El Tribunal Supremo (TS) ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes de los dos números del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa donde se le investiga por la presunta filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto dictado esta misma mañana, el instructor del caso, Ángel Hurtado, se dirige a la UCO «para que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números» asociados a García Ortiz. En el mismo auto, el instructor de la causa contra el fiscal general solicita a dos operadoras telefónicas que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
Además, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024.
Cabe recordar que, tras analizar el contenido del teléfono incautado al fiscal general, la UCO halló «0 mensajes» y ello a pesar de que en el informe referido al mismo análisis pero del terminal requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sí encontró intercambio de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración.
Fuentes fiscales reconocieron que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclararon que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.
EL ORIGEN DEL CASO CONTRA EL FISCAL GENERAL
Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en un diario nacional, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.
Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los ‘emails’ a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.
A ello hay que añadir que la UCO, en el informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó en un diario digital a las 6:01 del 12 de marzo.
NO CIERRA LA PUERTA A MÁS MEDIDAS
En cualquier caso, Hurtado incide en que su decisión actual «no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa». En este sentido recuerda que en resoluciones anteriores ya avisó de que, si bien las pesquisas se acotaron a entre el 8 y el 14 de marzo, el material incautado debía quedar guardado para «evitar que se perdiera» ante «una prueba que pudiera ser útil en función de lo que exigiera el avance de la instrucción».
