Este jueves declaran en el Tribunal Supremo dos testigos de cargo contra el Fiscal General del Estado, por la filtración de la investigación de Hacienda contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En concreto serán el fiscal especializado en delitos fiscales Julián Salto y la fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra. Ambos están subordinados al mandato del Fiscal General del Estado (FGE) Álvaro García Ortiz.
Ambos tendrán que relatar las conversaciones mantenidas el 13 de marzo de 2024 entre ellos y con los tres imputados por revelación de secretos, Pilar Rodríguez, jefa de la fiscalía provincial de Madrid, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez y el propio Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Tras ese intercambio de mensajes al día siguiente se filtró el acuerdo entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador para que éste reconociese el delito fiscal y pagase una multa a Hacienda.
En realidad todo comenzó el 8 de marzo de 2024 tras el intercambio de mensajes entre Diego Villafañe y Pilar Rodríguez sobre la propuesta de archivo de una denuncia contra González Amador.
Según las conversaciones intervenidas por la UCO de Guardia Civil, ese mismo día a las 16.13 horas «vuelve a establecerse contacto vía Whatsapp con la Fiscalía General a través del teniente fiscal, Diego Villafañe. Es este último quien le escribe para agradecerle que le hayan enviado nuevamente la documentación que solicitaba en los whatsapp mencionados anteriormente (el expediente escaneado de González Amador), sobre la denuncia a Alberto González Amador y para hablar de otros temas ajenos a la investigación».
Esa denuncia es la que «será filtrada a la Prensa por parte de la Fiscalía General del Estado siendo publicada la información el día 12.3.2024, es decir, tan solo 4 días después de haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid», relató la UCO en su informe para el Supremo.
El día 12 de marzo a las 6.01 horas se publicaba la noticia realizada por la Fiscalía Provincial y el informe de la Agencia Tributaria contra González Amador. La noticia incluía «fragmentos de la denuncia de la Fiscalía (…) también fragmentos de dos informes emitidos por AEAT, presentes en la documentación facilitada el 8 de marzo de 2024 por la Fiscalía Provincial de Madrid a la cuenta de un correo de Diego Villafañe».
La UCO destaca que las horas de publicación son de interés pues el 12 de marzo el fiscal Julián Salto enviaba copia de la denuncia al abogado de González Amador a las 9.23 horas. Es decir, «la prensa disponía del contenido de la denuncia contra Alberto González Amador antes que el propio interesado».
A las 7.45 horas el responsable de Prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, enviaba un mensaje a la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, con lo publicado en Prensa y con la frase «socorro, esto es nuestro?».
A las 12.38 entra en el juego Almudena Lastra, la Fiscal Superior, que envía un mensaje a Pilar Rodríguez con un tuit de Isabel Díaz Ayuso mencionándola. Segundos más tarde es el propio Álvaro García Ortiz quien escribía a Rodríguez por el mismo motivo.
Por la tarde, el responsable de Prensa de la Fiscalía, Íñigo Corral, volvía a escribir a Pilar Rodríguez, para pedirle permiso para contestar a una pregunta «que ha recibido sobre la denuncia de la pareja de la Presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso. La respuesta de la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, es negativa», apuntaba la UCO.
El día 13 de marzo a las 8.34 la UCO encontró una conversación entre Pilar Rodríguez y Ana García León, fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, donde la primera le dice a la segunda que «el jueves (7.3.2024) ella le remitió todo a Diego (se trataría de Diego Villafañe) y que se le ha dado publicidad por parte de la Fiscalía General del Estado». El informe y la denuncia de la AEAT constaban de 263 hojas y fue recibido por la FGE el viernes 8 de marzo de 2024, según la investigación de la UCO.
Ese día fue largo en comunicaciones y a las 21.07 horas, «la fiscal jefe provincial recibe llamada desde el corporativo de la fiscal superior, Almudena Lastra, produciéndose dos comunicaciones consecutivas posiblemente porque se corta la primera llamada, teniendo una duración total de 00.06.49. A partir de ese momento se producen múltiples comunicaciones entre varios de los miembros de los diferentes escalones ante la Fiscalía, tanto de la Provincial, como de la Superior, como de la Fiscalía General del Estado».
A las 21.10 interviene el propio FGE, Álvaro García Ortiz, «envía un Whatsapp a Pilar Rodríguez para que ésta le llame en cuanto pueda. Como no recibe una rápida respuesta, 3 minutos más tarde el propio Fiscal General del Estado trata de comunicarse con ella a través de una llamada de Whatsapp, sin éxito».
Para la UCO, «la llamada de la Fiscal Superior, Almudena Lastra a las 21.07 y la insistencia del Fiscal General del Estado en comunicarse con la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, mientras se está produciendo la comunicación entre las 2 fiscales, junto a los hechos que se producirán seguidamente, indica la concurrencia de algún hecho que afecta a todos».
A las 21.29 horas la edición digital del diario El Mundo «publica una noticia en la cual se habla del ofrecimiento por parte de la Fiscalía a «la pareja de Ayuso» de un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso» y a las 21.34 «la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, recibe llamada del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, (…) se infiere por la cercanía temporal de esta llamada con la publicación de la noticia (…) y la siguiente comunicación realizada por la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial, que ésta podría ser la causa de esa comunicación».
LLAMADA A JULIÁN SALTO
A partir de ese momento es cuando entra el juego otro de los testigos, Julián Salto, cuando «la fiscal jefe provincial se comunica con el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, en dos ocasiones consecutivas: la primera a las 21.39, con una duración de 00.04.09, tras la finalización de esta primera y pasados 4 minutos se produce la segunda, con una duración de 00.01.12. Por la sucesión de hechos que se producen a continuación se colige que esta llamada tiene como motivación que el Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, facilite los correos cruzados con el abogado de González Amador».
A las 21.54 de ese mismo día, la UCO, confirma que «se produce un intercambio de mensajes vía Whatsapp entre la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, y el Fiscal General del Estado en los cuales la primera pregunta a qué correo le remite los mails del Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, con el abogado de Alberto González Amador, recibiendo indicaciones para que se los envíe a una dirección personal con dominio Gmail.com».
Esos dos correos remitidos por Salto a sus dos jefas, Fiscal Superior y la Fiscal Provincial, «y que ésta última reenvía al Fiscal General del Estado, son recibidos por éste a las 21.59 horas 22.01 horas, respectivamente».
En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Salto ya dijo que tanto Lastra como Pilar Rodríguez le llamaron el 13 de marzo para preguntar por esa denuncia en concreto. Salto consideró legal y normal la llamada de sus superiores y que pedir la documentación entraba dentro de la normalidad.
Ahora el instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, quiere saber qué ocurrió esa noche del 13 de marzo, antes de que a las 10.20 horas la Fiscalía publicara la nota de prensa en la que contaba ese cruce de correos entre la defensa de González Amador y Julián Salto.
En el informe de la UCO se recoge que Salto y Almudena Lastra, los dos testigos, mantuvieron varias conversaciones esa noche, con dos motivos principales, uno remitir la cadena de mails a la FGE y otro la publicación de la nota de prensa al día siguiente.
TESTIMONIO CONTRA GARCÍA ORTIZ
Precisamente su testimonio puede convertirse en importante para demostrar la intervención de la Fiscalía General del Estado en la difusión de esos correos para su publicación, lo que provocó la querella de Alberto González Amador.
Toda la instrucción ha terminado, de momento, con que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado haya acordado citar como investigados, en la causa que sigue por delito de revelación de secretos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El instructor toma la decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por cuanto entiende, con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que, de manera coordinada con los otros dos investigados, García Ortiz y Rodríguez, se podrían «haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal)».
El fiscal general es citado para el día 29 de enero, la fiscal provincial de Madrid, para el 30 de enero, y para el 5 de febrero, el fiscal Diego Villafañe, todos en concepto de investigados.
