El Tribunal Constitucional (TC) abordará la próxima semana la recusación formulada por la Fiscalía contra el magistrado José María Macías –enmarcado en el bloque conservador del TC– para excluirle de las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de la amnistía, en base a una ponencia que recomienda apartarle y que cuenta con el apoyo mayoritario, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.
La Fiscalía, en un escrito firmado por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recusó a Macías alegando que cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció hasta dos veces en textos con «valor institucional» sobre la ley de amnistía, lo que le contaminaría para participar ahora en las deliberaciones del TC sobre la norma jurídica.
Las fuentes consultadas avanzan que lo más probable es que se estime la recusación realizada por la Fiscalía y el magistrado quede apartado. A ello añaden que, aunque la recusación se refiere únicamente a la cuestión de inconstitucionalidad del TS, la decisión adoptada se extenderá a las demás impugnaciones contra la amnistía.
Y plantean para ello varias vías. La más «fácil» –explican– sería que el propio Macías se abstuviera, si bien se estudian otras opciones como que se aplique directamente a las demás cuestiones y recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía sin necesidad de que haya recusaciones de parte contra el magistrado conservador.
Fue el pasado 3 de diciembre cuando el Pleno acordó –por 6 votos a favor y 4 en contra– abrir pieza separada para analizar la recusación contra Macías, recayendo la ponencia sobre la magistrada progresista Inmaculada Montalbán.
Cabe recordar que las recusaciones lanzadas contra Macías por la Abogacía del Estado en los recursos presentados contra la amnistía fueron rechazadas por extemporáneas.
El Pleno rechazó igualmente las recusaciones formuladas por el PP y las comunidades autónomas que gobierna contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la también magistrada progresista Laura Díez.
Así las cosas, hasta ahora el único magistrado apartado de los debates sobre la amnistía es Juan Carlos Campo, que decidió abstenerse porque siendo ministro de Justicia dijo que la amnistía era «claramente inconstitucional» en los informes a favor de indultar a los condenados por el ‘procés’.
EL FISCAL DE MENORES
Por otro lado, en el Pleno de la próxima semana los magistrados resolverán sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por el fiscal Eduardo Esteban Rincón contra las sucesivas sentencias del TS que anularon la decisión de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de nombrarle fiscal de sala coordinador de menores.
Esta admisión a trámite debía haber quedado resuelta en las salas Primera y Segunda del TC que se convocaron a principios de diciembre, pero tres magistrados de la minoría conservadora del TC solicitaron que se viera en Pleno, propiciando así que se elevara, algo que finalmente se acordó.
Con todo, los 12 magistrados estudiarán el asunto la próxima semana, en base a dos ponencias del magistrado progresista Ramón Sáez que abogan por admitirlos a trámite y que también contarían con el respaldo mayoritario del TC, según las fuentes jurídicas consultadas.
El TS anuló por primera vez la designación de Esteban Rincón como fiscal coordinador de menores en abril de 2022 al considerar que Delgado no lo había justificado suficientemente. Tras ello, la otrora jefa del Ministerio Público aportó un escrito explicando sus razones y volvió a nombrarlo, pero la Asociación de Fiscales (AF) y otro candidato, José Miguel de la Rosa, impugnaron y el TS les dio otra vez la razón en julio de ese año.
El Supremo recordó que el primer nombramiento se anuló por «falta de motivación del acto administrativo en lo específicamente atinente a la muy notable diferencia de experiencia y méritos en materia de derecho de menores» y afeó que sobre este mismo extremo la nueva motivación de Delgado «solo» decía que, «en el fondo, no es relevante». «No se ha satisfecho en absoluto lo exigido», recriminó la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
