Los representantes legales de tres de las grandes compañías tecnológicas en España, Telefónica, Indra y Google, han declarado esta mañana ante el juez Peinado, que instruye una causa contra Begoña Gómez. El director de Regulación de Telefónica, Nicolás Oriol, dijo que la propuesta de colaborar en la cátedra de Gómez llegó a la compañía a través de Rosauro Varo, el conocido empresario sevillano miembro del consejo asesor de Telefónica España. Oriol cifró en 55.000 euros el gasto invertido en el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Gómez en la Complutense.
Según fuentes conocedoras del interrogatorio, Oriol dijo que Varo y Gómez se conocían previamente por la relación del empresario con varios medios de comunicación y que fue la esposa del presidente Sánchez quien se puso en contacto con él para preguntarle si Telefónica podía colaborar con la Complutense.
Varo habría gestionado una reunión de Gómez con Sergio Oslé, presidente de Movistar Plus y número 2 de la empresa de comunicación que mostró su conformidad con el proyecto propuesto por Gómez. Esas reuniones fueron entre Begoña Gómez y Blanca de Juan por parte de la Complutense y Gonzalo Martín Villa (consejero delegado) y Luis Miguel Olivas (Fundación Telefónica) por parte de la empresa española, tuvieron lugar en la sede de Telefónica situada en el madrileño barrio de Las Tablas, los días 13 y 22 de diciembre de 2021 y el 13 de enero de 2022 y en una de ellas hizo acto de presencia Álvarez-Pallete, entonces presidente de Telefónica, «sólo para saludar», según Oriol. La empresa dedicó tres personas a este desarrollo, con un total de 124 jornadas laborales, con un coste estimado de unos 55.000 euros.
El representante legal de la empresa también ha señalado que en dichas reuniones se dijo que el ‘software’ desarrollado sería para la Complutense y quedaría en propiedad de la universidad.
SUSPENDIDA LA DECLARACIÓN DE GOOGLE E INDRA
Aunque estaba previsto que este miércoles también declararan los representantes legales de Google Spain, de Indra y de Arsys Internet, finalmente solo se ha celebrado el interrogatorio al representante de Telefónica.
Las fuentes consultadas explican que en el caso de Google Spain y de Arsys Internet hubo problemas técnicos para llevar a cabo la videoconferencia, mientras que en el caso de Indra el juez consideró que el representante que acudió no era el que tenía que comparecer.
En el sumario de la causa consta que Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el ‘software’. Por su parte, esta misma semana ha trascendido que Google ha comunicado al juzgado que invirtió 110.000 euros.
Otra declaración que no se ha podido celebrar este miércoles, por un error en la citación, es la de Elvira Sánchez Trompeta, quien fuera jefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid cuando se aprobó un contrato con una empresa de Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.
Según las fuentes mencionadas, sí han declarado este miércoles quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.
Cabe recordar que ambos excargos de la Complutense ya comparecieron con anterioridad ante el juez Peinado. El pasado julio declararon que no tenían competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software desarrollado en el marco de dicha cátedra. Este miércoles han ratificado sus declaraciones.
LA INVESTIGACIÓN DEL ‘SOFTWARE’
Las citaciones han tenido lugar después de que el pasado octubre el juez ampliara la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del ‘software’ de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho ‘software’.
La defensa de Gómez, a cargo del ex ministro socialista Antonio Camacho, defendió por escrito que si la esposa de Pedro Sánchez había firmado el pliego de prescripciones técnicas fue «porque la UCM así se lo indicó expresamente».
El abogado también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron «cómo debía registrar» el dominio de Internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio «fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM».
En su última declaración, celebrada el pasado diciembre, Gómez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del software de la cátedra que -según insistió- había sido financiado por empresas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.
