El Supremo defiende a la UCO en el auto donde cita como imputado a García Ortiz

El juez Ángel Luis Hurtado, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictaba un auto el 13 de enero por el que llamaba a declarar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al apreciar indicios suficientes de su presunta participación en la comisión del delito de revelación de secretos «o informaciones relativas a otro ciudadano». Pero el magistrado también aprovechaba el auto para, en la exposición de los fundamentos de derecho, salir a echar un capote a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras la tibia opinión expresada por el ministro del Interior, Grande-Marlaska, sobre el oficio remitido con los whatsapps entre el fiscal general y otros dos imputados y los propios recursos presentados por García Ortiz.

Entre esos fundamentos de derecho el Supremo dice en relación a los documentos de la UCO que «esos informes aportan una información de peso y que, en el momento procesal en que nos encontramos, no podemos ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del M.F. (ministerio fiscal) en otras causas, en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias, como no podía ser de otra manera, en la medida que está integrado por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente (…)».

El auto continúa explicando que de las diligencias realizadas «se viene a apuntalar la presunta participación de María Pilar Rodríguez Fernández (fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid) y de Álvaro García Ortiz (Fiscal General del Estado) en los hechos delictivos objeto de la presente causa (…) hay base indiciaria para abrir la investigación, como presumible partícipe en ellos de, al menos, una persona más, como es el fiscal Diego Villafañe Díez, (teniente fiscal de la Secretaría Técnica), pues los tres, de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones relativas a otro ciudadano (Alberto González, pareja de Díaz Ayuso), de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados (…)».

El auto termina citando a García Ortiz para que declare el 29 de enero a las 10, a Pilar Rodríguez a la misma hora el día 30 de enero y el 5 de febrero de Diego Villafañe también a las 10 de la mañana.

RENOVACIÓN DE GARCÍA ORTIZ

Con estos antecedentes el Tribunal Supremo tendrá que estudiar si anula la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero, un día antes de que declare como investigado.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberarán ese día sobre el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2022, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.

La APIF defiende que García Ortiz «no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, según indicó en febrero del pasado año en una nota de prensa.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández González
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández González

La asociación menciona la anulación de nombramientos de Fiscales de Sala por desviación de poder, como en el caso de Dolores Delgado García, su antecesora en el cargo. También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.

La APIF recuerda además que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, para la APIF, «si bien podría haber concurrido» en García Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento».

La asociación de fiscales subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que «no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo». Y apunta que coincide con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considerándolo no idóneo para el cargo.