitivo.
Como en toda presunta trama dedicada al fraude y especialmente al fiscal, los cabecillas de la misma tratan de montar una red empresarial, utilizando a los llamados «hombres de paja» como testaferros y moviendo el dinero de un lado a otro, como a Suiza, Luxemburgo o Suiza, entre otros destinos. Por norma general, al inicio de este tipo de sociedades ilícitas, el fraude se realiza de forma burda, sin esconder demasiado el dinero y dejando numerosos rastros.
En el caso Hidrocarburos, supuestamente controlado por Aldama y Rivas, el comienzo cumplió el guion establecido para este tipo de operativa criminal. Los agentes realizan un breve resumen de cómo funciona el sector de los hidrocarburos y explicar después el papel desempeñado por el «nexo corruptor» en el caso Koldo para poner al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en situación.
EL SECTOR HIDROCARBUROS Y SOCIEDADES CON UNA SOLVENCIA MÍNIMA DE 3 M€
Asimismo, tanto Aldama como Rivas entraron en un sector altamente competitivo. No se trataba de una estafa piramidal con múltiples testaferros y retirando dinero para depositarlo en otra compañia. Para el sector de los hidrocarburos se necesitan licencias, permisos y una sociedad cuya constitución en el Registro Mercantil con un capital social mínimo de 3.000 euros, como cualquier otra sociedad limitada, pero con una solvencia financiera mínima de tres millones.
Para obtener las licencias y permisos pertinentes, Villafuel SL, controlada por Aldama y Rivas, tuvo que acreditar que sus instalaciones cumplían las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, todos aquellos que realicen la actividad del operador al por mayor deben disponer de las autorizaciones de las instalaciones otorgadas por los órganos administrativos competentes, dando a conocer la idoneidad de las mismas para el desarrollo de las actividades.
Según los mensajes del caso Koldo, Aldama trató de conseguir esos papeles para Villafuel SL en el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por la entonces ministra y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
Se le denegó en un primer momento, pero quien persevera y dispone de buenos contactos -y Aldama los tiene- abre más puertas de las inicialmente planteadas. El Ministerio de Ribera le concedió todos los permisos a pesar de las alertas de órganos de control, como el CORES -Corporación de Reservas Estratégicas-, el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS), o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
VILLAFUEL SL SE CONSTITUYE DESPUÉS DE TENER LOS PERMISOS
De esta forma, Villafuel SL, la empresa situada en el epicentro de la trama, según la UCO, disponía de toda la organización técnica, financiera y legal para obtener los permisos.
Para cumplir los requisitos legales, el nuevo operador del mercado debe constituirse como operadora en una sociedad mercantil, cuya sede puede estar radicada en cualquier país de la UE. Asimismo, debe estar al día en el pago de sus impuestos y Seguridad Social. En teoría, un mero trámite, más cuando Villafuel SL se constituyó después de obtener los permisos, según consta en el sumario consultado por este medio.
Para la capacidad técnica de la supuesta trama liderada por Aldama y Rivas, estas sociedades «no suelen necesitar medios técnicos, pues hacen de meros intermediarios entre los depósitos fiscales y los minoristas -gasolineras-», relata la UCO de la Guardia Civil en su explicación. No obstante, este tipo de empresas necesitan capital humano muy cualificado para ejercer la actividad comercial en el sector. «Por este motivo, las organizaciones criminales cuentan con profesionales del sector, algunos de los cuales, son reincidentes en la actividad delictiva», apuntan los investigadores.
En cuanto a la capacidad financiera, la normativa exige que la empresa dedicada a operar en el sector de hidrocarburos disponga de unos recursos propios a la actividad de distribución mayorista de un mínimo de tres millones de euros, 1.000 veces más de los exigidos a una sociedad limitada.
EL ‘OBSTÁCULO’ DE VILLAFUEL: CÓMO CONSEGUIR 3 M€ SIN APORTAR UN CÉNTIMO
Para cumplir con este requisito, las sociedades fraudulentas controladas por Aldama y Rivas, amplian capital y lo hacen siguiendo distintas vías. Realizando aportaciones no dinerarias, es decir, con activos no monetarios que sobrevaloran hasta alcanzar la cantidad exigida -esos tres millones de euros-. De esta forma, entran en balance un software informático, derechos de compra sobre otra sociedad o incluso una página web. La valoración la realizan los propios socios de la empresa, sin pasar por un auditor o una tasación realizada por un tercero ajeno a la entidad. Esta vía es la más utilizada dado que no se necesita la actuación de un tercero.
Para alcanzar esos tres millones también se emiten reconocimientos de deuda de la sociedad con otro de los socios. En este sentido, se aporta el informe elaborado por quien tiene la supuesta deuda con una cantidad de tres millones de euros, justo el mínimo necesario para poner en marcha el negocio. La otra sociedad tan solo tiene que aumentar el capital con un papel, que todo lo aguanta. No existe una transferencia monetaria porque el dinero no está, pero sí se espera una vez se ponga a funcionar la rueda.
EL PRÉSTAMO CON LA MATRIZ DE VILLAFUEL SL
Según la UCO de la Guardia Civil, la trama escogió el reconocimiento de deuda para dota a Villafuel SL para llegar a esos tres millones de euros. La operadora fue constituida con 15.000 euros por Jesús Callejón Amorós y David Rivas Macías el 23 de febrero de 2020. En un inicio, la sociedad vinculada a Aldama y Rivas realizó una ampliación de capital de 595.000 euros tras ampliar capital el 1 de marzo de 2021, a pesar de iniciar las operaciones seis meses antes.
Para engordar el balance y por tanto su solvencia financiera, Villafuel SL compró a Rubén Trucks Spain SL un terreno industrial en el polígono de la Romica (Albacete), que en la actualidad dispone de una estación de servicio de Villafuel. Este terreno se publicita ahora como «gasocentro y estación de servicio Villafuel», destaca la UCO.
Según la UCO, la mercantil Villafuel, controlada por Aldama y Rivas, conformó un préstamo de 2,5 millones de euros figurando como acreedor Abanca Corporación para, posteriormente, el día 6 de septiembre de 2023, ejecutar una condonación de deuda, siendo el adjudicatario o beneficiario, Still Growing SL, su matriz. Esos 2,5 millones junto con los 615.000 de la ampliación de capital y el capital suscrito inicialmente permitían superar los tres millones de euros por la mínima.
DE CUMPLIR LOS REQUISITOS A COMENZAR LA RUEDA DEL FRAUDE
Con estos requisitos resueltos, los administradores deben realizar una comunicación al Ministerio de Teresa Ribera haciendo constar los datos de localización, contacto e identidad de la empresa y una «declaración responsable», es decir, que bajo su responsabilidad la empresa cumple con los requisitos establecidos, sin que haya una comprobación.
Una vez recibida, el Ministerio de Transición Ecológica envía a la CNMC el inicio de la actividad junto a la declaración responsable para proceder a la inclusión de la operadora en el «Listado de Operadores al por mayor de productos petrolíferos». Una vez publicado el nombre de la sociedad en esa lista, ya puede comenzar su actividad.
Villafuel podía operar incluso sin la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, pero sí tiene potestad para comprobar los datos. En caso de detectar algún incumplimiento, podría retener la comunicación enviada a la CNMC y por tanto quedaría fuera del listado, sin poder operar. En caso de iniciar la actividad, el Ministerio de Teresa Ribera pudo realizar un procedimiento para «declarar la extinción de la habilitación para actuar como operador», según recoge la normativa.
LOS TESTAFERROS, PREPARADOS Y CONOCEDORES DE LA OPERATIVA
En cuanto al entresijo empresarial, las organizaciones criminales se suelen valer de los denominados «hombres de paja», testaferros que actúan como administradores instrumentales con el fin de dificultar quién está realmente tras este tipo de empresas.
A diferencia de los testaferros habituales en otros casos de corrupción, donde se pone a una persona al frente de una empresa a cambio de una cantidad indeterminada de dinero o algún piso u otro bien, los presuntos testaferros en Villafuel actuaban de forma activa, participando del negocio y conociendo la parte administrativa, siguiendo las órdenes de los líderes que financian o han financiado la actividad de esa operadora instrumental. De esta forma, los testaferros perciben salarios muy elevados por su labor de gestión.
En el caso de la empresa controlada por Aldama y Rivas, uno de los supuestos hombres de paja utilizados fue Pedro Antonio Marín Alba, que llegó a declarar un salario de 61.000 euros de la operadora de hidrocarburos. Marín Alba fue detenido al figurar como administrador de la sociedad. Esto es solo el inicio, los preparativos para montar una supuesta red criminal en un mercado donde Villafuel fue uno de los actores más destacados.
EL ESQUEMA COGE CUERPO: LA ACTIVACIÓN DEL ‘MODUS OPERANDI’
Una vez montada la operadora, el esquema ahora es muy sencillo y su ‘modus operandi’ consiste en dejar de ingresar el IVA repercutido en las arcas públicas. Cabe señalar que el IVA en los hidrocarburos alcanza el 21% y que las cantidades son elevadas debido a la compra del combustible, por lo que es fácil superar los 120.000 euros, el límite fijado por ley para ir por la vía penal por evasión y fraude fiscal.
La UCO muestra en un sencillo gráfico cómo es el círculo del dinero en este tipo de sociedades. La operadora, en este caso Villafuel, compraría el hidrocarburo a un proveedor dentro de un depósito fiscal administrado por un operador logístico, una entrega exenta de IVA y por tanto no genera IVA soportado (gasto) y que pueda ser deducible posteriormente.
Tras la compra de este producto y antes de ser retirado del depósito fiscal, el operador logístico recauda a la operadora la cantidad correspondiente a los Impuestos Especiales, gravámenes que solo se aplican en Península y Baleares. Este impuesto se mide en litros y la cantidad difiere según el tipo de combustible usado.
COMPRAR HIDROCARBUROS CONLLEVA EL PAGO DIRECTO DE IMPUESTOS ESPECIALES, PERO NO DEL IVA
Así, por ejemplo, por 1.000 litros de gasóleo de automoción, la Agencia Tributaria recauda 307 euros, o lo que es lo mismo, 0,307 euros. Las operadoras como Villafuel SL adelantan el pago de este impuesto y después lo repercuten en la siguiente operación de compraventa, recuperando la cantidad, que abonará íntegramente el consumidor final en las estaciones de servicio.
El sector opera como una maquinaria engrasada. El depósito fiscal exige el pago del Impuesto Especial antes de facilitar el producto. Sin este pago, no hay hidrocarburo.
Cuando el hidrocarburo se traslada a la gasolinera y esta lo hace al minorista, éste paga no solo el Impuesto Especial concreto, sino también el IVA, cuyo tipo impositivo se sitúa en el 21%. Es el operador el encargado de liquidarlo con la Agencia Tributaria y no el consumidor final.
EL «PERFECCIONAMIENTO DEL FRAUDE»: SE ACTIVAN LAS ALARMAS
Es en este paso final donde se produciría el fraude de Villafuel SL. A pesar de ser algo sencillo, el problema se deriva cuando el consumidor final presenta la correspondiente factura ante el fisco, si no hay contrapartida por el lado de los ingresos deberían saltar las alarmas. Para ello, la UCO detecta un «perfeccionamiento del fraude».
Esta operativa involucra tanto a las empresas implicadas como a sus responsables al eludir la declaración del IVA repercutido (ingresos) al consumidor y es sencillo debido al actual sistema de declaración fiscal existente, «el cual permite la realización de auto declaraciones trimestrales, mediante las que estos sujetos declaran el montante de sus actividades comerciales y las cantidades correspondientes al IVA pagado a sus proveedores (soportado) y el IVA cobrado a sus clientes (repercutido)».
Al no existir el IVA soportado, las cantidades a ingresar deberían estar muy cerca de la totalidad del IVA repercutido, pero evitan abonarlo. El propio Ministerio de Transición Ecológica como la Agencia Tributaria son conscientes de que las organizaciones criminales utilizan este sistema a pesar del incremento de la presión judicial y policial y el endurecimiento en la comprobación de los requisitos por parte de la Administración.
De esta forma, la red criminal va creciendo al interponer nuevas sociedades mercantiles con el fin de evitar un seguimiento del rastro del dinero y ocultar verdaderamente a los líderes de la organización, que busca dar salidas legales a ingentes cantidades de dinero, mientras tratan de desvincular a las operadoras montadas para llevar a cabo el fraude y evitar las temidas sanciones, que dejarían sin ingresos a la organización, más con los pasos que deben realizarse para constituir una de ellas legalmente. Sin la operadora sería imposible poder comprar hidrocarburos al por mayor.
OCULTAR A VILLAFUEL SL DE LA LUPA JUDICIAL, POLICIAL Y DEL FISCO
Para ocultar a la operadora, Aldama y Rivas crearon un paso intermedio entre la operadora y el consumidor minorista. Esta labor de intermediación se conoce como «suministradora o subcuenta», cuya actividad se produce justo entre la operadora y el consumidor minorista, al ser la operadora quien abona los Impuestos Especiales en el depósito fiscal.
La UCO de la Guardia Civil sitúa a Rivas y Aldama en la cúpula, mientras que María Luis Rivas ejercía presuntamente como subdirectora de la misma. Los supuestos testaferros expertos serían Félix Aparicio y Pedro Antonio Marín, mientras que Aarón Gómez, Javier Sequí, Oriana Elisett, Francisca de los Santos, Javier Rodríguez, Jaime Salmerón, Iván Castañer, Juan Manuel Rodríguez y José Fernández actuarían como testaferros.
La supuesta trama se valió de las sociedades Obail 3000 SL, Salamanca Fuel Center SL, Canary Islands Fuel Company SL, Casmar Hidrocarburos SL, Carburantes Jalón Plaza SL, Skyward Tech SL y Espaeventos SL.
De esta forma, la operadora vende a la subcuenta o sociedad intermediaria la cantidad estipulada de hidrocarburo con el IVA correspondiente. Es esta nueva mercantil la encargada de trasladar la materia prima al consumidor final, quien abona después el IVA a la intermediaria.
La operadora preserva así su imagen de aparente legalidad y responsabiliza al intermediario de no haber liquidado el preceptivo impuesto de la compraventa de hidrocarburos. Así, en caso de una investigación quien no paga el IVA es la nueva intermediaria y la lupa se aleja de la verdadera mina de hacer dinero negro.
Una vez cazada a la suministradora la red tan solo tiene que crear una nueva sociedad limitada para mantener la rueda en marcha. Tan solo se añade una firma entre la operadora y el depósito legal, que entrega el hidrocarburo a cambio de la recaudación de los impuestos especiales, pero no hay liquidación de IVA en ese momento.
Con este esquema, a ojos de cualquier investigación poco exhaustiva aleja a la operadora del fraude fiscal, apareciendo como un mero proveedor que vende su producto a otra empresa, como si de un cliente más se tratara, aunque mucho más grande que cualquier minorista a tenor de las cantidades presuntamente defraudadas. En el caso de Aldama, Rivas y Villafuel se estima en más de 182 millones de euros.
Para cuadrar todo el esquema, la suministradora está controlada por un supuesto testaferro de la trama, que engrosa una deuda millonaria con el Tesoro y la Agencia Tributaria provocando con ello que, con el paso del tiempo, la Agencia Tributaria actúe individualmente contra la misma. Una vez lo hace, la empresa se disuelve y el motor continúa con otra empresa de reciente creación o bien una de las sociedades ya conformadas con antelación con otro hombre de paja al frente.
Por este motivo, el testaferro debe conocer muy bien el negocio, mientras exige grandes cantidades de dinero debido a los elevados riesgos judiciales que entraña esta operativa.
LA SOLUCIÓN AL PRESUNTO FRAUDE DE LA TRAMA DE HIDROCARBUROS
La propia UCO de la Guardia Civil desliza una posible solución a este tipo de fraudes, como la obligación de pagar el IVA en el Depósito Fiscal o bien la exigencia de abonar el IVA en el momento en el que se realiza la operación. Y es que, las suministradoras «son simples sociedades que no tienen que cumplir unos requisitos como las operadoras, ni necesitan pasar un proceso de verificación y publicación para ejercer su actividad».
«Es suficiente con estar constituida como sociedad y que la operadora la autorice como su suministradora ante el operador logístico del depósito fiscal, para ejercer la actividad», destaca la UCO de la Guardia, que muestra una vez más las debilidades del sistema con el fin de acabar con este tipo de fraude.
Para generar una mayor protección a la operadora, vital en la trama, «las organizaciones criminales suelen emplear -esta vez ya fuera del depósito fiscal- un tercer escalón en el que colocaría otras sociedades que comercializarían el producto entre los minoristas -gasolineras-».
La finalidad de añadir una rama en la organización criminal tiene tres objetivos. Por una parte, «facilitar la comercialización del producto con el minorista, ya que estas sociedades no acumularán fraude tributario y, por lo tanto, no deberán ser cambiadas por otras nuevas cuando transcurra el tiempo». Es decir, dar estabilidad, cobertura y refuerzo a la estructura criminal.
EL TERCER ESCALÓN EN EL CASO HIDROCARBUROS
Por otro lado, oculta aún más a los verdaderos líderes de la organización al establecer un nuevo rastro del dinero, evitando el contacto entre la sociedad que comete el fraude -la operadora- con el comprador.
Y, por último, «dar apariencia de legalidad aparte de las cantidades extraídas del fraude de hidrocarburo llevado a cabo, permitiendo disponer de los importes ingresados en las mismas desvinculado de la sociedad sobre la que recae la responsabilidad del impago del IVA y, por lo tanto, alejada de su origen delictivo».
A la UCO de la Guardia Civil no se le escapa que si en un comercio lícito entra un nuevo actor en la cadena haría incrementar el precio final debido a que los intermediarios buscarían su propio beneficio. En el caso Hidrocarburos no tendría sentido comercial al encarecer de forma innecesariamente la gasolina con un nuevo actor debido a que la operadora puede vender directamente a la gasolinera, sin intermediarios.
La entrada de este tercer escalón, la organización criminal «puede vender hidrocarburo a precios siempre menores que los de la competencia, por lo que puede colocar grandes cantidades de producto y obtener ingresos millonarios en periodos de tiempo que abarcan tan solo unos meses».
MÁS INTERMEDIARIOS, PERO EL PRECIO DE LA GASOLINA NO SUBE
«En relación a esta estructura, igualmente debe destacarse que, aunque parte de la cuota delictiva que retienen las suministradoras sería traspasada ya en la compra del producto a la operadora -la cual lo recibiría como un beneficio aparentemente legal- , y otra parte de la cuota sería utilizada para vender el producto a la comercializadora a un precio más bajo que el resto del mercado», apunta la UCO de la Guardia Civil.
En este sentido, los investigadores destacan que «gran parte de lo defraudado suele quedar en la sociedad que se coloca ‘ad hoc’ para llevar a cabo el impago». El motivo es sencillo: alejar a la operadora de cualquier operación fraudulenta.
Entorno a estas sociedades supuestamente fraudulentas, controladas por Aldama y Rivas, se montan estructuras paralelas de sociedades instrumentales que sirven de salida al dinero defraudado con una doble motivación. La primera de ellas es alejar a la operadora fuera de la lupa judicial y policial, mientras se busca un refugio legal al dinero obtenido ilegalmente. Es aquí donde entra el delito de blanqueo de capitales.
Este tipo de fraude está a la orden del día, tal y como puso de manifiesto el propio Gobierno en 2023 a la hora de abordar una modificación «urgente» en la labor de intermediación del sector de los Hidrocarburos.
UN FRAUDE EXTENDIDO EN EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS
«Se han detectado crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales, … Esto ha facilitado enormemente el fraude por parte de algunas empresas, lo que está perjudicando al resto del sector y que, además, tiene un impacto directo en el consumidor por cuanto afecta al precio final de los carburantes […]», apuntó en la exposición de motivos para cambiar la legislación.
En el caso Hidrocarburos, la UCO detectó «transferencias de capitales y bienes» a otras jurisdicciones como son Portugal, Colombia, China, Suiza y, posiblemente Luxemburgo. «El fraude cometido asciende, hasta el momento, a 182.513.923,15 euros, cuestión que evidencia la especialización de la organización criminal», apunta. Y es que, esa es la cantidad defraudada por IVA, es decir, el 21% del montante que llegaron a mover, muy cercano a los 869 millones de euros en combustible.
