Miguel Borra, líder de CSIF y consejero en Muface, ha enviado una dura carta a la dirección de Muface alertando de la desesperada situación que sufren cientos de beneficiarios de este sistema sufragado en casi un 80% por el Estado y un 17,5% por los mutualistas privados.
Tras quedar desierta la licitación, cuyo plazo finalizaba el 5 de noviembre, el Gobierno sacó a concurso la adjudicación con un incremento que no contentó a las empresas aseguradoras. Ante la negativa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez volvió a sacar una nueva licitación y amplió después el plazo para presentar ofertas hasta el 27 de enero, una modificación de urgencia al no haber cubierto las «pérdidas» ocasionadas para las aseguradoras, por encima de los 250 millones de euros.
A pesar de todo ello y con los plazos demasiado ajustados, el Gobierno de Pedro Sánchez se dividió entre mantener o no Muface, hasta el punto de realizar una oferta muy por debajo de las peticiones de las aseguradoras participantes en Muface: Adeslas, DKV y Sanitas, la última esperanza dado que es la única que no ha rechazado la última oferta. DKV ha pedido un «contrato-puente» hasta solventar la situación del concurso de Muface, como si de una prórroga se tratara trasladando así la pelota al tejado del Gobierno.
LAS ASEGURADORAS DESATENDIERON A BENEFICIARIOS DESDE EL 1 DE ENERO
La misiva de CSIF, firmada por su presidente, Miguel Borra, a la que ha tenido acceso este diario, señala que tras la finalización de la última licitación, que expiró el pasado 31 de diciembre, las aseguradoras dejaron sin aplicar sus servicios a los mutualistas, muchos de ellos ya jubilados y sin acceso a un seguro privado por su edad.
En el contrato, se establece que si «la entidad no suscribiera con Muface un nuevo concierto para el año 2025, continuará obligada por el contenido del presente Concierto hasta el treinta y uno de enero de 2025, para el colectivo que tenga adscrito a treinta y uno de diciembre de 2024».
CSIF SE RESERVA EL DERECHO A EMPRENDER ACCIONES LEGALES
En caso de que este próximo 31 de enero «continuase prestando una asistencia en régimen de hospitalización o una asistencia por maternidad -con fecha prevista de parto para el mes de febrero-, la Entidad quedará obligada a seguir prestando la asistencia hasta el día en que se produzca el alta hospitalaria o se concluya la asistencia por maternidad, respectivamente».
«Si la necesidad de hospitalización se prolongara, la Entidad sólo asumirá su cobertura hasta finalizar el mes de marzo de 2025, fecha a partir de la cual deberá asumirla la nueva Entidad de adscripción», señala dicha cláusula.
No obstante y ante el caos generado por la falta de ofertas en la licitación del pasado mes de noviembre, Muface hizo pública una resolución tan solo dos días después de ampliar el plazo de la licitación al próximo 27 de enero y en que ordenó «la continuidad del servicio, por razones de interés general, de los servicios de aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios que opten por recibirla a través de entidades de seguro».
«Pese a lo anteriormente descrito, -prosigue la carta- a día de hoy son cientos los mutualistas o beneficiarios a los que las compañías aseguradoras, que deben prestarles la asistencia sanitaria, les están negando dicha asistencia, retrasando sin fecha consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas que previamente tenían concertadas e incluso cancelándolas, lo que está ocasionando un daño irreparable a los afectados y consecuencias afectar a su salud».
Acto seguido, Borra hace referencia a la Constitución Española para hacer prevalecer su derecho a «protección de la salud, decretando que serán los poderes públicos los que deben organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».
También insiste que desde el año 2000 se regula «la asistencia sanitaria a todos los mutualistas incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen especial y jubilados mutualistas, así como a los beneficiarios de ambos, estableciendo que dicha prestación debe garantizarse por Muface».
Por todo ello, el líder del sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y miembro del Consejo General de Muface ha instado a la mutua a activar «de manera inmediata los mecanismos que sean necesarios para poner fin a esta situación de desamparo de los mutualistas y beneficiarios».
En este sentido, ha exigido la garantía de su derecho a la prestación sanitaria, todo ello sin perjuicio de que desde nuestra organización sindical se emprendan las acciones legales oportunas sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas como consecuencia de la desatención por parte de las compañías aseguradoras así como en aquellos casos que Muface no garantice la prestación asistencial a los afectados.
LA OTRA QUEJA DIRECTA A LAS ASEGURADORAS DE MUFACE
No es la única carta de queja que envían desde los sindicatos de los funcionarios a las aseguradoras en Muface por cortar el servicio a los mutualistas, pese a que no tienen ya derecho al mismo al haber expirado el contrato. Pese a ello, los sindicatos han iniciado reclamaciones por «denegación de prestación de servicios a la entidad aseguradora concertada por Muface». En este sentido, se identifican con el número de afiliación, nombre y apellidos, teléfono, domicilio y otros datos personales.
En la misma se indica la incidencia, como la cita médica para la prestación del servicio médico correspondiente junto con la especialidad de la misma. «La respuesta a dicha petición fue negar la prestación del servicio solicitado. Ante lo cual manifiesta su más enérgica queja».
«Que como quiera que, a día de hoy continúa vigente el Concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024, publicado mediante la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica dicho concierto y, por lo tanto, continua vigente la obligación de la prestación de los servicios a los asegurados beneficiarios de dicho aseguramiento y dada la gravedad que supone la falta de asistencia en materia de salud», afirma el escrito que envían los afectados a las aseguradoras de Muface correspondientes.
En este sentido, piden la adopción de «medidas oportunas para restablecer inmediatamente la prestación de los servicios de acceso a la asistencia sanitaria con la normalidad que hasta la fecha indicada se habían venido prestando, al estar vigente el referido concierto, sin que exista causa justificada para la denegación de la solicitud del servicio/s sanitario solicitado/s».
En caso contrario, los funcionarios que han rellenado esta queja tipo se reservan «el derecho de ejercer las acciones legales civiles y/o penales procedentes en defensa de su legítimo derecho y para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados».
Así las cosas, los funcionarios esperan con preocupación e impaciencia una solución ante el posible fin de Muface, una colaboración público-privada que beneficia a cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. Por el momento, todo se resolvería en cuestión de diez días siempre y cuando el Ejecutivo acepte una mejora o bien las aseguradoras hayan preparado sus propios planes de contingencia para poder acudir finalmente a la licitación.
