La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, interroga mañana 8 de enero a los autores del informe de Hacienda sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Lo hace en calidad de testigos, por lo que están obligados a responder con la verdad y a todas las partes que realicen preguntas.
La Agenda Tributaria extremeña respondía hace unos meses a la juez que instruye la investigación contra David Sánchez, David Azagra, en relación a sus bienes y sus obligaciones tributarias con la Hacienda Española, para desvelar que los autores de ese informe de Hacienda que llegó al juzgado extremeño sin firmar, son los tres cargos más altos de Hacienda a nivel regional en Extremadura.
Estos supuestos autores son la delegada especial de la Agencia Tributaria en esa comunidad autónoma, Clara Isabel Santos Diéguez, el Jefe de la Agencia a nivel regional, Emilio Hurtado Valiño y la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín. La juez decidió llamarlos a declarar como testigos el pasado 27 de noviembre para que aclaren las numerosas lagunas que presenta el informe sobre la fiscalidad de David Sánchez.
La juez instructora reclamó el 2 de septiembre de 2024 la identidad del funcionario que había hecho el informe de 31 folios sin firma digital, ni número de funcionario, que había recibido tras una petición anterior del 18 de junio de 2024 vía oficio judicial. Nadie que conozca el cuerpo de inspectores de Hacienda y su funcionamiento interno cree que ninguno de los tres haya intervenido directamente en la redacción del citado documento.
Sin embargo, extrañamente, ahora ese informe tiene tres autores, cuando lo habitual es que a requerimiento judicial ese tipo de informe tenga una sola autoría. Por ejemplo, la auditoría realizada al ministerio de Transportes de Óscar Puente sobre la compra de mascarillas, mucho más compleja, más larga, y con más número de entrevistas, sólo tiene una autora, que tiene rango de subdirectora.
Además, resulta sospechoso que dos de los funcionarios firmantes hayan sido nombrados en esos puestos por el actual gobierno socialista. La inspectora autonómica y el jefe regional fueron promocionados en 2022, mientras que la jefa de ambos, delegada especial en Extremadura, fue nombrada en julio de 2011. A ésta última, Clara Isabel Santos Diéguez iba dirigido el oficio para conocer el nombre del funcionario autor del informe. Obviamente los tres son funcionarios de carrera.
RESIDENCIA FISCAL
Cuando pidió el referido informe la juez Beatriz Biedma quería saber si David Sánchez tenía su residencia fiscal en España o en Portugal, para dar respuesta a la denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, que denunció a Sánchez entre otras cosas por delito fiscal y por tanto, si «sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz».
La juez también pidió las cinco últimas declaraciones de la renta y que la Agencia Tributaria investigase los incrementos de patrimonio y la compatibilidad de este incremento con sus ingresos.
el informe no aclara las donaciones recibidas de su padre pedro sánchez fernández
Pero el informe no recogió nada sobre el supuesto incremento patrimonial de 1,5 millones de euros de David Sánchez, mientras estaba de excedencia por paternidad en la Diputación. El documento no ve delito o dolo en el hecho de que un trabajador en un organismo oficial español, como es la Diputación de Badajoz, sea residente fiscal en Portugal, con quien España tiene firmado un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) y que por la tanto no es ilegal trabajar en nuestro país pero no residir fiscalmente en España. El informe tampoco aclara las donaciones recibidas con origen en el padre de David, Pedro Sánchez Fernández, ni cómo tributaron.
En su descargo, la Agencia Tributaria dice que el requerimiento del Juzgado no se encuadraba «ni como informe de delito fiscal, ni como auxilio judicial» y por tanto, «se tramitó como una petición de cesión de información no estructurada regulada por el convenio supra citado (7/9/10 entre el CGPJ, la Agencia Tributaria y el ministerio de Justicia)».
Por eso, «el pasado 29 de julio y de acuerdo con lo previsto en el convenio, se puso a disposición del CGPJ el expediente electrónico generado que incluía, entre otra documentación, un documento en el que se daba contestación a la petición de información», según el escrito remitido al juzgado. Pero no explica si es normal que los informes los realicen y firmen los cargos más altos de Hacienda a nivel autonómico, conjuntamente como se afirma, o si este hecho es fruto de la casualidad.
David Sánchez no realizó la Declaración de la Renta en España durante al menos los últimos cuatro ejercicios fiscales, según admite el propio informe de la Agencia Tributaria al constatar una simulación de lo que tendría que haber percibido e ingresado.
«Con la información disponible a efectos de la elaboración de este informe y, por tanto, sin haber realizado un procedimiento de comprobación o investigación, se analiza a continuación la posible existencia y cuantía de cuotas defraudadas, si las hubiese, o el importe de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, si existiesen, y si, en caso afirmativo, diesen lugar a cuotas superiores a ciento veinte mil euros, límite objetivo del tipo penal del delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal», se informó a la juez Beatriz Biedma.
Para el examen, la Agencia Tributaria comparó los importes autoliquidados en las declaraciones presentadas por «el obligado tributario y los rendimientos que, según la información que consta en las bases de datos de la Agencia Tributaria». Así, se utilizó la información de los últimos cinco ejercicios fiscales. En concreto, la renta disponible, una vez sumada la retribución y restados la retención y gastos deducibles, sumó un total de 124.285,82 entre los ejercicios 2019 y 2023.
Hacienda explicó que en 2022 se le imputó, a través de la Diputación de Badajoz, un total de 36.645,65 euros «sujetos a retención; el resto corresponde a rentas exentas imputadas
por ésta misma entidad por dietas y asignaciones para gastos de viaje -240,13 euros,
exceptuadas de gravamen conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del
Impuesto- y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por prestaciones públicas por
paternidad exentas (15.453,76 euros)».
La Agencia Tributaria también realizó los cálculos para los «rendimientos de actividades profesionales». Así, apuntó al modelo 296 en el ejercicio 2023, una declaración para conocer las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente. Se trató de un resumen anual que aportó la Diputación de Badajoz, que declaró los importes por «el subconcepto CL-19», el correspondiente a las «rentas de actividades profesionales».
Para analizar los rendimientos del capital mobiliario y dar respuesta a las cuestiones planteadas por la juez Biedma, que instruye el caso de David Sánchez, imputado por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, malversación, y un tercero en relación a fraudes y exacciones legales.
LOS RENDIMIENTOS DE DAVID SÁNCHEZ
En el modelo de rendimientos del capital mobiliario, el resumen de rentas explícitas imputadas en el modelo 193, referente a la Declaración Informativa. Así, se calcularon las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos del capital mobiliario. Además, en los ejercicios 2022 y 2023, tiene las siguientes imputaciones en el modelo 296 -Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRNR. Resumen anual-, con el subconcepto CL-01 dividendos y otras rentas.
Por rendimientos de capital inmobiliario, «según los datos declarados por el obligado tributario en el IRPF y en el IRNR, los rendimientos de capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de inmuebles (sitos en Madrid), ascienden a los siguientes importes:
CALCULÓ EL PATRIMONIO DE DAVID SÁNCHEZ SIN COMPROBACIONES
También se calcularon las pérdidas y ganancias patrimoniales de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y de derechos de suscripción, así como la donación de 240.000 euros, según constó en el modelo 651, declarado en Madrid en 2023. Todo ello, tras realizar pagos de 69.072,91 euros y retiradas de efectivo por importe de 1.870,52 euros, con una tarjeta de crédito en la que figura como autorizado y que está vinculada a una cuenta corriente titularidad de Pedro Sánchez Fernández (su padre).
«No se dispone de información referida a las disposiciones en cuestión, por lo que no es posible,
sin llevar a cabo actuaciones de comprobación, calificar la naturaleza de esas operaciones», señaló la Agencia Tributaria.
